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La reforma diplomática de Margallo despierta recelos en el Gobierno

El Ministerio de Exteriores quiere que el embajador dirija y coordine a todos los agregados

Miguel González

"Lo han prometido todos los ministros de Asuntos Exteriores de la democracia y no lo han logrado", reconoció José Manuel García-Margallo el pasado 22 de febrero, cuando anunció en el Congreso su proyecto estrella: la aprobación de una Ley del Servicio Exterior que "adapte al siglo XXI" la diplomacia española.

El ministro no se equivocaba al pronosticar que la tarea sería ardua. Casi todos los ministerios han puesto objeciones al borrador del anteproyecto de ley, cuya última versión se debatió la semana pasada. Entre los críticos están todos los departamentos del área económica: Economía, Industria, Agricultura, Empleo, Fomento y Hacienda.

El mayor reparo que sus compañeros de Gabinete han puesto a Margallo está en su propósito de poner las agregadurías, consejerías, oficinas y centros que los distintos ministerios tienen en el extranjero bajo la "dependencia orgánica" de Exteriores.

EL PAÍS

El proyecto parte del principio de "unidad de la acción en el exterior", bajo las directrices fijadas por el Gobierno. Se trata de evitar que las representaciones españolas en el extranjero actúen como reinos de taifas, donde el embajador no sabe lo que hace el consejero comercial y sus iniciativas pueden solaparse o neutralizarse entre sí.

En un momento en que la promoción de la Marca España y el apoyo a las exportaciones españolas se han convertido en el objetivo prioritario de la política exterior, la coordinación de las 118 embajadas bilaterales y las 11 multilaterales, dependientes de Exteriores, con las 94 oficinas comerciales, dependientes de Economía, resulta ineludible.

Para garantizarla, el anteproyecto encomienda al embajador la "dirección y coordinación" de la acción exterior del Estado en el país donde esté acreditado; lo que incluye tanto las relaciones políticas, como las culturales, económicas o comerciales.

El personal de las agregadurías, oficinas técnicas o centros culturales seguirá dependiendo "funcionalmente" de su departamento de procedencia, pero "orgánicamente" lo hará de Exteriores. Los demás ministerios temen que Margallo quiera nombrar a los agregados, lo que rechazan de plano, al tratarse de técnicos especializados.

Fuentes de Exteriores niegan que su propósito sea decidir sobre la idoneidad de los agregados y recuerdan que las embajadas ya se encargan de tramitar su acreditación ante el Estado de residencia; un procedimiento puramente formal, en el que siempre sigue las indicaciones del ministerio de origen.

En cualquier caso, según las mismas fuentes, Exteriores está dispuesto a renunciar a la "dependencia orgánica", a la vista de los reparos que este término levanta en otros departamentos.

La cuestión de fondo, alegan, no es la política de personal, sino la presupuestaria. El borrador establece que las embajadas tendrán una sección de asuntos comunes que administrará las cuentas y bienes del Estado español en el país de que se trate y gestionará todos los servicios auxiliares, como traducción, seguridad o informática.

El Congreso oirá a los embajadores

Antes de incorporarse a su puesto, los embajadores comparecerán a puerta cerrada ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para informar sobre los objetivos de su misión. Así lo dispone el anteproyecto de la ley del Servicio Exterior, que no va tan lejos como sucede en EE UU —donde los embajadores deben ser ratificados por el Senado—, pero supone un avance sin precedentes en la implicación del Parlamento en el diseño de la política exterior como política de Estado. Aunque el texto señala que los embajadores serán diplomáticos, permite al Gobierno nombrar embajadores políticos.

El anteproyecto incluye otras dos novedades que ya se están adelantando en la práctica. La incorporación de diplomáticos españoles a las delegaciones de la UE en países donde España no quiera mantener sede propia; y la integración de las oficinas de las comunidades autónomas en las embajadas.

Está previsto que Margallo firme hoy con la Alta Representante, Catherine Ashton, un acuerdo para que un diplomático español se incorpore a la representación de la UE en Yemen y lo mismo está previsto en Zimbabue cuando se venda el edificio de la embajada.

De su lado, la mayoría de las autonomías han aceptado, según Exteriores, la oferta para alojar en las sedes de las embajadas al personal de sus oficinas en el exterior. Con tres excepciones: País Vasco, Andalucía y Cataluña. Aunque esta última sí lo hará con su representación ante la Unesco, en París.

Actualmente, embajadas y oficinas comerciales funcionan como órganos administrativos independientes; cada una con sus propios vehículos, servicio de seguridad o comunicaciones. Y contratan por su cuenta al personal local. "La centralización de compras y contrataciones, donde sea posible, permitirá notables ahorros", alega Exteriores, que pone como modelo la representación ante la UE.

Otros ministerios reconocen que hay que mejorar la gestión y evitar duplicidades, pero sostienen que esta coordinación puede hacerse mejor desde Madrid.

Una de las novedades de la ley es la creación del Consejo Ejecutivo de Política Exterior, presidido por la vicepresidenta, en el que se sentarán subsecretarios y secretarios de Estado. El Consejo Ejecutivo será el órgano de trabajo del Consejo de Política Exterior, que preside Rajoy. Entre otras funciones, debatirá la apertura o cierre de embajadas o consulados y su relación de puestos trabajo, lo que a juicio de Exteriores garantizará la transparencia y coordinación.

La austeridad es la principal baza de Margallo, quien se muestra convencido de que su proyecto saldrá adelante. En un momento en que Exteriores ha invitado a las autonomías a prescindir de su red de oficinas en el extranjero e integrar a su personal en las embajadas como medida de ahorro, no parece lógico que los distintos ministerios sigan actuando cada uno a su aire.

En su comparecencia en el Congreso, Margallo parafraseó a su antecesor Francisco Fernández Ordóñez: "Fuimos capaces de pasar de una dictadura a una democracia y no logramos poner a trabajar juntos a los técnicos comerciales del Estado y a los diplomáticos". Ese es el reto.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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