Suspendido el juicio por el ‘caso de los espías’ en el que declaraba Cospedal

El juicio que iba a celebrarse hoy en Coslada (Madrid) por el llamado caso de los espías, en el que estaba citada a declarar al mediodía la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha sido suspendido por la huelga general. Dos agentes judiciales no han ido a trabajar.

Fuentes cercanas a Cospedal han informado a Efe de la suspensión del juicio que se sigue  en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Coslada contra la presidenta castellano-manchega por afirmar, antes de las elecciones generales de 2011, que el PSOE había contratado a una agencia de detectives para espiar al PP.

En el juicio están acusados también otros dos políticos del PP: la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, que ahora es diputada nacional, y el entonces portavoz del equipo municipal de Romero, Francisco Cañizares, hoy portavoz del PP en las Cortes autonómicas. El juicio tuvo un primer aplazamiento el pasado 3 de octubre a petición del abogado de Cospedal porque fue sometido a una intervención quirúrgica.

La demanda fue interpuesta por el gerente de Detectives Almirante, Isidro García, quien considera que los ataques de Cospedal dañaron gravemente la imagen de la empresa, acusada de espiar a dirigentes del PP por encargo socialista.

Cañizares sostiene que el espionaje tuvo una “clara motivación política” vinculada a la precampaña de 2011 y al hecho de que Isidro García participó en las listas del PSOE en unas elecciones municipales en Alovera. García, según el PP, argumentó que estaba realizando un trabajo para un trabajador del Ayuntamiento de Ciudad Real por un presunto caso de acoso laboral, pero en ese procedimiento nunca se ha aportado dicho informe, agrega. Además, se pregunta qué vinculación tiene un supuesto caso de acoso laboral con el hecho de investigar las propiedades de la alcaldesa.

Detectives Almirante interpuso esta denuncia después de que Cospedal, Cañizares y Romero no se presentaran al acto de conciliación propuesto por esta empresa con el que deseaba que los populares retiraran sus declaraciones.

Desde Detectives Almirante se sostiene que, habiendo sido contratados por un funcionario del Ayuntamiento de Ciudad Real para investigar un supuesto caso de acoso laboral, los populares vincularon este trabajo con un supuesto espionaje al PP encargado por el PSOE.

Los demandantes aseguran que todas las declaraciones vertidas por Cospedal "no han podido ser acreditadas por cuanto que han resultado ser, todas ellas, falsas", motivando un perjuicio a Detectives Almirante y su director en el plano económico, profesional y de menoscabo de su imagen, e inciden en el hecho de que Cospedal no se retractase de ellas "cuando se le ofreció a través de un acto de conciliación" esa oportunidad.

La demanda argumenta que estos hechos han afectado tanto a la salud física como mental de Isidro García --se aporta un informe psicológico sobre el demandante-- y, por ello, y en base al daño moral causado, la representación de Detectives Almirante solicita 100.000 euros, en concepto de indemnización, a cada uno de los demandados.