El Constitucional admite a trámite el recurso contra la reforma laboral
El Grupo Socialista e Izquierda Plural habían recurrido la norma Los dos grupos entienden que vulnera cinco artículos de la Constitución
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso contra la reforma laboral promovido por el grupo socialista y la Izquierda Plural, según ha informado hoy este órgano.
El recurso afecta a los artículos 4.3, que establece el periodo de prueba de un año; el 12.1. que faculta a la dirección de la empresa a acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre ellas la jornada laboral, horario y distribución del tiempo de trabajo, sistemas de remuneración y cuantía salarial, etcétera; y el 14.1. (inaplicación por la empresa del convenio colectivo) y 14.2 (prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial)
El recurso también impugna de inconstitucionalidad el artículo, 18.3 (despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción) y 18.8 (obligación de información y documentación) y 23.1 (readmisión en caso de despido improcedente).
También afecta a las disposiciones adicional tercera (inaplicación del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores a las administraciones públicas) y final cuarta dos (cálculo de la aportación económica que la empresa debe aportar en despidos colectivos de trabajadores de más de 50 años de edad).
El PSOE señala: "La reforma altera sustancialmente el modelo democrático de relaciones laborales que hemos ido construyendo entre todos a lo largo de las últimas tres décadas, con altas dosis de consenso y de diálogo social. Se trata de una alteración de tal envergadura del mencionado modelo democrático y del equilibrio de intereses en juego en el complejo mundo de las relaciones laborales amparado por nuestro sistema jurídico, que valoramos que la mencionada reforma en puntos esenciales contradice mandatos específicos contemplados en el texto constitucional, al extremo que consideramos que la reforma laboral de 2012 ataca las bases de nuestro Estado Social de Derecho".
El Tribunal Constitucional ha dado un plazo de 15 días para alegaciones al Congreso, la Senado y al Gobierno.
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