Ecuador lleva a España a Estrasburgo por la ley hipotecaria

El Defensor del Pueblo quiere que la Unión Europea modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil Calcula que hay 15.000 ciudadanos ecuatorianos afectados por desahucios e hipotecas

La plataforma Stop Desahucios, durante una concentración en Álava.
La plataforma Stop Desahucios, durante una concentración en Álava.EFE

Ecuador ha demandado a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por su legislación en materia de ejecuciones hipotecarias. Así lo ha explicado esta mañana el Defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, en rueda de prensa. Considera que España vulnera el "derecho a la justicia" de sus nacionales afincados en España y pretende que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las autoridades ecuatorianas calculan que alrededor de 15.000 ciudadanos ecuatorianos están afectados por desahucios e hipotecas.

El Defensor del Pueblo, que ha estado acompañado por la ministra de la Secretaría Nacional del Migrante, Lorena Escudero, se ha centrado en el caso de Luis Solórzano, un ecuatoriano residente en España desde 1999 que, después de quedarse sin trabajo en 2008, se vio incapaz de hacer frente a su hipoteca. En ese momento, el banco con el que había contratado (Lloyds Bank) le impuso unos intereses de demora del 14%. "Se trataba de una vivienda de protección oficial "cuyo valor de tasación máximo legal es de 53.143 euros", ha afirmado Rivadeneira.

Solórzano contrató un préstamo por valor de 173.000 euros, un 325% mayor al valor de tasación. A este trabajador de la construcción en paro le negaron en varias ocasiones la dación en pago, es decir, que se condonara su deuda con la entrega de su casa a la entidad bancaria. Después de agotar las vías legales en España, y tras recurrir a la embajada de Ecuador, el Defensor del Pueblo decidió impulsar su demanda en instancias europeas. Espera que siente un precedente y que sirva para proteger a los ciudadanos. 

La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE ya dictaminó el pasado noviembre que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas. Se pronunció así después de que el magistrado José María Fernández Seijo planteara el caso de Mohamed Aziz, un desahuciado que pidió amparo judicial por entender que los términos del préstamo eran abusivos.

Mientras el Defensor del Pueblo de Ecuador anunciaba la demanda, Fidel Paladines, de 48 años, se revolvía inquieto en la silla. No había querido perderse la cita. Lleva "tres meses y dos días" durmiendo en la plaza del Celenque de Madrid para exigir que Bankia negocie una solución para 50 familias amenazadas de desalojo por el impago de sus hipotecas.

Paladines escuchaba atento el discurso de Rivadeneira. El Defensor del Pueblo ecuatoriano ha insistido en que el problema de la legislación española en materia hipotecaria reside en la Ley de Enjuiciamiento Civil, "que no permite que las partes expongan su situación ante el juez y expliquen las circunstancias que los han llevado al impago, sino que la ejecución se realiza de manera automática". Por ello, insta al tribunal europeo a que modifique la normativa en este aspecto. A Rivadeneira no le consta que "ningún otro país haya demandado a España ante la Unión Europea".

La embajada de Ecuador ha asesorado a unos 6.000 ciudadanos ecuatorianos residentes en España afectados por las hipotecas y los desahucios. Esta es la razón por la que Paladines y su esposa decidieron acudir a la cita. Después de que los periodistas formularan sus preguntas, él ha tomado la palabra. Con la voz entrecortada, se excusaba ante los allí presentes: "Me pongo muy nervioso". También él trabajaba en la construcción. Y también se quedó en paro. En 2006 compraron su casa y comenzaron pagando una hipoteca de algo más de 800 euros, ha explicado María Sarango, su mujer, que tiene 52 años. "En ese momento podíamos afrontarla. Nos aseguraron, aunque no por escrito, que nunca subiría de 900 euros, pero llegamos a tener que pagar hasta 1.400". Han dejado de pagar el crédito. Los 426 euros del Plan Prepara que cobra Paladines y los 250 euros del sueldo de su esposa les dan para pagar el alquiler de una habitación, donde viven la mujer y sus dos hijas, de 10 y 20 años, ambas estudiantes. Él acampa. "Menos mal que Cáritas nos ayuda", apostilla. Reclaman la dación en pago. 

Cuando Paladines ha terminado de hablar, el Defensor del Pueblo ecuatoriano le ha agradecido su intervención. "Nada más", se quejaba el matrimonio. "Hay que denunciar por la vía civil", le ha dicho el hombre a su mujer. "Esa posibilidad hay que estudiarla mucho", ha replicado ella. A pesar de sus dudas y del mal sabor de boca que ambos tenían después de la escueta respuesta de Rivadeneira, ambos se alegran de la demanda presentada ante Estrasburgo. Quizás así comiencen a arreglarse las cosas. 

Sobre la firma

Redactora de la sección de Sociedad de EL PAÍS. Cubre asuntos relacionados con servicios sociales, dependencia, infancia… Anteriormente trabajó en Internacional y en Última Hora. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cursó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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