Guerra abierta y denuncias cruzadas entre las víctimas de ETA en el País Vasco

Un sector acusa a Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, de asumir gastos excesivos Ella denunció a siete asociados por convocar una asamblea “ilegal

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre (centro), acompañada por Consuelo Ordóñez (izquierda) y Ana Iríbar, hermana y viuda, respectivamente, durante la ofrenda floral del pasado 22 de enero en Madrid en homenaje a Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 18 años.
La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre (centro), acompañada por Consuelo Ordóñez (izquierda) y Ana Iríbar, hermana y viuda, respectivamente, durante la ofrenda floral del pasado 22 de enero en Madrid en homenaje a Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 18 años.Kote Rodrigo (EFE)

Todos reconocen “fuertes discrepancias”, pero, en realidad, lo que se ha abierto dentro del seno de Covite, el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco —con unos 400 socios censados y un centenar que suelen acudir a las asambleas—, es más bien una guerra abierta. Hay dos sectores dentro de la junta directiva que no se dirigen la palabra salvo para lanzarse acusaciones.

En uno de los frentes de la batalla está la actual presidenta, Consuelo Ordóñez —hermana de Gregorio, el político del PP, asesinado por ETA el 23 de enero de 1995—, acompañada de Antonio Recio, Rubén Múgica, Cristián Matías y otros socios del colectivo de la asociación. En el otro lado se encuentran otros miembros del equipo coordinador como Jorge Mota —hermano del funcionario de prisiones Ángel Mota, asesinado en 1990— y Pilar Elías —viuda de Ramón Baglietto, político de UCD asesinado en 1980—. En medio de este clima de absoluta crispación se celebrará mañana la asamblea para elegir a la nueva junta directiva, a la que se presentan dos candidaturas. Una, liderada por Ordóñez. La otra, por Mota.

Este último sector acusa a Ordóñez de manejar a su antojo la asociación y asumir gastos excesivos y critica que pidiera el voto para UPyD en las pasadas elecciones vascas. Ordóñez, por su parte, asegura que algunos miembros del equipo coordinador se oponen a todo y que solo gracias a su trabajo, al de Antonio Recio y al de otros tres socios, Covite ha podido sacar ideas adelante.

El enfrentamiento llegó a su punto álgido el pasado 15 de diciembre, cuando, contra la voluntad de Ordóñez, que califica la cita de “ilegal”, se celebró en San Sebastián una asamblea extraordinaria en la que los opositores quisieron informar a los socios de las supuestas irregularidades detectadas. Ordóñez respondió presentando una denuncia por falsificación documental contra los siete miembros de la asociación que habían convocado la asamblea. Alegaba que usaron el sello de Covite sin tener derecho porque ella era la presidenta y no había convocado tal reunión.

Los críticos niegan la mayor. Dicen que Ordóñez aparece como presidenta pero solo a efectos formales. Aseguran que en una asamblea de noviembre de 2010 se decidió que no hubiera “cargos” salvo “a efectos legales”, y que son la asamblea y el equipo coordinador los que deciden. Aseguran que, por tanto, tenían todo el derecho a convocar la asamblea extraordinaria con el sello de Covite.

Según ellos, Ordóñez —que a su vez asegura ser presidenta a todos los efectos— se ha extralimitado en sus funciones embarcándose sola en proyectos importantes como la contratación de un abogado penalista experto en Derecho Internacional para conseguir que los delitos de ETA sean calificados como de lesa humanidad. El letrado ha pasado una minuta de 5.989,50 euros por, según consta en la factura, 10 escritos jurídicos a altas instituciones del Estado, la elaboración parcial de un estudio jurídico en desarrollo y un desplazamiento a San Sebastián. El letrado afirma que los escritos fueron en realidad 12, más un amplio estudio jurídico en inglés enviado a la comisaria de Interior y Justicia de la UE.

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En principio, las dos fases del proyecto podrían alcanzar los 9.000 euros la primera y los 24.000 la segunda, que consistiría en mover el asunto por instituciones europeas. Los críticos creen que un proyecto así, con el que dicen estar de acuerdo, debiera ser promovido por la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que engloba a todas las asociaciones, y no solo por ellos.

Ordóñez defiende su propuesta y, sobre todo, manifiesta que la junta aprobó esta iniciativa por mayoría. “Por cinco a votos frente a cuatro. Así consta en un acta notarial. Si decide la junta, tienen que acatar la decisión”. Esa votación incluía otro proyecto: la elaboración de un libro que analizaría 20 de los 326 atentados de ETA pendientes de resolver. Se contrataría para ello a un periodista y el libro costaría 9.075 euros, incluidos los impuestos. Los críticos lo consideran excesivo. Ordóñez, de nuevo, insiste en la votación del cinco frente a cuatro. Mota responde: “No fue así. La votación quedó cinco frente a cinco y ella se sacó de la manga el voto de calidad de la presidenta”. Ordóñez replica: “Mota pretendía votar a pesar de que había dimitido como vocal”.

Dentro de esta serie de acusaciones cruzadas hay otros puntos de fricción como el viaje a Caracas (Venezuela) de Ordóñez para entrevistarse con un preso militar que le iba a dar documentación con la que podría abrir un procedimiento judicial. “Fueron cuatro días, y fui con otra persona que me iba a facilitar los contactos con la oposición”. Los críticos insisten en que la asociación no debió pagar los gastos del acompañante y que el viaje no se autorizó previamente. Ordóñez replica que la decisión era urgente y que después dio rápidamente cuenta a la junta directiva.

La asamblea de mañana se presenta complicada. Todos lamentan que no se esté hablando de lo importante, los proyectos de cada cual, en vez de sobre la guerra interna. Pero las discrepancias han llegado a un punto tal que se han convertido en noticia. Los socios tendrán la última palabra.

Sobre la firma

Mónica Ceberio Belaza

Directora adjunta de EL PAÍS, responsable de fin de semana y de la organización de la Redacción. Especializada en temas sociales y jurídicos, contó en exclusiva los encuentros entre presos de ETA y sus víctimas. Premio Ortega y Gasset 2014 por el especial 'En la calle, una historia de desahucios'. Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas.

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