CiU busca recomponer su maltrecha imagen social antes del 25-N

El Gobierno catalán ha dejado sin renta mínima de inserción a 9.000 de las 32.000 familias que recibían esta paga de 420 euros mensuales hace apenas un año y medio. El tijeretazo se ha solapado en el tiempo con un aumento de la precariedad, que ha dejado en situación de pobreza al 20% de la población catalana, y a uno de cada cuatro niños, en riesgo de exclusión social.

El mensaje que ha predominado por parte del Gobierno de CiU los últimos meses hacia este colectivo han sido las acusaciones de fraude a algunos de los receptores de la renta mínima. En el intento de justificar el recorte, el consejero de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, llegó acusar en sede parlamentaria a algunos de los receptores de esta renta de último recurso de malgastar la ayuda en telefonía móvil, televisión de pago o en autopistas de peaje.

Los nacionalistas catalanes han podido mantener este discurso en el tiempo gracias a que los resultados electorales de las elecciones generales del año pasado les fueron muy favorables y pudieron presentarlos como una reválida a sus recortes. Sin embargo, el equipo de campaña de Mas ha detectado que la mayoría absoluta que persigue Convergència i Unió no será posible sin una cierta dosis de discurso social que acompañe la apuesta soberanista. Y en ello se volcó ayer el presidente catalán, junto al consejero de Bienestar en funciones, Josep Lluís Cleries.

Tras el tijeretazo en la renta mínima de inserción, Cleries anunció ayer que CiU estudiará la próxima legislatura una renta garantizada de ciudadanía para todas aquellas “unidades familiares” que no alcancen el indicador de renta de suficiencia, que se fija en unos 7.900 euros anuales. El Estatuto fija que esta renta de suficiencia se dirija tanto a familias como a personas individuales, pero el consejero dijo que la actual situación económica obliga a limitarlo a las familias. Las entidades del tercer sector social llevan años solicitando la puesta en marcha de esta ayuda y partidos como Iniciativa per Catalunya tienen lista una proposición de ley para reclamarla en el Parlamento nada más comenzar la próxima legislatura.

La semana pasada, Mas se rodeó de antiguos militantes de la izquierda para presentar un manifiesto de carácter “progresista” que unía cierta reivindicación social con la demanda de un Estado propio. El manifiesto pedía “una sociedad catalana libre, socialmente justa y económicamente próspera”.