Indultado el kurdo condenado a tres años por lanzar un zapato a Erdogan

El Consejo de Ministros otorgó ayer el indulto a Hokman Joma, el ciudadano kurdo que arrojó en febrero de 2010 un zapato al primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la visita que realizó este a Sevilla. Esta nueva conmutación de pena se produce en plena polémica por otros indultos acordados recientemente por el Ejecutivo. En concreto, el concedido a cuatro mossos d’Esquadra condenados por torturas a una detenida, medida que ha desatado una polvareda y que ha llevado a 200 jueces de toda España a firmar un escrito de protesta.

La decisión del Ejecutivo afecta a la pena privativa de libertad (Joma fue condenado a tres años de prisión) y tiene como condición que no vuelva a cometer un delito doloso en un plazo de tres años, según informó ayer el Ministerio de Justicia.

El indulto le llega a Joma cuando ya se encontraba disfrutando de la libertad (salió de prisión el pasado 2 de noviembre), después de que un juez decretase la suspensión de su pena carcelaria. Llevaba cumplidos en la prisión de Sevilla I dos tercios de su condena, y había pedido que se le suavizase la pena.

Según el Ministerio de Justicia, para el indulto a Joma el Ejecutivo ha tenido en cuenta los informes favorables emitidos tanto por el tribunal que le condenó como por el centro penitenciario de Sevilla en el que purgaba su pena.

Por otro lado, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, rechazó ayer las críticas de 200 jueces al indulto concedido por el Gobierno a los citados mossos d’Esquadra. Moliner señaló, respecto al manifiesto suscrito por los 200 jueces, que “no está permitido” que estos entren a criticar públicamente actos del Gobierno. “No me parece bien y no sé hasta qué punto puede tener mayor trascendencia un hecho que deriva de la libertad de actuación”, dijo Moliner.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también terció ayer en la polémica y avaló las manifestaciones hechas el jueves por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el sentido de que la concesión de indultos es una prerrogativa del Ejecutivo. Santamaría declaró que la única misión del Poder Judicial es controlar que la concesión de indultos se ajuste a los trámites reglamentarios, como sucede.