El atasco de medio millón de peticiones de nacionalidad desborda a Gallardón

Un atasco burocrático impide al boliviano Nelson Yucra reunirse con su esposa, que vive en Paraguay. Este administrativo, que trabaja en una empresa de tratamiento de aguas, lleva dos años tratando de obtener la nacionalidad española, a la que tiene derecho después de una década viviendo en Madrid. Harto de esperar su pasaporte español, hace cuatro meses comenzó el proceso de reagrupación de su esposa por la vía más complicada, la empleada por los residentes en España.

Como él, centenares de miles de extranjeros esperan a que el Ministerio de Justicia resuelva la enorme acumulación de expedientes de nacionalidad, que han llegado a alcanzar el medio millón de peticiones. A unos les ha impedido reunir a sus familias, a otros obtener becas de estudios o, incluso, viajar por Europa y vivir en otros países para probar mejor fortuna.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometió el pasado 25 de octubre a dar una respuesta “antes del 31 de diciembre” y a atajar lo que él mismo calificó de “situación inadmisible” por la saturación de archivos. No lo ha logrado, pese a que en apenas seis meses su departamento consiguió cerrar casi la mitad de las peticiones (con una media de un 10% de casos denegados) y ha digitalizado la práctica totalidad de los 466.000 expedientes acumulados, que hasta entonces estaban exclusivamente en papel.

Justicia puso en marcha un plan de choque para resolver la saturación pero no ha llegado a tiempo, pese a que, tras firmar un convenio el pasado 25 de junio con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles, se han incorporado 1.000 oficinas a la revisión del papeleo. El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, calcula que en verano estarán “en condiciones de cumplir”. A partir de ahí, agrega, una vez superado el atasco, el nuevo sistema de tramitación digital permitirá que los casos futuros estén listos en un plazo de entre seis meses y un año.

Mientras tanto, miles de familias lidian con los efectos negativos de la burocracia que se demora. Y se arman de paciencia. “El trámite de la nacionalidad lo inicié en 2008, pero no me dieron cita hasta 2009 y el expediente no se entregó hasta 2010”, explica Nelson Yucra. Lo último que ha sabido, el pasado 16 de julio, es que su petición está pendiente de “informes internos” que están bloqueados dentro de la propia Administración. “Yo ya no tengo que presentar nada”, explica.

Como él, la colombiana Gloria Ossa Quintero, que está en paro, cumplirá en mayo tres meses de espera. Al estar casada con un español, en teoría su solicitud, según le explicaron los funcionarios a los que la entregó, tenía una tramitación más ágil. “Hay una desorganización impresionante”, explica desde Valencia, donde vive. Ella está harta de consultar su expediente por vía telemática y recibir desde hace meses la misma contestación: “En estudio”. También acude con frecuencia al Registro Civil y se muestra comprensiva con los funcionarios que dan la cara en nombre de la Administración.

“Ahora me afecta porque estoy intentando reagrupar a mis hijos”, explica sobre los efectos de la espera. “La idea era que el año pasado estuvieran aquí”. Gloria está preocupada porque su hija cumple la mayoría de edad y piensa que ahora no le permitirán viajar a España.

En la familia de Leonardo Ruiz, traductor de origen peruano, con dos hijos de 18 y 19 años, solo su esposa Mónica, de nacionalidad polaca, no es aún española. Presentó la documentación en junio de 2010. Los Ruiz viven en Torredembarra (Tarragona) desde 2001, “cuando todavía había pesetas”, bromea. Él consiguió enseguida la nacionalidad, “a los dos años puntualmente”. Pero su esposa está harta de recibir el mensaje de “en estudio” cuando consulta su expediente.

Justicia halló cajas a rebosar de expedientes en unos sótanos

“En algunas informaciones hemos visto que el que tiene una casa, inmediatamente le dan la nacionalidad”, asegura Leonardo Ruiz. En realidad, este no es un requisito, pero la incertidumbre y la falta de información ha provocado que los rumores circulen con profusión. Y él, se indigna: “Nosotros tenemos casa y cumplimos: pagamos nuestros impuestos”.

