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El TC paraliza la atención a los inmigrantes sin papeles en Navarra

Navarra habilitó ayudas que cubran el coste de la asistencia de quienes no puedan pagarla

El tribunal paraliza de modo cautelar la aplicación. En cinco meses resolverá el fondo

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno central contra el decreto foral de Navarra (UPN) 117/2012, que regula el acceso a la asistencia sanitaria pública en la comunidad y que recoge las condiciones de atención a los inmigrantes en situación irregular el territorio. La admisión supone la suspensión cautelar del decreto hasta que el tribunal se pronuncie, en un máximo de cinco meses, sobre el fondo del asunto.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) cree que el Gobierno de Yolanda Barcina invadió competencias estatales cuando fijó la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes sin papeles que acrediten al menos un año de residencia en la comunidad foral, falta de recursos económicos e inexistencia de antecedentes penales.

La decisión del Gobierno navarro contestaba al Ministerio de Sanidad. Después de sacar a colectivos como los inmigrantes sin permiso de residencia de la asistencia sanitaria pública —excepto la urgente—, Sanidad creó una especie de pólizas para que los sin papeles regresaran al sistema público. Las personas menores de 65 años que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos deberán pagar 710,40 euros al año —59,20 mensuales—. Desde los 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes).

El Gobierno de Navarra anunció en agosto su "compromiso" para garantizar a los inmigrantes irregulares la atención sanitaria pública mediante una "fórmula viable y novedosa", que consistía en habilitar ayudas que cubran el coste de la asistencia de quienes acrediten no poder pagarla. Se calcula que los inmigrantes en situación irregular mayores de 18 años que podrían asumir las tasas requeridas son unos 2.000.

A mediados de diciembre, el pleno del Constitucional, avaló la atención sanitaria a los sin papeles del Gobierno vasco de Patxi López. El auto indicaba que todos los poderes públicos deben “garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud”, y esgrimía que el argumento del ahorro, en el que se basó el Gobierno para limitar la atención sanitaria, no puede prevalecer sobre el interés general de preservar la salud.

Ahora el Constitucional deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ayuda económica brindada por Navarra a los inmigrantes sin papeles. El tribunal ha acordado hoy, además, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de Navarra al objeto de que en el plazo de 20 días aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes.