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“El ministerio ha iniciado reformas que restringen derechos fundamentales”

Unos 300 jueces, fiscales y abogados protestan ante el ministerio por la situación de la Justicia

Los concentrados piden la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón

En un acto sin precedentes, jueces, fiscales y abogados se han concentrado en diferentes puntos de España para protestar por la situación de la administración de justicia y las medidas que está adoptando el Gobierno en esta materia. En Madrid la cita era ante el ministerio. Bajo el lema RIP justicia. Sin justicia no hay derechos, unas 300 personas han reprobado normas como las nuevas tasas judiciales y han pedido mejoras en sus condiciones laborales.

Sobre las 13.10 empezaban a llegar los primeros asistentes a la concentración, prevista para las 13.30. Minutos después, al menos tres centenares se agolpaban ya a ambos lados de la calzada, a la altura del número 45 de la calle de San Bernardo. Entre ellos se encontraban el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el magistrado decano de Madrid, José Luis González Armengol, y el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch.

“El ministerio ha iniciado reformas legislativas, algunas ya culminadas, que restringen los derechos fundamentales y vulneran la tutela judicial efectiva”, apuntaba Rafael Fluiters, juez en el juzgado número tres de primera instancia de Madrid. Fluiters también criticaba que se esté intentando convertir el Consejo General del Poder Judicial en un “mero órgano consultivo”.

La semana que viene se tomarán las medidas para diciembre”

José Luis González Armengol, juez decano de Madrid

Entre pitos y al grito de Gallardón dimisión, la concentración ha llegado a invadir la carretera, obstaculizando el paso de vehículos, actuación que no ha gustado a algunos de los que se encontraban allí protestando. Finalmente, algo más de media hora después, agentes de la policía han formado dos cordones para mantener a los asistentes en las aceras.

Las asociaciones de jueces y fiscales han convocado concentraciones en las sedes judiciales de todas las capitales de provincia, pero algunos juristas han decidido venir a protestar a Madrid. Era el caso de Miguel Ángel Martín, magistrado del juzgado de lo penal de Valladolid. “No solo protestamos por nuestras condiciones de trabajo. También lo hacemos por los ataques contra la tutela judicial efectiva y los derechos de los ciudadanos, que cada vez se deterioran más”, señalaba.

“Esta es una concentración sin precedentes. Jamás pensamos que jueces y fiscales estaríamos unidos ante el Ministerio de Justicia para protestar”, añadía un grupo de fiscales que preferían no dar su nombre.

La convocatoria ha partido de jueces y fiscales pero ha contado con el apoyo del Consejo General de la Abogacía. El abogado Fernando Sánchez de la Llave coincidía en que “no se puede dejar sin derechos a los ciudadanos de a pie”. También se han acercado hasta San Bernardo algunos estudiantes, como José Hormigo. Este joven de 21 años, procedente de Estepona (Málaga), cursa cuarto de Derecho en la Universidad Complutense. “No tiene sentido que la justicia se restrinja en virtud del dinero que se tiene en el bolsillo cuando suele ser dinero lo que se va a reclamar. Habrá gente que se piense si interponer una demanda y entonces ya no estamos ante una justicia libre”, argumentaba sobre la ley de tasas.

Durante el acto, el juez decano de Madrid ha leído un manifiesto ante los medios, el mismo que se ha leído en el resto de ciudades. El texto, que ha sido entregado en el ministerio, recoge una serie de reivindicaciones. Entre ellas, el impulso de la estructura y las competencias del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, “rechazando cualquier modificación que mine su independencia”; la inversión y adopción de medidas para “paliar el abandono en el que se encuentran juzgados y fiscalías por la ausencia de medios”; el establecimiento de “tasas judiciales moderadas que no limiten el acceso a la justicia”, o aumentar la planta de jueces y fiscales “hasta alcanzar parámetros de la media europea”.

Sobre esta última cuestión, el Ministerio de Justicia convocará el año próximo 50 nuevas plazas de jueces y fiscales (está por ver cuántos de cada cuál), pero al mismo tiempo suprimirá cientos de plazas de interinos, porque va a cambiar el sistema de sustituciones, informa Vera G. Calvo. Con la nueva ley orgánica del Poder Judicial, los jueces titulares (hay unos 5.000), estarán prácticamente obligados a hacerse cargo de las sustituciones en casos de bajas (cobrando un plus, que ya existe y va a ser aumentado, por ese trabajo extra). Eso dejará sin trabajo a muchos de los 1.400 jueces interinos que hay en España, y que ahora hacen mayoritariamente esas labores de sustitución. Con los fiscales (hay cerca de 2.400) ocurrirá algo parecido.

“Con estas propuestas hacemos un llamamiento a los responsables de justicia para que no sea vista como un problema. Queremos una justicia ágil, favorecedora de la seguridad jurídica y de la reactivación de la economía”, ha añadido Armengol. El magistrado ha destacado el hecho de que por primera vez se haya organizado una agrupación de jueces y fiscales donde todas las asociaciones han consensuado un eje común. Ha advertido además de que la posibilidad de una huelga está sobre la mesa: “Vamos a hacer una valoración y la semana que viene se tomarán las medidas correspondientes para el mes de diciembre”.

Sobre las 14.30 la calle recuperaba la normalidad. Algunos de los concentrados no se han marchado sin antes dejar sus pancartas entre las verjas de la puerta del ministerio. Poco han durado allí. Minutos después han salido a retirarlas.

Santamaría defiende las tasas y promete más justicia gratuita

C. E. C.

La presión es enorme, pero el Gobierno no parece de momento dispuesto a rectificar las tasas judiciales. Ni siquiera después de que destacados dirigentes del PP, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hayan pedido un replanteamiento. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió hasta en tres ocasiones en defender las tasas tal como están y no abrió la puerta a ninguna modificación.

Sáenz de Santamaría mostró su respeto a las opiniones de todos los sectores jurídicos sobre la subida de las tasas pero defendió la medida. El argumento del Gobierno es que, a cambio de aumentar las tasas “a quien puede pagarlas”, el Ejecutivo “llevará a cabo una mejora sustancial del servicio de asistencia jurídica gratuita”.

La número dos del Ejecutivo defendió que digan lo que digan los afectados, “al Gobierno le corresponde tomar determinadas decisiones que no siempre son fáciles y que no siempre son populares, pero que a alguien le corresponde adoptar”. En una larga explicación preparada ante la enorme polémica, dijo que el sistema de asistencia gratuita atendió a dos millones de personas en 2011, con lo que es muy amplio y aún crecerá más con esta reforma. Así trataba de combatir la idea de la “justicia para ricos” impuesta por el PP.

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