Justicia pone el Registro Civil en manos de los registradores de la propiedad

El Registro Civil, que desde el siglo XIX está adscrito a la administración de justicia —con un juez al frente de cada registro— y que gestiona la inscripción de nacimientos y defunciones, matrimonios y divorcios, entre otros trámites, va a pasar a manos de los 1.000 registradores de la propiedad que hay en España, según confirmó ayer el Ministerio de Justicia. A los registradores se les encomendó ya el pasado junio la gestión de las solicitudes de nacionalidad.

Un portavoz del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón garantizó que “la gestión del Registro Civil seguirá siendo pública” y que los trámites “obligatorios” para todos los ciudadanos —básicamente la inscripción del nacimiento y de la defunción— seguirán siendo gratuitos. Pero queda en el aire si por otras gestiones como la inscripción de matrimonios, divorcios, petición de nacionalidad o cambio de apellidos el Gobierno fijará el pago de una tarifa.

La asociación Jueces por la Democracia denunció que ese cambio de gestores, recogido en un borrador de la futura Ley de Reforma Integral de los Registros, supone la “privatización” del Registro Civil, que “dejará de ser un servicio público y pasará a depender de los registradores de la propiedad y de los registradores mercantiles”. “Con esta reforma los ciudadanos van a tener que pagar aranceles por obtener un certificado de nacimiento, de defunción o sobre otros actos de estado civil”, auguró el portavoz de la asociación, Joaquim Bosch.

Los trámites “habituales”, gratis

El ministerio replicó en una nota que “los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil, como pueden ser la inscripción de nacimientos y las actas de defunción, seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos”, y que los registradores tampoco recibirán una “contraprestación económica” del Gobierno por hacer ese trabajo. Un portavoz sí admitió, sin embargo, que se está “estudiando” que cobren una tarifa por el resto de trámites que ahora realiza el Registro gratuitamente, aunque subrayó que los registradores, como los notarios, son “funcionarios públicos” (con estatus autónomo), y que los aranceles que cobran “los fija el Gobierno”.

Justicia alega además que la “desjudicialización” del Registro Civil es algo que ya figuraba en una ley aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, pero no llegó a llevarse a la práctica. “Es absurdo que un juez o un secretario judicial tenga que ocuparse de esos trámites”, argumentan desde el ministerio.