PSOE y PP tiran la toalla sobre un pacto total sobre los municipios

El PSOE apenas ve avances y el PP proclama que los planes del Gobierno sobre los Ayuntamientos se han flexibilizado notablemente. Sí coinciden en descartar la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la norma que regirá la vida de las corporaciones locales, a través de la futura Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales que el Gobierno está a punto de llevar al Consejo de Ministros. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, del PP, alcalde de Santander, sostiene que ha habido mejoras entre el borrador que le entregó el Gobierno el mes de julio y los cambios que incluirá la futura ley.

Es seguro que el Gobierno reconsiderará su proyecto inicial de reducir en un 30% el número de concejales. Los socialistas adelantan que sí puede haber acuerdos concretos y parciales en torno a la disminución de sueldos de los alcaldes y la clarificación de competencias entre los Ayuntamientos y las comunidades autónomas. Desacuerdo absoluto en la capacidad de la Administración para arrebatar a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes la prestación de servicios –aunque no las competencias– si no cumplen es “estándar de calidad” que decida el Gobierno central.

El clima de cordialidad que se ha mantenido en la reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP no es proporcional al grado de acuerdos. La buena relación entre el presidente de la federación, Íñigo de la Serna, y el vicepresidente, el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo, facilita el diálogo franco y sin tapujos pero las posiciones de fondo están muy alejadas. Quizá tenga su parte de razón el presidente de este órgano, que defiende los intereses de todos los Ayuntamientos de España, al sentirse satisfecho por el avance habido ya que ha logrado convencer al Gobierno de que desista de algunos de sus postulados maximalistas que originaron la protesta de todos los alcaldes, también los del PP. El Ejecutivo quería recortar en un 30% el número de concejales con el argumento del ahorro económico.

Con las cuentas en la mano el presidente de la FEMP está a punto de convencer al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de que esa medida pone en riesgo la adecuada prestación de servicios a los ciudadanos, la correcta representación a los ciudadanos y sin un ahorro sustancial. "Vamos a intentar que la reducción sea la mínima e incluso ninguna”, adelantó De la Serna.

Otro motivo de satisfacción para el alcalde de Santander es la “clarificación de competencias” entre los municipios y las comunidades autónomas, ya que parte de la penuria de los Ayuntamientos procede de la prestación de servicios que les corresponden a las comunidades autónomas, que ni los ejercen ni los pagan. Habrá que ver el contenido de la ley pero De la Serna se mostró convencido de que los Ayuntamientos tendrán garantizados el pago de los servicios que presten. Algunos no los volverán a prestar como son los relacionados con la Educación y la Sanidad, según señalan fuentes de la FEMP.

Sí son avances, reconocen en el PSOE, pero no tanto como para dar un apoyo global a la ley al estar radicalmente en contra de que las diputaciones puedan hacerse cargos de los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes.

¿Con qué criterios? El Gobierno decidirá si un Ayuntamiento cumple “el estándar de calidad” adecuado, lo que el PSOE traduce en que se quitarán los servicios a los Ayuntamientos que entren en déficit. Por tanto, será “una ratio económica” la que lleve a una diputación a hacerse cargo de los servicios de un municipio “que puede estar a 150 kilómetros de esa institución, por lo que se dará esos servicios a una empresa privada que cobrará directamente a los vecinos”, prevé el socialista Abel Caballero. “Se da preponderancia a una institución del siglo XIX como es la diputación”, dice Caballero.

Tampoco se muestra del todo convencido de cómo quedarán los sueldos para los regidores. “Hay que ir a la autolimitación social y disminuir los más elevados que cobran una minoría de alcaldes”, apunta el alcalde de Vigo en nombre de los alcaldes socialistas. El máximo sería 100.000 euros para los alcaldes de ciudades de más de 500.000 habitantes: y el mínimo 30.000 para los que estén entre 1.501 y 10.000. Los regidores de pueblos menores de 1.500 habitantes no cobran salario alguno. Los socialistas expresaron en la reunión de la cúpula de la FEMP que les parece excesivo el sueldo de 100.000 euros para los alcaldes de las grandes ciudades de España. El Gobierno tiene la última palabra.