Desahucios

Las muertes provocadas por los desahucios han servido para apreciar la intensidad de la crisis. No se trata solo de un descenso a los infiernos en la economía, sino que ese hundimiento se ve agudizado por una gestión donde ni siquiera en casos extremos tiene cabida la justicia social. En los medios de comunicación gubernativos, se suceden economistas y representantes de intereses empresariales que repiten como papagayos aquello de que las “reformas” son imprescindibles, hay que llevarlas más a fondo y eso creará empleo. En la más sectaria televisión oficial, un economista merkeliano dijo haber visto en las farmacias españolas a personas que con montones de recetas se dedicaban a atesorar medicinas: ahora el copago lo remediará. Rajoy resulta demasiado blando. Wert es el ejemplo, y lo será más si cuaja el proyecto de total destrucción de autonomía para la universidad pública, sustituida bajo máscara tecnocrática por el sentido vertical de la jerarquía que soñara José Antonio.

Toda acción crítica frente a la política de recortes no solo es inútil, sino perniciosa, al afectar a la producción y a la imagen exterior de España. Qué decir entonces de la huelga general del día 14, táctica suicida de unos sindicatos a los cuales nuestra derecha desearía ver borrados del mapa. Nadie recuerda que el paro se inscribía en una jornada de protesta acordada por la Confederación Europea de Sindicatos. No basta con la asimetría creada por las últimas reformas, donde la negociación y el despido pierden todo escudo protector. En su condición de símbolos de un tiempo donde el poder compensatorio de la acción sindical permitió que los asalariados participasen de la onda ascendente de la economía, deben ser eliminados de la escena social. De este modo, a las medidas vinculadas a su forma de gestión de la crisis se une la voluntad de consolidar en todos los aspectos su concepción estrictamente patronal de las relaciones sociales. El término adecuado para describir esta línea de actuación es desmantelamiento, como está sucediendo en la imparable privatización de la sanidad con carácter general, y golpe a golpe, en los puntos concretos (ejemplo: hospital de la Princesa).

En el vocabulario de los miembros del gobierno, con particular énfasis en Ruiz Gallardón, el protagonista del 14-N fue “el derecho al trabajo”; ni las palabras vinculadas a la reivindicación de clase pueden soportar. Más allá de un conservadurismo puro y duro, que lo es, tal orientación refleja un grado considerable de miopía, tal y como pudo apreciarse en el desarrollo de la jornada. Los sindicatos encauzan una propensión hoy imparable a la protesta social; sirven de transmisores y también de diques. El PP debiera aprender de un hecho generalmente reconocido: las manifestaciones, ocasionalmente violentas, tuvieron más relevancia que el paro, contenido para muchos por las necesidades económicas del momento. Como me explicaba un amigo, el profundo malestar se dirige hacia la desobediencia civil. O al estallido.

En el mejor de los casos, cuando como en los desahucios la situación se ha hecho insoportable, el Gobierno elabora soluciones de mínimos, antes inspiradas por la caridad que por la justicia. No va a enfrentarse a los intereses de los bancos, a pesar de su protagonismo en la gestación del drama. Según explica el juez Jiménez Segado en su auto de 10 de enero sobre un desahucio en Torrejón, fueron los bancos quienes descubrieron el “patrón inmueble”, concediendo a ciegas préstamos para operaciones de todo tipo “en las que hubiera de por medio un bien inmueble que sirviera de garantía”. Lo peor es que al devaluarse los inmuebles no se conformaron con recuperarlos, sino que efectuaron maniobras para obtener “un enriquecimiento injusto” a costa del deudor, jugando con una tasación irrisoria hecha por ellos mismos. De no tropezar con jueces capaces de afrontar “el abuso de derecho”, los responsables de la burbuja inmobiliaria acababan siendo los únicos beneficiarios de la protección oficial. Todo esto escapa al espíritu y a la letra del decreto sobre los desahucios. La dación en pago queda a merced de la buena voluntad bancaria.

Las enseñanzas del episodio son evidentes. De un lado, confirman la impresión de que el Gobierno solo reacciona al borde del desastre, y aun entonces envuelve la justicia social en una cortina de humo. De otro, que más allá de los ejercicios de retórica, siguiendo el ejemplo de los jueces sensibles a la realidad, la oposición socialista debe elaborar alternativas concretas, puntuales y de conjunto, a la política de Rajoy. Tiene que ser guía, y no simple voz atenuada del malestar.