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Díaz Ferrán, acusado de evadir 50 millones tras ‘vaciar’ Viajes Marsans

El exlíder de la patronal se valió de un ‘fondo buitre’ para salvar su patrimonio del concurso de acreedores y colocar el dinero en Suiza y otros paraísos fiscales

La supuesta venta del Grupo Marsans en junio de 2010 a Possibilitum Business, una de las empresas del fondo buitre dirigido por el empresario valenciano Ángel de Cabo, no fue más que una maniobra para vaciar supuestamente la compañía de sus activos y sus propiedades. El objetivo era que sus anteriores propietarios, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, este último fallecido el pasado julio, salvaran la mayor parte de su patrimonio del concurso en el que estaba sumida la agencia de viajes dejando sin cobrar a clientes, trabajadores, proveedores y demás acreedores, según la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional. Ayer, la policía desbarató ese plan y detuvo a Díaz Ferrán en su domicilio de Madrid. Se le imputan los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales por sacar de España con ayuda de De Cabo 50 millones que colocó en cuentas en Suiza y en otros paraísos fiscales.

La Operación Crucero, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y el fiscal Daniel Campos, y ejecutada por la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía, también condujo a la detención del propio De Cabo; su secretaria, Susana Mora y uno de sus principales colaboradores, Iván Lossada, además de otros cinco empleados de este.

El grupo de De Cabo, un entramado de sociedades especializadas en liquidar y sacar dinero de empresas en quiebra, es el mismo al que la familia Ruiz Mateos vendió Nueva Rumasa. Varios de sus cargos también se encuentran implicados en el fraude de los pagarés de ese grupo empresarial que investiga el juez Pablo Ruz. Durante los registros posteriores a las detenciones, los agentes encontraron en casa del expresidente de la patronal 150.000 euros en efectivo y un kilo de oro. Otro millón de euros fue hallado en el domicilio de la secretaria de De Cabo y en el de este último los agentes encontraron otros 400.000, informa Ferrán Bono.

Agentes de la Policía Nacional, ayer en las inmediaciones del domicilio de Gerardo Díaz Ferrán, en Madrid. ampliar foto
Agentes de la Policía Nacional, ayer en las inmediaciones del domicilio de Gerardo Díaz Ferrán, en Madrid.

El sistema por el que se vació Marsans para dejar sin cobrar sus deudas a sus clientes, acreedores y trabajadores, era bastante burdo, según los investigadores. Díaz Ferrán y Pascual valoraron la venta del grupo en 600 millones, pero, en realidad, según fuentes de la Audiencia Nacional, se trataría de una operación simulada en la que De Cabo no aportó un solo euro. A partir de ese momento, los hombres de este último puestos al frente de las distintas empresas del conglomerado empezaron a extraer el dinero utilizando distintos métodos. El efectivo que pudieran tener en sus cuentas bancarias se enviaba a otras sociedades también controladas por testaferros de De Cabo o salía directamente en cheques de los que, en muchos casos, se han perdido la pista. En otros casos, los nuevos administradores vendían los bienes y activos de la compañía —a pesar de tenerlo prohibido al estar declarado el concurso— a empresas también controladas por el fondo buitre. Después, ese dinero se colocaba en distintos paraísos fiscales.

Parte de esos fondos, 4,9 millones de euros, los bloqueó el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz —el instructor de la causa de los pagarés de Nueva Rumasa— el pasado mes de julio. Se trataba de dinero supuestamente desviado desde la filial irlandesa de Marsans, Astra Worldwide International, a la sociedad Esser International. Esta última transfirió esa suma a una cuenta en Suiza cuyo titular era De Cabo. Esser International tiene el mismo domicilio social que otra de las empresas de este último, Aszienda Abogados 21, según uno de los informes policiales que obran en el sumario.

Pero el trato entre De Cabo y el expresidente de la patronal, no afectaba solo al Grupo Marsans, sino también al patrimonio personal del propio Díaz Ferrán y de su socio, Gonzalo Pascual, ambos también declarados en concurso de acreedores. Los hombres de Possibilitum se pusieron al frente de las sociedades con las que gestionaban sus bienes y empezaron a venderlos a testaferros de De Cabo, según los investigadores.

