Choque frontal entre Gallardón y todos los colectivos de la justicia

Alberto Ruiz-Gallardón comparó ayer la reforma que él pretende acometer en la justicia española —que implica cambiar las condiciones de trabajo de jueces y fiscales, cobrar tasas a los ciudadanos y desviar ciertos asuntos de los juzgados a las notarías— con el fin de la mili, la instauración del moderno sistema tributario, la reconversión industrial de los años ochenta o la entrada en Europa. “Los cambios producen resistencias, siempre ha ocurrido en España”, resumió como común denominador. Así, el mismo día —el de su cumpleaños— en el que 18 organizaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, trabajadores del sector y consumidores se unían para mostrarle su oposición frontal, el ministro de Justicia los tildó de corporativistas y anunció que no piensa cambiar una coma de sus medidas, porque el objetivo es “agilizar” la administración de justicia y eso es “irrenunciable”.

El conflicto está servido: hoy hay un paro de una hora —de 12.00 a 13.00— convocado en los juzgados y, aunque Gallardón subrayó que su puerta está “abierta” para seguir hablando, las organizaciones profesionales no lo aceptan como interlocutor. Han pedido una reunión con el presidente Mariano Rajoy —que no ha respondido— y están recogiendo firmas entre los ciudadanos.

La bronca del sector judicial con su ministro comenzó hace meses por un tema estrictamente laboral: la Ley de medidas de eficiencia en la Administración de justicia, que obliga a los jueces de carrera a hacer sustituciones (despidiendo, de paso, a los interinos) y les quita días libres (aunque bastantes menos que al resto de funcionarios del Estado). Las asociaciones de jueces y fiscales admiten que ese fue el origen de la pelea, pero añaden que en su opinión las condiciones laborales no solo les afectan a ellos sino a la calidad del servicio público.

Gallardón dice que su puerta está “abierta”, pero los jueces lo rechazan

Luego llegó la ley de tasas, muy impopular, y los jueces y fiscales —a los que se sumaron, en primera línea, los abogados— tomaron la oposición a esa medida como bandera, tachándola de atentado al Estado de derecho. Además, en las últimas semanas ha habido pronunciamientos de jueces, públicos y en grupo, sobre los desahucios, la ley hipotecaria o los indultos del Gobierno, creando un clima de movilización desconocido en este sector.

Como broche a una situación inédita, representantes de todos los colectivos de la justicia —18 organizaciones de distinto color ideológico y profesional— escenificaron ayer con una rueda de prensa el frente antiGallardón. Lo sintetizó Antonio Segura, de la Plataforma Justicia para Todos: “Somos muy diferentes, son muchas las cosas que nos separan a los que estamos aquí. Pero hay un ministro de Justicia que nos ha unido”. Apiñados en una sala del Consejo General de la Abogacía, en Madrid, algunos sentados y otros de pie con el micro, jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, representantes sindicales y miembros de asociaciones de usuarios defendieron sus reivindicaciones detrás de una pancarta que rezaba: Acto público de defensa de la Administración de Justicia.

“La justicia está en descomposición por las reformas del ministerio. Hay que hablar de poder a poder: con el presidente”, dijo el juez decano de Madrid y portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol. “Su gestión la rechazamos todos los colectivos y la población. ¿Para quién gobierna el ministerio?”, preguntó Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. Ángel Dolado, del Foro Judicial Independiente, aseguró que asimilar a los jueces con el resto de funcionarios ataca a su “independencia”; lo mismo que Álvaro Martín, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura.

Así siguieron el resto de organizaciones: hablaron de “desmantelamiento de la justicia como servicio público”, de “ataque brutal sin precedentes a la ciudadanía”, de “crisis institucional”, de una falta total de diálogo por parte del ministerio y del intento de “privatizar” la justicia. “De la tutela judicial efectiva se va a pasar a la tutela judicial en efectivo”, ironizó Bosch sin sonreír. Quienes más énfasis pusieron en el asunto de las tasas, no obstante, fueron los representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios. Francisca Sauquillo dio un ejemplo: las tasas terminarán, dijo, con las demandas colectivas contra grandes empresas como las eléctricas, por el volumen de dinero que habría que desembolsar en tasas para empezar a pleitear.

El ministerio, sin embargo, sostiene que lo que ha unido a todos esos colectivos profesionales no es la “defensa de la administración de justicia” sino la de sus propios intereses. Gallardón ya lo había sugerido, pero ayer fue claro como el agua al acusar de corporativistas a jueces y fiscales. “¿Cómo no van a protestar si les hemos quitado una paga y les hemos reducido los días libres de 18 a 12?”, preguntó retóricamente durante una conferencia en el Foro ABC. No menos de cinco veces repitió lo de la paga extra, convirtiendo la batalla que las asociaciones están planteando como ciudadana en una mera protesta por dinero y privilegios. “Soy consciente de que las medidas pueden afectar a algunos colectivos, es legítimo que protesten. Pero el Gobierno en quien está pensando es en el conjunto de la sociedad”, remató. No habrá rectificación: “A mí no me hicieron ministro para estar colgado en un retrato del ministerio. Yo ante quien tengo que responder es ante mi presidente, que me pide que defienda el interés de los ciudadanos”, zanjó.

Las asociaciones acusan al ministro de “desmantelar” el servicio público

Gallardón pretende que haya “un antes y un después” de su mandato y que la administración de justicia se convierta en un “factor de competitividad” que ayude a salir de la crisis. Para eso, según él, son necesarias las tasas: para disuadir a los ciudadanos que abusan del sistema. Unas tasas, subrayó con un golpe de efecto, que le pidieron “los jueces”. El ministro leyó dos textos: uno de la reunión de jueces decanos de España de 2011 y otro de la APM, la asociación mayoritaria; ambos defendiendo las tasas (el segundo, además, proponiendo que parte de la recaudación vaya a pagar incentivos a los jueces o a un plan de pensiones). “Me lo pidieron [poner tasas], y es exactamente lo que hemos hecho”, concluyó el ministro ante la sorpresa del auditorio. En realidad, la APM nunca ha ocultado que defiende las tasas, pero rechaza la cuantía “desorbitada” de las que aprobó Gallardón.

El titular de Justicia desgranó después un rosario de datos para justificar sus medidas. Uno: el 77% de las veces que un ciudadano recurre en segunda instancia el recurso es rechazado. “¿No debe haber un mecanismo disuasorio para evitar que sea rentable prorrogar indefinidamente el proceso judicial?”, inquirió (aunque las tasas también son en primera instancia). Dos: las tasas existen en casi todos los países europeos y, de media, cubren el 30% del coste del proceso judicial; en España, el 8%. “La justicia es gratuita, pero no es gratis”, afirmó.

Ayer, la mayoría de las organizaciones pasaron de puntillas sobre la posibilidad de pedir la dimisión del ministro, y tampoco quisieron aclarar si jugarán la carta de la huelga. “No se descarta, pero no creo que sea más eficaz que esto que estamos haciendo”, dijo el presidente de los abogados, Carlos Carnicer. El último comunicado que aprobó la comisión interasociativa de conflicto de jueces y fiscales ponía como condición para no ir a la huelga que se retire la ley sobre el régimen estatutario de los jueces y que no se apruebe la reforma del CGPJ. Las tasas no figuran entre esas condiciones, aunque ayer todos aseguraron que se tendrán muy en cuenta.