Los partidos minoritarios cursan iniciativas urgentes contra los desalojos

Los grupos parlamentarios consideran que hay razones de extrema urgencia que justifican la presentación de un decreto ley —una figura excepcional que el Gobierno ha utilizado hasta ahora una treintena de veces— de medidas contra los desahucios, que obligue a paralizar todas las ejecuciones hipotecarias hasta que se llegue a un acuerdo para la reforma de la norma vigente.

Los representantes del Gobierno y del principal partido de la oposición, el PSOE, se reunirán hoy para abordar este asunto, con la vista puesta en establecer dos años de demora por impagos. Al mismo tiempo, en la Junta de Portavoces del Congreso los representantes del resto de formaciones —excluidas de esa negociación a dos bandas— exigirán la paralización de los desahucios. Izquierda Plural ha reavivado sus iniciativas y CiU presentará esta semana una proposición no de ley con una regulación completa.

Después del suicidio de Amaya Egaña en Barakaldo momentos antes de ser expulsada de su domicilio, los grupos emprendieron sus propias iniciativas, sin perder demasiado tiempo en reprochar al Gobierno y al PSOE que no les tuvieran en cuenta para afrontar una situación tan extraordinaria que ya va con retraso, tal como ha denunciado el Poder Judicial y reprochado el Tribunal de Justicia de la UE.

Eso sí, el presidente del grupo Izquierda Plural, Cayo Lara, y el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, han recordado las iniciativas presentadas hasta ahora y rechazadas por el PP, con la abstención de los socialistas. También los representantes de CiU refrescaron su historial desde 2010 en pro de aminorar los efectos del impago de hipotecas. UPyD y ERC cuentan igualmente con iniciativas que exhibir. Pero ya no vale la pena mirar atrás, sino presentar con urgencia un decreto ley que paralice los desahucios.

Esta exigencia la promueven Rosa Díez, de UPyD; Coscubiela, de ICV; Lara, de IU; Duran Lleida, de CiU; Emilio Olabarria, del PNV y Joan Tardà, de ERC. Este último califica de “terrorismo social” de “los bancos” la expulsión de ciudadanos de sus casas. En la necesidad de cambiar la ley hipotecaria hay consenso, pero lo hay también en otros dos puntos: la paralización de los desahucios en marcha “ante este desastre humanitario”, señala Coscubiela; y contar con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

La catarata de propuestas será presentada esta semana y los grupos confían en que no caigan en saco roto, sino que el Gobierno y el PP, así como el PSOE, a través de la comisión que han creado, las tengan en cuenta. La utilización del banco malo como proveedor de viviendas de alquiler para personas afectadas por desahucios, gestionado por los ayuntamientos, es otra propuesta de ICV. “Se trata de tomar medidas inmediatas para las personas afectadas ahora, en el presente”, recalca Coscubiela.

En plena campaña para las elecciones catalanas, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, presentará una proposición de ley que contemple la moratoria de desahucios que estén en trámite de ejecución.

Como novedad aporta la obligación de mediación entre las partes —la entidad bancaria y el afectado— para evitar los tribunales; además de cambios en la ley hipotecaria y en la ley concursal, que establezcan exoneraciones para los afectados cuando concurran circunstancias que lo justifiquen. Entre otras, que la insolvencia sea sobrevenida.

La mayoría de los portavoces asegura que no quieren un lugar al sol, junto a PP y el PSOE, pero sí que se les haga caso.