200 jueces firman en contra del indulto a los ‘mossos’ condenados por torturas

“La decisión del Gobierno es impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible. Por ello no podemos dejar de manifestar nuestro rechazo a un uso tan desviado de la institución del indulto y advertir que sus efectos, en términos comunicativos, son devastadores”. Más de 200 jueces de toda España, incluyendo dos del Tribunal Supremo (Perfecto Andrés Ibañez y Joaquín Gimenez) y una vocal del Consejo General del Poder Judicial (Margarita Robles) han firmado un documento para protestar por el indulto concedido el pasado viernes a cuatro miembros de los Mossos d’Esquadra condenados por torturar a un hombre al que confundieron con un atracador.

En el texto, “contra el indulto como fraude en defensa de la independencia judicial y de la dignidad”, consideran la actuación del Gobierno como una “afrenta contra el Poder Judicial” que “dinamita la división de poderes” y “un menosprecio a los miles de agentes de policía (de cualquiera de sus cuerpos) que en todo el Estado cumplen a diario con sus funciones democráticas, que no son otras que defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía”. “Reducir esas penas, además, parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial”, añaden.

“La decisión del Gobierno es impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible"

Los cuatro mossos fueron sentenciados en 2008 como autores de un delito de torturas, condena que fue confirmada (salvo en algún extremo) por el Tribunal Supremo. El pasado febrero, el Gobierno emitió un primer indulto rebajando la pena a dos años de cárcel y cambiando la de inhabilitación por la suspensión. De esta forma, se pretendía que no ingresaran en prisión (la pena suele suspenderse cuando no es superior a los dos años y no hay antecedentes) y que pudieran volver al cuerpo policial como si nada hubiera sucedido.

Pero la Audiencia Provincial de Barcelona, que no había informado favorablemente al indulto (a pesar de que el Gobierno sostiene que en estos casos siempre actúa de conformidad con la opinión del tribunal sentenciador), acordó el cumplimiento de la pena que quedaba. El Ejecutivo, entonces, y para evitar la cárcel a toda costa, aprobó el viernes un segundo indulto que sustituía la pena de prisión por la pena de multa. De esta forma, la Audiencia de Barcelona ya no podía hacer ninguna otra interpretación que supusiera días de cárcel para los cuatro condenados por torturas.

Los 200 jueces y magistrados plantean toda una serie de cuestiones sobre la razón de ser del indulto, y la obligación del Gobierno de no comportarse de forma injusta cuando lo concede (como, a su juicio, ha sucedido inequívocamente en este caso). “El indulto implica afirmar la falta de necesidad de la ejecución de la pena”, indican. “Solo se justifica cuando el cumplimiento de aquella no desempeñe finalidad preventiva, resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte desproporcionada. No existe motivo alguno para un doble indulto como el que el Gobierno ha concedido. Los hechos declarados probados son muy graves y contrarios a la dignidad humana. Conceder un indulto en estas circunstancias supone realizar un uso grosero y desviado de la institución”.

Los jueces consideran, además, que esta decisión supone que el Ejecutivo está “usurpando” el papel del Poder Judicial, “trasladando a la judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional”.

El documento hace una reflexión específica sobre la tortura, y lo que significa indultar delitos de este tipo: “Es uno de los peores actos realizables contra la dignidad de la persona. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado Español por no investigar estos hechos. El Gobierno ha dado un paso más. Cuando la justicia actúa, investiga y condena, el Gobierno indulta. Desde luego, parece difícil explicar ante ese Tribunal Europeo semejante comportamiento”. “Todas las personas, sin excepción, están sujetas a las leyes”, concluyen. “Este signo distintivo del Estado constitucional marca la diferencia con los regímenes autoritarios, donde los detentadores del poder están exentos del cumplimiento de las normas”.