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El plan de evacuación del Madrid Arena no prevé hacer macrofiestas en la pista

Contempla emergencias en caso de partidos o ferias, con un aforo mucho menor

El plan de evacuación del Madrid Arena no prevé hacer macrofiestas en la pista Ampliar foto

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), canceló este jueves su rueda de prensa semanal y compareció, sin admitir preguntas, para presentar el resultado de la investigación interna sobre la fiesta del 31 de octubre que costó la vida a cuatro jóvenes en el Madrid Arena.

El documento es “un análisis administrativo” que “no pretende llegar a conclusiones sobre las causas, ni establecer responsabilidades”. Deja eso a la investigación judicial. Pero sí aporta un relato pormenorizado de lo sucedido a partir de documentación oficial, y refuerza las dudas sobre las condiciones de seguridad del pabellón.

Pese a que el Ayuntamiento insiste en que no necesitaba licencia de funcionamiento, la pidió al menos en dos ocasiones, en 2007 y 2009. Se le negó al detectar sus propios técnicos fallos de seguridad en el edificio, que siguió funcionando bajo gestión municipal.

La Delegación del Gobierno desmiente al Ayuntamiento

B. G. G.

La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes (PP) emitió anoche un comunicado para denunciar “diversos errores” en el relato del Ayuntamiento sobre la tragedia aportado este jueves a los medios de comunicación.

Puntualiza Cifuentes que la Policía Nacional visitó el pabellón Madrid Arena en las horas previas a la fiesta “exclusivamente para recoger documentación” sobre las medidas de seguridad, y no para inspeccionarlas o revisarlas, como se afirma en el relato municipal.

Asegura además que, en caso contrario, se habría consignado el resultado en un acta, que “no consta” entre la documentación suministrada por el Ayuntamiento. La Policía Nacional, añade la Delegación del Gobierno, ya “desmintió rotundamente que funcionarios de la Jefatura hayan realizado inspección alguna en dicho local y que dieran su visto bueno al respecto”, después de que así lo afirmaran supuestamente los organizadores de la fiesta.

El antiguo Rockódromo fue convertido en un pabellón multiusos y bautizado como Madrid Arena entre 2001 y 2005 por la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos. El objeto social de esta es, entre otros, “la organización de eventos, ya sean deportivos, exposiciones, congresos, convenciones, seminarios, ferias y cualquier otro similar”. ¿Es un concierto multitudinario como el que reunió a al menos 9.700 personas el 31 de octubre un “evento similar”? ¿Está preparado el recinto para una fiesta de ese calibre? El Ayuntamiento calculó el aforo pensando en una discoteca: cuatro personas por metro cuadrado. Y lo limitó por niveles: en el superior, 3.000 personas; en el intermedio, 3.920. En la pista, 3.700. Los 75 controladores contratados por la organización debían evitar que toda esa gente se juntara en la pista, pero, según el relato del encargado de seguridad municipal, a las 3.00 podía haber allí casi 6.000 personas. La policía cree que, en el momento de la tragedia, a las 4.00, se excedía sobradamente el aforo total del recinto.

El edificio tiene un plan de seguridad, aprobado por el Ayuntamiento en 2005, con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde, y sujeto a la normativa vigente entonces.

Ese plan contempla que la pista se use para eventos deportivos y ferias, pero no menciona macrofiestas o conciertos. En los partidos, las gradas se despliegan; en la pista sólo están los jugadores. En una emergencia, los espectadores huirían grada arriba (es uno de los fallos de seguridad por los que se denegó la licencia). En las ferias, la normativa prevé una persona cada dos metros cuadrados. Cabrían 925, que podrían escapar por seis escaleras y el portón de mercancías. Para ello deberían cruzar antes ocho vomitorios de 2,5 metros o un portón de casi nueve. En una macrofiesta, usarían esas vías 3.700 personas en la pista. En un concierto, el doble. El plan de seguridad obliga a evacuar en 2,5 minutos.

El juez rechaza que el municipio se persone como acusación

JOSÉ A. HERNÁNDEZ

El juez instructor del caso Madrid Arena, Eduardo López Palop, rechaza que el Ayuntamiento de Madrid pueda personarse como acusación particular en las diligencias sobre la tragedia que aplastó la vida de cuatro chicas el 31 de octubre. Según fuentes municipales y de la fiscalía, el magistrado deniega esa posibilidad por entender que, al final del proceso, la situación jurídica del Ayuntamiento podría cambiar y, en lugar de parte acusadora, pasar a ser acusada. Es decir, a soportar la eventual responsabilidad civil (indemnizaciones) por las cuatro muertes y las secuelas que queden a una quinta chica herida grave.

Por este motivo, acepta la personación del Ayuntamiento en las diligencias, pero en calidad de “parte interesada”. Una opción neutra que permitiría cambiar la posición jurídica durante o tras las pesquisas. En el proceso penal no cabe el binomio de la acusación y la defensa bajo una misma figura jurídica.

Varios despachos jurídicos han anunciado su intención de personarse como acusación particular; entre ellos, uno que suele estar presente en casi todos los procesos mediáticos, el sindicato ultraderechista Manos Limpias, que ahora actúa, por ejemplo, en el caso Urdangarin.