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El Poder Judicial encarga un informe sobre el impacto de la ley de tasas

La portavoz advierte del efecto que las cuantías pueden tener entre determinados colectivos

Gabriela Bravo, en un acto en Bilbao el pasado 13 de noviembre.
Gabriela Bravo, en un acto en Bilbao el pasado 13 de noviembre. EFE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado esta mañana, con 19 votos a favor, uno en contra y una abstención, instar a su servicio de inspección y estadística a que efectúe un seguimiento sobre el impacto de la Ley de Tasas tanto en la ciudadanía como en los juzgados. La portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, ha señalado que el Consejo ya emitió en mayo pasado un informe en que mostró “su preocupación” sobre algunos aspectos de la Ley de Tasas, aprobada el pasado día 21. En concretó ha apuntado al posible impacto de esta ley en determinadas capas sociales debido a las cuantías fijadas en algunos procedimientos.

El Consejo quiere ver sus efectos, consciente, como ya apuntó en el citado informe, de la “desproporción de algunas tasas”, y quiere constatar si fruto de ellas se vulnera la tutela judicial efectiva. El acuerdo plenario, con el voto en contra del vocal conservador Antonio Dorado, es fruto de un escrito presentado por el Consejo General de la Abogacía en el que se insta al Poder Judicial a plantear un recurso sobre esta ley ante el Tribunal Constitucional. La portavoz Bravo señaló que no es competencia del Poder Judicial activar ese mecanismo: “Sería una grave deslealtad”, ha señalado.

Sobre la huelga anunciada por las asociaciones de jueces y fiscales para el día 12 de diciembre y, previsiblemente también en enero, la portavoz señaló que en el año 1989 el Poder Judicial fijó su posición respecto a la huelga de jueces y ha recordado que “no existe cobertura legal en nuestro ordenamiento” que permita una medida de estas características en la judicatura.

Asimismo, y por 13 votos a favor, el pleno del Poder Judicial ha designado como magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo al profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Barcelona, Sebastián Sastre.