Los jueces de Bilbao y Mallorca pactan suspender todos los desahucios

Los jueces de primera instancia de Bilbao y Palma de Mallorca han acordado paralizar temporalmente todos los desahucios, después del decreto aprobado por el Gobierno la semana pasada que fija una suspensión de dos años para los desalojos de las familias “más vulnerables”. Con esa tregua, los magistrados quieren dar un margen de tiempo a los ciudadanos que ya tengan un proceso de ejecución en marcha para que estén informados de la moratoria y puedan solicitarla en caso de cumplir los requisitos, así como, en su caso, recibir asistencia letrada. Las juntas de jueces de todo el país están celebrando reuniones para preparar protocolos sobre cómo aplicar la nueva norma, con resultados dispares. El juez decano de Madrid considera que el Consejo del Poder Judicial debería dictar una “instrucción interpretativa” para armonizar cómo proceder.

En Palma de Mallorca, los 20 jueces de primera instancia han decidido que hasta el 19 de diciembre no se efectuarán los cerca de 66 lanzamientos (término jurídico con el que se conoce a los desalojos) ya en trámite, cuando afecten a primeras viviendas ocupadas. Sí concluirán los desahucios de comercios, locales y casas vacías. El impulsor de la medida, el juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, explicó que se trata de evitar la “contradicción esencial” que se produciría en el caso de un ciudadano que “se podría encontrar en la calle y al cabo de dos o tres días se resolviera su solicitud de suspensión”.

Las juntas de jueces de todo el país están celebrando reuniones para preparar protocolos sobre cómo aplicar la nueva norma, con resultados dispares

En Bilbao, el juez decano, Alfonso González-Guija, precisó que los magistrados han revisado las ejecuciones comprendidas en el decreto, y a partir de ahí fijarán cómo actuar para que los afectados puedan acreditar en cada caso su situación y pedir, si quieren, asistencia jurídica gratuita. Mientras tanto, no se ejecutarían nuevos desahucios, exclusivamente en el caso de viviendas habituales. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior vasco resolverá la semana próxima si traslada el protocolo de los jueces bilbaínos al resto de juzgados vascos, cuyo texto terminaban de ultimar anoche.

En Granada, el protocolo de urgencia firmado por el juez decano establece que los secretarios judiciales podrán devolver los casos al juzgado si creen que podrían acogerse al decreto, “con objeto de que el juzgado resuelva expresamente si procede o no insistir en la práctica de la diligencia”.

El martes se celebró una reunión de jueces de primera instancia y secretarios de Barcelona para analizar el decreto, pero sin fijar una postura común. Tampoco han llegado a un acuerdo en Galicia o en el resto de Andalucía.

El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, cree que “sería conveniente” que el Consejo del Poder Judicial “pilotara una iniciativa para dictar pautas de orientación a los jueces sobre el decreto”, para evitar que no actúen de forma distinta por comunidades. Fuentes del Consejo precisaron a EL PAÍS, sin embargo, que el órgano de gobierno de los jueces no puede dictar instrucciones sobre la interpretación o aplicación del ordenamiento jurídico.

Con información de Elsa García de Blas, Javier Rivas, Andreu Manresa, Clara Blanchar, Javier Martín-Arroyo y Valme Cortés.