La guerra de Afganistán ha costado 100 muertos y 3.500 millones a España

En agosto de 2010, con los cuerpos aún calientes de dos guardias civiles y un intérprete, el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, emplazaba a Zapatero. “Los españoles tienen derecho a saber lo que pasa en Afganistán. Le pedimos que diga la verdad, que reconozca que no estamos en situación humanitaria sino en un conflicto bélico”.

Cuando el pasado 22 de diciembre, Rajoy visitó por primera vez Afganistán, ya como presidente del Gobierno, se mostró bastante más cauto. Dijo que los soldados españoles operan en “un entorno de riesgo fuera de lo normal”; como si se refiriera a una operación de tráfico o a un deporte de aventura.

Más claro ha sido el ministro de Defensa, Pedro Morenés, quien ha reconocido que “en ninguna coyuntura es más necesario [ser] realista y prudente que al valorar el posible fin de una situación de guerra”. Guerra, palabra maldita que ha servido, en su caso, para rehuir cualquier compromiso sobre el calendario de retirada, pese a que estudia “adelantar los plazos e incrementar en lo posible la fluidez del retorno de nuestras tropas”.

La cuenta atrás del repliegue ya ha comenzado. Tras el último relevo, el contingente se ha reducido de 1.521 a 1.406 efectivos, un 10% menos; y, desde noviembre pasado, la responsabilidad de la seguridad en la provincia de Badghis ha pasado a manos de las autoridades locales. Lo que se discute no es la fecha de retirada, 31 de diciembre de 2014 como tope, sino el ritmo. Si es posible salir más rápido. Porque el trabajo ya está hecho. O porque es imposible acabarlo.

Con el año nuevo las tropas españolas han desmontado la base de patrullas que protegía las obras de la ruta Lithium, que une el sur con el norte de la provincia de Badghis. La suspensión se ha atribuido a las razones meteorológicas, pero cuando vuelva el buen tiempo, ya no habrá soldados españoles para dar seguridad. Entre enero y abril se evacuarán las dos bases de combate de Ludina y Moqur y, antes de otoño, toda la provincia de Badghis; unos 1.000 militares en total.

Ni la Ring Road, la carretera de circunvalación de Afganistán, ni la ruta Lithium, su alternativa en Badghis, están acabadas, pero ya no hay tiempo ni dinero.

Afganistán, que figuraba como país prioritario en el Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, ya no aparece en el plan 2013-2016. La Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) tiene previsto entregar antes de abril a las autoridades afganas los proyectos acometidos en la provincia de Badghis; entre ellos, un parque de maquinaria, un hospital, un centro de capacitación agraria y otro de formación de profesores. La abrupta suspensión de la ayuda española alarmó a Morenés, quien pidió que se mantenga al menos hasta que se complete la salida de las tropas. El secretario de Estado de Cooperación, Jesús Gracia, ha admitido mantener “ciertos programas”, pero no ha concretado cuáles.

En seis años, España ha dedicado 460 millones al desarrollo de Afganistán, 200 de ellos a través de la AECID. Pero el gasto en cooperación ha sido ínfimo comparado con el militar: 5,3 millones frente a 442,6 en 2012.

La factura de la guerra de Afganistán suma 2.933 millones desde enero de 2002, casi 3.500 si se añade la ayuda civil a la militar: el equivalente a 73,5 euros por cada español. Y lo peor; 100 soldados y un intérprete han perdido la vida y otros 80 han resultado heridos graves. ¿Ha valido la pena tan alto coste?

Frente a las críticas, Morenés defiende la intervención. “Yo no creo que Afganistán sea un fracaso. A lo mejor no es el éxito total, pero la situación está mejor que hace doce años y yo no sé cuál es la definición de éxito total”.