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Urdangarin rechaza la fianza porque ni delinquió ni cobró de Valencia o Baleares

El abogado del duque de Palma dice que actualmente son "inexistentes" las relaciones entre Urdangarin y su exsocio. El fiscal había solicitado 8,1 millones por responsabilidad civil

El yerno del Rey se escuda en que no ha cobrado fondos públicos de Baleares ni de la Comunidad Valenciana y niega que haya delinquido. Iñaki Urdangarin, imputado por supuesta corrupción en el caso Nóos y bajo la sospecha de haber malversado más de seis millones de euros de los convenios que logró de la Generalitat Valencia y del Gobierno de Baleares, rechazó este martes depositar una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros que le exige la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto desvío de dinero público. El instituto Nóos, de Urdangarin y su socio Diego Torres —que afronta el pago solidario de la fianza—, consiguió la organización de cinco eventos deportivo-turísticos internacionales, entre 2003 y 2006, en los que, para la fiscalía, se embolsaron cantidades millonarias de manera ilegal.

Urdangarin abre la puerta a reconocer eventuales desavenencias económicas, que serían, “en el peor de los casos, simples irregularidades” por cuestiones administrativas, dice su letrado. En su defensa, el duque de Palma se ubica en un papel institucional de figura representativa, ajena al trabajo sobre los congresos, y carga el peso de la responsabilidad de la gestión económica de la trama sobre su socio Diego Torres.

“No hay en su actuación ningún tipo de ilicitud penal, no ha cometido delito alguno”, sostiene en sus más de 30 folios de alegaciones, más un peritaje administrativo de 60, contra la fianza que este martes presentó en el juzgado el letrado de Urdangarin, Mario Pascual. Este subraya que el duque de Palma “no ha percibido cantidad alguna de los convenios celebrados en Valencia o Palma”, sino que fue el instituto Nóos, “exclusivamente”, el beneficiario.

Urdangarin no percibe que se haya causado “ningún perjuicio” a las administraciones y, “por ende, nada se debería poder reclamar”. En la réplica jurídica a la Fiscalía Anticorrupción, su abogado toma la iniciativa, por primera vez, y pretende despejar directamente las cargas de acusación penal existentes.

En la acusación y en los miles de folios de la instrucción, Urdangarin no ve “indicio racional de criminalidad” y considera que “no existen objetivos de los que quepa inferir el supuesto ánimo fraudulento”, sostiene. A su entender, se ajustó a “la existencia de previo concierto con la Administración” y niega “cualquier otra finalidad o actividad ilegal” en su relación con los Gobiernos de Baleares y Valencia, ambas instituciones del PP.

Desde su declaración judicial de febrero de 2012, la estrategia defensiva del yerno del Rey se centró en reivindicar el buen fin de los convenios de los tres Valencia Summit y los dos Fórum Illes Balears, y en recalcar su distancia de la gestión directa y la firma de los convenios y acuerdos. Las administraciones implicadas, dice, no reclamaron porque se aportaron “ideas útiles, oportunas, y valor añadido”. Urdangarin cree que tampoco sus actuaciones han generado “daño o lesión patrimonial de ninguna clase, dado que se limitó, única y estrictamente, a cumplir lo acordado” en los contratos y convenios. Además, refuta la acusación de la fiscalía sobre el Instituto Nóos de haberse lucrado, pese a su condición filantrópica y social.

Su actuación la considera institucional, por su figura de presidente de Nóos, en la que cesó en 2006, y en la patrimonial Aizóon que comparte con la infanta Cristina. Se distancia de todas las actuaciones de su socio Torres y del equipo de colaboradores. Nadie, dice, “puede tener conocimiento de todas” las acciones y él no tenía jerarquía directa. Ignora, además, cuál era la entidad de la malla de empresas de su socio.

Mario Pascual reseña que Urdangarin, asimismo, no tiene por qué “identificarse con todas las actividades que efectúan todos y cada uno de los integrantes de las entidades en que participó: resulta inadmisible”. El yerno del Rey reconoce que él y su sociedad con la infanta (Aizóon) facturaron al Instituto Nóos y a Nóos Consultoría Estratégica, 706.932 euros en los tres años en los que participó por los actos en Valencia y Baleares, mientras que él personalmente percibió un salario de 106.850 euros. Urdangarin considera que “no parece” riguroso exigirle la misma fianza que a su socio.

El abogado cuestiona la personación como acusación del Gobierno balear. “Entra en el terreno del delírium trémens que la propia Administración que decidió la forma jurídica en que debía llevarse a cabo la colaboración propuesta por el Instituto Nóos, tenga la osadía de personarse”.

Bajo la lupa de Hacienda

La Agencia Tributaria, en paralelo a la actuación judicial del caso Nóos, somete desde noviembre de 2011 a Iñaki Urdangarin y a la sociedad Aizóon, cuya propiedad comparte con la infanta Cristina, a una “exhaustiva inspección tributaria”. El duque de Palma dice que siempre ha tenido “el convencimiento personal de haber actuado dentro de la legalidad y honorabilidad que le ha sido exigida”. Por encargo judicial, en otra vía, la Agencia Tributaria en Cataluña examina el historial fiscal de la trama de Nóos y Aizóon para verificar eventuales infracciones en las liquidaciones de la malla de sociedades y analizar la existencia de un posible delito fiscal de alguno de los administradores y accionistas.

El letrado Mario Pascual, defensor de Urdangarin, abre la puerta a una posible reparación indirecta de daños ante la Administración, si se diera el caso, al advertir al juez de la existencia de la revisión ordinaria por Hacienda de declaraciones fiscales. El abogado tan solo contempla posibles desavenencias por cuestiones administrativas y no penales, sobre IVA o impuestos de sociedades.

Si las declaraciones de impuestos de Urdangarin y de Aizóon, en las que se recogieron los ingresos de los eventos bajo sospecha, “no fueron correctos, no se ajustaron a la legalidad vigente en aquel momento (...) como no podría ser de otra manera, [se] contribuirá al pago de las eventuales cantidades adicionales que en vía administrativa resulten”.

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