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El Gobierno unifica por ley la dispersión de normas y licencias en toda España

La regulación se ultima para este viernes y afecta a todos los sectores y autonomías

Soraya Sánez de Santamaría, tras un Consejo de Ministros.
Soraya Sánez de Santamaría, tras un Consejo de Ministros.

Desde la llegada al poder de Mariano Rajoy, el programa electoral quedó prácticamente aparcado. Sin embargo, poco a poco, después de 10 meses de Gobierno, el presidente va recuperando algunas promesas. Una de ellas va lentísima y aún indefinida, la reforma de la Administración. Otra está aún preparándose, como la ley de emprendedores. Pero otra de las promesas clave, la ley de unidad de mercado, llegará si no hay imprevistos este viernes al Consejo de Ministros y se aprobará como anteproyecto de ley. Hoy está previsto que se ultime en la comisión de subsecretarios y secretarios de Estado, que cada miércoles preside la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. La norma, que aún será perfilada esta semana, contendrá según fuentes gubernamentales una serie de modificaciones claves para intentar reducir la enorme dispersión de normas y licencias que hay en España en casi todos los sectores.

La patronal lleva mucho tiempo quejándose, tanto que en junio presentó un informe en el que señalaba que esta dispersión “desincentiva e inhibe la iniciativa empresarial” y tiene un coste de unos 45.000 millones de euros para la economía española.

El asunto es muy complejo, admiten en el Ejecutivo, porque el Gobierno no puede invadir competencias autonómicas o acabaría perdiendo muchos recursos en el Tribunal Constitucional. Para evitar tensiones, se convocó una reunión sectorial en septiembre de consejeros autonómicos con el Ejecutivo. Y la acogida parece ser positiva, aunque la ley se ha desarrollado mucho desde entonces. La filosofía fundamental de la norma es la colaboración entre administraciones, por lo que el Ejecutivo confía en evitar conflictos o polémicas sensaciones de recentralización.

Las reformas se dividen en dos planos muy diferentes. Por un lado, están los bienes. Sobre estos es más fácil legislar. Ahí se desarrollará en la norma la idea de la licencia única y también la obligatoriedad de aceptar en cualquier autonomía un bien fabricado en otra sin exigir más autorizaciones. Esto es, si una empresa española fabrica algo, como un ascensor, en una comunidad, y cumple los requisitos para la fabricación que están establecidos allí, la ley implicará que esa empresa pueda vender ese producto en cualquier otra comunidad sin más trámites. Lo que vale para una tiene que valer para otra porque a todas se le supone un alto grado de control, explican en el Ejecutivo. Es la idea, ya extendida en Europa, de la libre circulación de bienes. En España sin embargo sigue habiendo muchos problemas burocráticos, y esta ley quiere corregirlos.

Con los servicios la situación es más compleja. El Estado no puede invadir competencias autonómicas, y cada autonomía tiene derecho a establecer las condiciones para prestar un servicio en su comunidad. Rajoy, en sus discursos, siempre ponía el ejemplo de las licencias de caza, y aludía al caso del exministro socialista de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que tenía licencia para cazar en una comunidad (Castilla-La Mancha) pero no para la de Andalucía (por lo que cometió una irregularidad y acabó dimitiendo). Este tipo de cuestiones son más difíciles de imponer por ley. Como sucede con los horarios comerciales, cada comunidad tiene los suyos.

Lo que hará el Ejecutivo es proponer un sistema de colaboración entre las administraciones y los interesados. Se crearán unos 20 grupos de trabajo para otros tantos sectores en los que se están dando muchos problemas de unidad de mercado con la participación de los responsables autonómicos, del Gobierno y del sector o de organizaciones colegiales, para tratar de unificar allí las legislaciones y las licencias. Así las autonomías avisarían de las reformas que tengan en marcha para intentar unificar criterios entre todas.

Se trata también de evitar la enorme saturación del Tribunal Constitucional con conflictos competenciales. El Ejecutivo confía en que el ambiente de crisis económica, que está llevando a las autonomías a pedir ayuda al Estado, facilite un nuevo clima de entendimiento entre las comunidades y se reduzca la posible polémica de una ley tan compleja.