Otra de las cuestiones de la que más se quejan los solicitantes de la nacionalidad es que ya no se respeta el turno por fecha de presentación de los expedientes. De ahí que haya peticiones presentadas en 2012 que ya se han resuelto, mientras aún quedan otras de años anteriores. Y eso les encrespa aún más. “Sabemos que ha habido gente de 2011 y 2012 a las que sí se le ha dado la nacionalidad”, afirma Ruiz. “Y eso nos molesta”.

La cuestión tiene fácil explicación, aunque resulte injusta. Cuando el Ministerio de Justicia puso en marcha su plan de choque utilizó los servicios de los registradores de la propiedad, pese a que no son funcionarios ni su habilitación les obliga a dominar la materia civil, para ayudar a los apenas 40 funcionarios que hasta entonces se ocupaban del papeleo. Eso permitió repartir 400 expedientes por registrador para agilizar los trámites. Pero, a la vez, se perdió el orden de entrada. “Cuando llegamos al Ministerio de Justicia en los sótanos de la calle de Jacinto Benavente [donde se ubica la Dirección General de Registros y Notariado] había varias salas llenas a rebosar de cajas apiladas de expedientes”, explica el subsecretario de Justicia.

El Ministerio de Justicia se ha encontrado con que cada año se registraban unos 150.000 expedientes y que solo tenía la capacidad de resolver 120.000. Eso suponía una bolsa de peticiones en espera que se iba hinchando cada año. La entrada masiva de inmigrantes entre 2007 y 2008 disparó las peticiones, de forma que, en 2011 aún había centenares de miles de carpetas de años anteriores en tramitación, la mayoría de ciudadanos de origen latinoamericano (sobre todo de Ecuador, Colombia y Perú), aunque también de Marruecos. Y la cosa iba a más.

El colapso del servicio

Justicia desarrolló su plan de choque y, junto al convenio con los registradores, diseñó una plataforma informática que permitía centralizar el proceso, para que la documentación pudiera consultarse en un mismo lugar y, además, para que los trámites que se realizan en distintas áreas de la Administración central pudieran llegar a un único soporte: trabajan conectados a 17 centros (Policía, Guardia Civil, Registro Civil, consulados, etcétera).

Eso abarcaba también la digitalización de los expedientes. Durante dos meses, camiones custodiados por el Cuerpo Nacional de Policía trasladaron las cajas acumuladas de la Dirección General al Colegio de Registradores, donde se volcaron en el soporte telemático. En la actualidad 400.000 de los 466.000 expedientes presentados, están ya subidos a la plataforma en diferentes fases de tramitación.

Las más de 40.000 peticiones anteriores a 2010 no se incorporaron a este sistema, sino que han sido directamente los funcionarios quienes las han tramitado, por su complejidad: había dificultades para su tramitación porque, explican en Justicia, se habían requerido documentos y no se habían aportado pese a la reiterada petición o porque no se ha encontrado al solicitante al haber cambiado de domicilio. Tenían incluso casos de 2004 y 2006. A fecha de hoy, se han autorizado 34.000 de estas solicitudes, se han desestimado 6.500 y otras 1.300 se han archivado.

Del resto de peticiones, en estos momentos hay 258.000 en manos de los registradores, en proceso de verificación; de ellas, 175.000 tienen la documentación en regla, aunque no hay decisión aún. Juan Bravo explica que a los registradores no se les ha trasladado la competencia de la nacionalidad, sino que se limitan a comprobar que está toda la documentación. Después, el expediente pasa al director general, que es el que resuelve formalmente la petición y la firma. Este tiene pendientes a día de hoy 103.000 casos para resolver y ha enviado peticiones a otros 11.000 solicitantes para que presenten documentación adicional.

Además, la Dirección General ha firmado otros 96.000 expedientes, que se han notificado a los Registros Civiles de toda España. Estos son los encargados de comunicar al solicitante que dispone de 180 días para jurar o prometer acatar la Constitución y al Rey.

El subsecretario de Justicia confía en que en los próximos meses se agilice el proceso y en verano se haya finalizado con el atasco. “A partir de ahí, lo previsible es que el ritmo de entrada empiece a caer”, confía. Solo entonces finalizarán los problemas de miles de solicitantes, convertidos ya en españoles de pleno derecho.