El delegado del Gobierno presionó a la Guardia Civil que investigó al PP balear

El que era delegado del Gobierno en Baleares hasta su dimisión forzada en julio de 2012, José María Rodríguez, imputado en el caso Over MC de supuesta financiación ilegal del PP, “traspasó claramente los límites que le impone la división de poderes del Estado”, según observa en un auto el juez José Castro. “Pretendió abiertamente atentar contra la independencia judicial”, al presionar y exigir al coronel de la Comandancia de la Guardia Civil y a otros oficiales que le revelaran secretos que le aludían en las investigaciones que le afectaban en relación con la financiación ilegal del PP.

Rodríguez quiso imponer su autoridad ante los mandos del instituto armado para que “le rindieran cuentas del contenido” de la investigación de la trama corrupta en el Gobierno de Baleares y en el PP, en el período de las elecciones autonómicas de 2003 y 2007, que le aludían porque estaba en el Ejecutivo de Jaume Matas y en la cúpula del partido.

Los oficiales y guardias civiles, según el relato judicial, “se resistieron” a las pretensiones ilegítimas del entonces delegado del Gobierno, quien ordenó la apertura de una investigación interna “con la excusa de esclarecer unas supuestas filtraciones”. Las maniobras reiteradas “de presión” y de “entorpecimiento” motivaron la “alarma de la jefatura de la Comandancia”, que llegó a reclamar que el caso pasara a ser investigado desde la Unidad Central Operativa (UCO) en Madrid. El fiscal Pedro Horrach se opuso porque la unidad de Palma conocía todos los entresijos y no se podía ceder ante una supuesta coacción.

José María Rodríguez dimitió pocos días después del incidente con la Guardia Civil. El juez desestimó ayer medidas cautelares para que no se comunique con testigos e imputados, como pedía el fiscal.

Al estallar en 2006 el caso Andratx, Rodríguez ya fue investigado por un juez a petición de la fiscalía por haber alertado de su detención al alcalde de aquella localidad, Eugenio Hidalgo, condenado a más de cuatro años por corrupción. Rodríguez ocupaba entonces el cargo de consejero de Interior.

Los episodios de las maniobras de presión de Rodríguez a la Guardia Civil por el caso Over llegaron al Ministerio de Interior y a otras instancias del Estado. Fue inevitable mostrarle a Rodríguez el camino de la salida. Cinco meses después fue imputado en el caso de la financiación ilegal del PP, pero ha reiniciado la batalla para seguir siendo presidente del PP de Palma. Está imputado, pero no se siente aludido por el código ético anticorrupción impulsado por el actual presidente de Baleares, el líder del PP, José Ramón Bauzá.

Por otra parte, el juez Castro interrogó este domingo al presidente del Parlamento balear, Pere Rotger; al exgerente tesorero del partido, Fernando Areal, y al expresidente balear Jaume Matas. Matas y Areal negaron haber manejado fondos opacos para el pago de las campañas ni haber impulsado contrataciones amañadas con la agencia de publicidad Over MC. “¿Qué es dinero negro?”, llegó a preguntar Areal. El dueño de la compañía, Daniel Mercado, confesó al juez haber cobrado en dinero b en la sede del PP para sus campañas electorales y acusó de los pagos a Rodríguez y Areal.