“El Consejo será como una dirección general del ministerio”

Las asociaciones de jueces interpretan el anteproyecto de ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aprobado este viernes en Consejo de Ministros, como un “ataque frontal a la independencia judicial” y a la Constitución, en cuanto a que debilita al órgano de gobierno de los jueces porque le resta competencias. “El Consejo acabará convirtiéndose en una dirección general del Ministerio de Justicia”, critica la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria con 1.400 asociados. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, insistió en la presentación de la norma en que las asociaciones no representan a toda la carrera judicial, porque casi la mitad de los magistrados no están afiliados. A pesar de ello, sí han demostrado ser capaces de movilizar a gran parte de la judicatura, como ha ocurrido con la Ley de Tasas. Y para ellos esta reforma es casus belli: “La carrera judicial va a plantar batalla contra la ley”, avisan.

Las asociaciones perderán influencia en el nuevo Consejo tras la reforma, ya que se pretende que cinco de los 12 vocales que son jueces no estén asociados (en la actualidad no hay ninguno no afiliado). Pero su oposición no radica en el nuevo sistema de elección de vocales. A la progresista Jueces para la Democracia (con unos 600 socios), de hecho, le parece “válido para empezar a reflexionar”, según su presidente, Joaquim Bosch, que también es proclive a que se reduzcan los avales que necesiten los jueces para presentarse (de 100 a 25). La APM entiende, sin embargo, que el único sistema válido es el anterior a 1985, cuando eran los jueces de carrera los que elegían directamente a los 12 miembros del Poder Judicial.

El problema fundamental que les plantea la norma es la supresión de la potestad reglamentaria de la que hasta ahora gozaba el Consejo, referida al estatuto de los magistrados (que le permitía regular sus jornadas o carga de trabajo). “El órgano de gobierno queda así con funciones domésticas, como una sucursal del ministerio”, critica José Luis González Armengol, de Francisco de Vitoria. El vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez, abogado y catedrático de Derecho Penal, cree que protestan porque esa competencia permitía que el cuerpo judicial “se autoprotegiera no en favor del servicio público, sino para mantener o mejorar sus muy privilegiadas condiciones de trabajo”. Gómez Benítez, que destapó el uso de dinero público para viajes privados del anterior presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar, ve “muy positivo” que solo cinco vocales de los 20 (más el presidente) vayan a cobrar sueldo. “Sobran vocales y somos muy caros”, zanja.

Pero la crítica a la pérdida de competencias no es exclusiva de las organizaciones de jueces. Pedro Viguer, juez decano de Valencia, que no pertenece a ninguna asociación, opina: “Que la potestad reglametaria quede en manos del poder Ejecutivo me parece una injerencia inaceptable”. Y concluye: “No es tiempo de vaciar de funciones el Consejo, es tiempo de un Poder Judicial independiente y reforzado”.