El Ayuntamiento sabía desde 2010 los fallos de seguridad del Madrid Arena

El Ayuntamiento de Madrid, regido por Ana Botella (PP), dijo el sábado que el pabellón municipal Madrid Arena no precisaba de licencia de funcionamiento para la celebración de conciertos y macrofiestas como la que terminó con la muerte de cuatro jóvenes el pasado 31 de octubre. Pero la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, gestora del recinto, y cuyo presidente es ahora el edil de Economía, Pedro Calvo, inició en noviembre de 2009 un procedimiento para obtener licencia ante el área municipal de Urbanismo. Entonces era alcalde el ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP). El Ayuntamiento lo achaca a que, por entonces, pretendía privatizar el pabellón.

Pocos meses después desistió, ante las objeciones presentadas por la dirección general de Ejecución y Control de la Edificación, dependiente de Urbanismo, que detectó una larga serie de gravísimas deficiencias que comprometían la seguridad e impedían que pudiera obtener dicha licencia. Entre ellas, que los pasillos para salir de la pista a la calle, donde murieron las cuatro jóvenes aplastadas por un agolpamiento súbito de gente, eran insuficientes. Pese a ello, el Madrid Arena siguió funcionando.

Entre 2002 y 2012 ha organizado cientos de eventos deportivos, musicales y de ocio, con la asistencia de hasta 11.000 personas en los más multitudinarios. Según el concejal Pedro Calvo, sin que se produjera ningún incidente. Hasta el 31 de octubre.

Un informe de la Policía Nacional conocido tras la tragedia pero fechado el 4 de diciembre de 2006 denunciaba ya que el pabellón carecía de licencia de funcionamiento. Y concluía: “Lleva funcionado más de cuatro años y en él se han venido celebrando espectáculos musicales, deportivos, exposiciones, etcétera, con lo que resulta impensable que se estuvieran efectuando sin licencia municipal de funcionamiento”.

El concejal Pedro Calvo explicó el sábado que “los edificios municipales no requieren de licencia urbanística, en virtud del artículo 151 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, y al artículo 4.e de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas”. El citado artículo 151 se refiere expresamente a “actos de uso del suelo, construcción y edificación”; en esos casos, exime al Ayuntamiento de licencia urbanística, aunque lo obliga a cumplir “los mismos requisitos”. Es decir, aunque no requiera de licencia, debería poder obtenerla en caso de solicitarla.

Calvo entiende que la licencia de funcionamiento (que exige certificados de seguridad y protección contra incendios) entra dentro de este apartado, y el Ayuntamiento está exento. Sin embargo, Madrid Espacios y Congresos, dependiente del área municipal de Economía, sí pidió esa licencia para el pabellón ante la Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación, dependiente del área municipal de Urbanismo.

Lo hizo el 30 de octubre de 2009, cuando el recinto llevaba en uso más de siete años, seis de ellos con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde. Esa petición se hizo “de conformidad con lo dispuesto” en la propia ordenanza municipal de licencias, según la documentación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El área de Urbanismo estudió la solicitud “para informe de seguridad para la posible instalación de varias actividades en el pabellón”, pese a que reconocer que “el edificio se encuentra terminado y funcionando”. Y dictaminó el 10 de marzo de 2010 que el recinto “no se ajusta” a lo exigido por la ordenanza de licencias. Es decir, que no cumple los requisitos de seguridad. Aparte de denunciar una abultada falta de documentación y planos, Urbanismo señala “deficiencias concretas” de seguridad. Así, el edificio incumplía el Código Técnico de Edificación, entre otros motivos porque resulta inaccesible para los camiones de bomberos. Además, considera que los recorridos de evacuación de la pista, donde murieron las cuatro jóvenes, y de la grada intermedia son insuficientes a menos que se habilite “al menos otro acceso más opuesto y alejado respecto al principal y único en cada uno de estos niveles”.

Detecta fallos en la ventilación, en caso de que hubiera humo por un incendio; que el material del que están hechos los asientos (madera contrachapada) “no es reglamentario” porque alimentaría un hipotético fuego (también lo harían las barras de la pista y la grada intermedia); y que los sistemas de detección de incendios son “insuficientes” porque están en el techo, “demasiado altos” para resultar útiles.

La alcaldesa, Ana Botella, anunció el viernes que prohibía realizar en el pabellón Madrid Arena (y el resto de recintos municipales) cualquier tipo de concierto o evento en el que todo el público no esté sentado. Pues bien, el informe de Urbanismo señala que, en ese caso, es decir, con las gradas desplegadas en la pista, se bloquean “casi todas” las salidas de evacuación, lo que, en caso de emergencia, obligaría al público a huir hacia arriba, saltando sobre sus asientos, dado que tampoco los pasillos entre butacas cumplen la normativa.

Madrid Espacios y Congresos recibió el informe el 11 de marzo de 2010. Pidió más tiempo para estudiarlo, pero no respondió en plazo. Por tanto, Urbanismo concluyó el 19 de abril de 2010 que la empresa municipal “desistía en su petición de licencia”. El 28 de abril, Madrid Espacios y Congresos aportó nueva documentación a Urbanismo, que consideró que “persistían parte de las deficiencias señaladas” en cuanto a falta de papeles y planos. Dio por cerrado definitivamente en mayo el expediente al considerar que la empresa municipal había desistido en su solicitud de licencia. El Madrid Arena siguió funcionando.