Fianza de 163.501 euros para la jefa de prensa de una exconsejera de Matas

Primera fianza civil para una persona imputada en el caso Over MC. María Luisa Durán, ex jefa de prensa de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Baleares de Jaume Matas (2003-2007), tiene tres días para constituir una fianza de responsabilidad civil de 163.501 euros que la ha impuesto el juez José Castro.

La caución responde a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, que impulsó la imputación de la informadora en caso Over MC, de supuesta financiación irregular del PP, en las elecciones autonómicas de 2003 y 2007. El fiscal supone que la imputada participó, presuntamente, en el trámite de concursos públicos manipulados y que se conectó con la trama de campañas publicitarias oficiales que sirvieron para financiar la propaganda del PP, sin distinguir los límites y normas de la administración pública.

Durán fue cargo de confianza de la consejera de Sanidad, Aina Castillo, que previsiblemente será imputada en el caso junto a la ex consejera de Obras Públicas y actual portavoz parlamentaria del PP, Mabel Cabrer. La periodista Durán está bajo la lupa del instructor, el fiscal y la policía por su participación en los tres expedientes concretos. La partida mayor fue para la contratación de las campañas de comunicación del nuevo hospital de referencia de Baleares, el de Son Espases, de 600.000 euros y que debió llegar a un millón.

La periodista trabajó en el Gobierno balear y en la agencia de publicidad Over M C. Según el publicista Daniel Mercado, dueño de la compañía de anuncios e imputado en la causa, desde el Gobierno Balear se le impuso —“me vi obligado a acatar”, dijo— la contratación de la informadora Duran, con un sueldo de 6000 euros el mes.

Mercado dijo que la pagó y que ella trabajó siguió en la administración para las campañas de imagen. La imputada lo negó, aseguró que estaba en excedencia cuando pasó a servir al publicista. Juez y fiscal mantienen sus sospechas y con la fianza civil se quiere asegurar que la imputada afrontará —en el caso de ser juzgada— la reparación del posible daño causado a la Administración con desvíos de fondos públicos.