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La juez imputa a otro excargo por el espionaje de Madrid

Dos agentes apuntaban a Miguel Castaño, subdirector de Seguridad, como responsable de ordenar el supuesto espionaje

Miguel Castaño, el excargo imputado.
Miguel Castaño, el excargo imputado.GORKA LEJARCEGI

La juez del caso del espionaje político ordenado supuestamente por el Gobierno de Esperanza Aguirre a distintos dirigentes del PP, como el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; el ex vicealcalde Manuel Cobo, o el ex consejero Alfredo Prada, imputó ayer a otro ex alto cargo del departamento de la Comunidad de Madrid desde el que se efectuaron los seguimientos. Se trata de Miguel Castaño, que fue subdirector general de Seguridad y al que, dos agentes de ese departamento, José Manuel Pinto y José Oreja, también imputados en la causa, apuntaban como responsable de ordenar el supuesto espionaje. La juez ha citado a Castaño para el 5 de febrero.

La decisión de la juez, que investiga este caso desde hace casi cuatro años, se ha encontrado en los últimos meses con dos testimonios de dos imputados por el espionaje que han dado un vuelco al caso.

Esos dos testimonios, del agente autonómico José Manuel Pinto, y del guardia civil José Oreja, fichado como asesor de Seguridad, confirmaban la existencia del espionaje y responsabilizaban de los mismos a Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad fichado por Aguirre, que ya está imputado en el caso, y a su mano derecha en el departamento, Miguel Castaño.

El guardia civil José Oreja relató que Gamón y Castaño ordenaron los seguimientos a políticos, entre ellos también a dos alcaldes socialistas y a la hoy delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, del PP. Y que los dos máximos responsables de la Dirección General de Seguridad ordenaron el espionaje ilegal porque el entonces vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, tenía especial interés en conocer los movimientos de estas personas. González ha negado estas acusaciones.

La juez prosigue ahora la investigación sumando un nuevo imputado, y ya van seis, a la causa por malversación de dinero público.

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