Los juristas recuerdan que la consulta desborda el marco constitucional

Los padres de la Constitución no imaginaron en 1978 que, pese a sus esfuerzos, 34 años después se podría llegar a esta situación: que una parte (Cataluña) se planteara separarse del todo (España). La Carta Magna consagra la indisolubilidad de España en su artículo número 2 y hace casi imposible la reforma de su articulado a no ser que se quiera seguir este alambicado itinerario: la aprobación por 2/3 de los votos en el Congreso y el Senado; la disolución de las Cámaras; la ratificación del acuerdo por los nuevos parlamentarios y la convocatoria después de un referéndum que avale el proceso. Una consulta como la que han pactado el presidente Artur Mas, y Oriol Junqueras, líder de ERC, no cabe en el marco constitucional.

“Este es un problema de naturaleza política y no jurídica. No cabe un referéndum de ese tipo en la Constitución. No se hizo en su día esa pregunta y habrá que inventarse la respuesta. Y una reforma es tan complicada que es casi ciencia ficción”, reflexiona Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. A su juicio, la Constitución se ha convertido para Cataluña en un edificio “inhabitable” tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto —“Una barbaridad porque el Constitucional actuó como una tercera Cámara corrigiendo una decisión amparada en las urnas", siempre ha sostenido— y el proceso derivado de la manifestación de la Diada.

Y ahora se abre un escenario lleno de incógnitas y certezas: la maquinaria legal del Estado, dice Pérez Royo, intentará frenar el referéndum con un recurso ante el alto tribunal. Pero él afirma que los cambios de régimen o revoluciones nacen al albur de una nueva legitimidad (en este caso, la del Parlamento catalán, que aprobará la Ley de Consultas) que aspira a derrocar la legalidad vigente (la del ordenamiento del Estado). “Las posiciones se han enconado y es una situación envenenada. Estaríamos hablando de un proceso constituyente para Cataluña, pero también para España”, apunta Pérez Royo. Y recalca: “Cataluña tiene fuertes lazos con España. No es equiparable al caso de Escocia. No la veo como Estado independiente”.

El problema es de una profundidad mayúscula porque 87 de los 135 diputados de la Cámara catalana apoyan la consulta. Y eso descontando ya de esa suma a los 20 del Partit dels Socialistes (PSC), que apuestan por organizarla siempre y cuando se ajuste a la legalidad previa reforma constitucional. Salvo el PP y Ciutadans (30 diputados), el resto de parlamentarios respaldan que no hay mayor legitimidad que la de las urnas catalanas.

Andrés de Blas, catedrático de Teoría del Estado de la UNED, considera, por contra, que Artur Mas ha iniciado “un camino sin sentido”. Y que este escenario solo se podría ordenar reformando el artículo 2 y el 92, que prevé que todos los españoles, para las cuestiones trascendentes, sean llamados a un referéndum. Pero el Parlamento catalán solo quiere que ejerzan ese derecho los catalanes. Y la Carta Magna no contempla que sea consultada solo una parte. El expresidente del Gobierno Felipe González defiende, por ejemplo, que él querría votar porque se siente implicado y no concibe a una España sin Cataluña. “La consulta es una decisión muy precipitada y con mala pinta”, lamenta De Blas. “La autodeterminación no puede ser fruto de una voluntad desnuda. Hay que justificarla y negociarla según el derecho constitucional. Hay que reformar la Constitución. Cualquier otra vía es ilegal”.

En las antípodas, Ferran Requejo, catedrático de Ciencia Política de la Pompeu Fabra, sostiene que es absurdo atrincherarse en la Constitución y cree que si Cataluña ha llegado a este punto ha sido tanto por la sentencia del Estatuto como por la visión centralista del Gobierno con Cataluña. “Si el fallo hubiera sido más amistoso o el Ejecutivo hubiera ofrecido el concierto y más autogobierno no estaríamos aquí”, opina, añadiendo que la tendencia siempre ha sido realizar lecturas estrechas de la Constitución. No duda de que Mariano Rajoy recurrirá la Ley de Consultas y la Generalitat buscará el amparo en la esfera internacional, acogiéndose al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que España firmó en 1976 y que contempla “el derecho de libre determinación”. “La legalidad española es muy pequeña. Y habrá que mirar más allá”, alega.