Fue así como el expresidente de Marsans trató supuestamente de sacar de España su yate Leuqar (el nombre de su esposa Raquel, al revés) mediante su exportación a una empresa de las Islas Vírgenes. El juez Eloy Velasco ordenó el pasado 5 de junio a Vigilancia Aduanera que lo mantuviera bloqueado en el puerto de Barcelona. Se trata de una embarcación de 27 metros de eslora y valorada en cinco millones de euros. Los investigadores descubrieron que estaba a nombre de uno de los hombres de Possibilitum, el grupo de De Cabo, que, a su vez, lo había traspasado a otro supuesto testaferro que debía encargarse de exportarlo a ese paraíso fiscal. Hasta ese momento, según los investigadores “era público y notorio” que Díaz Ferrán y su familia no habían dejado de utilizarlo en ningún momento.

Entre los bienes que Gonzalo Pascual intentó supuestamente salvar de la quiebra se encontraba la finca de El Sauceral, en Navahermosa (Toledo). Según declaró Ángel Sutil, uno de los excolaboradores de De Cabo en la Audiencia Nacional, Possibilitum elaboró un contrato de compraventa falso que daba la propiedad del terreno a una sociedad denominada Fulvia con sede en Barcelona. El plan era que, días antes de la subasta de la finca en un juzgado de Toledo, esa empresa se personara como legítima propietaria para evitar su venta. El único administrador de Fulvia era José Vicente Semper, un colaborador de De Cabo, según relató Sutil. Se trataba de una sociedad sin actividad real a la que se había dado una contabilidad falsa. La idea era que, una vez bloqueada la subasta de El Sauceral, Fulvia solicitara su concurso de acreedores. Y todos los acreedores de esta sociedad fantasma también eran títeres de De Cabo.

La Operación Crucero se ha puesto en marcha diez meses después de que varios proveedores de Marsans —las empresas turísticas AC Hoteles, Meliá, Pullmanutur y grupo Orizonia— pusieran una querella contra Ferrán, Pascual y De Cabo en el juzgado de Eloy Velasco el pasado febrero por un presunto delito de alzamiento de bienes al considerar que habían descapitalizado el grupo empresarial.

Semanas después de quedarse con Marsans, De Cabo cerró el negocio y despidió a sus 1.600 trabajadores. El nuevo director general, el ahora detenido Ángel Lossada, aseguró entonces que su objetivo seguía siendo reflotar el grupo en cuento la venta de activos permitiera recuperar la confianza de los proveedores y retomar la actividad. Los investigadores, sin embargo, creen que ya entonces, su único fin era vaciarla para agrandar el patrimonio de Ferrán. Y llevarse una cuantiosa comisión a cambio.

El fracaso empresarial del expresidente de la patronal CEOE

Los problemas de Gerardo Díaz-Ferrán con sus empresas comenzaron cuando todavía era presidente de la patronal CEOE y negociaba con el Gobierno una reforma laboral que, una vez aprobada, consideró excesivamente blanda. Tiene abiertas numerosas causas judiciales por la quiebra de sus empresas.

Aerolíneas Argentinas. Argentina le expropió la compañía cuando debía 800 millones de dólares, no pagaba nóminas y carecía de repuestos para los aviones. Procesado por un delito fiscal al no declarar 94 millones en el impuesto de sociedades. La fiscalía pide dos años y cuatro meses de cárcel para Díaz Ferran.

Air Comet. No pagó a 650 trabajadores; dejó 160 millones de euros en deudas y a 5.000 pasajeros sin poder volar. El juez decretó un embargo preventivo por 37,5 millones de euros.

Seguros Mercurio. Con 39.700 vehículos asegurados, el Gobierno decidió disolver la aseguradora por falta de liquidez. Un juez le declaró culpable de la quiebra, le inhabilitó por 15 años y le condenó a pagar 12,5 millones.

Viajes Marsans. Suspendió pagos y trasladó el negocio a Ángel de Cabo con unas deudas de 600 millones de euros. Está imputado en este caso por apropiación indebida de cuatro millones de euros correspondientes a reservas de viajes.

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