Dimite un alcalde de Murcia que “compró votos a cambio de trabajo”

El alcalde de Fortuna, localidad murciana de 10.000 habitantes, “ofreció trabajo municipal y vales de comida a ciudadanos del municipio para que le votaran” en 2003 y ganó la alcaldía por mayoría absoluta “merced a esas recompensas y promesas”. Lo dijo primero la Audiencia Provincial de Murcia —hace ahora un año y medio que emitió sentencia condenatoria, más dura que la del Supremo— y ahora lo ha ratificado el alto tribunal, circunstancia que ha obligado a Matías Carrillo (PP) a dimitir de todos sus cargos públicos y a dejar el Partido Popular de Murcia. La condena por delito electoral es de cinco años de inhabilitación para el ejercicio del cargo de regidor, concejal “o cualquier otro de elección democrática”.

El resultado de aquellas elecciones de 2003 fue muy ajustado. El PP obtuvo la mayoría absoluta y siete concejales, frente a cuatro del PSOE y dos de IU, pero no los habría conseguido sin los votos por correo —más de 400— que recabó una concejal, también condenada, por trabajar para ello “en colaboración con el alcalde”. En las anteriores elecciones habían votado por correo sólo 100 personas y el incremento alertó a IU en Fortuna, que denunció el caso.

En el texto de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de hace un año y medio aparecen los casos de algunas personas que IU de Fortuna y su abogado, Joaquín Dólera, denunciaron como “casos flagrantes de compra de votos.” Aparecen por ejemplo los nombres de “Primitivo, quien a cambio de votar por correo al Partido Popular fue contratado por el Ayuntamiento como auxiliar de mantenimiento de vías públicas”, o el de “Pura, a la que se la contrató como limpiadora después de haber entregado toda la documentación necesaria en relación al procedimiento completo del voto por correo.”

También está el caso de “Andrea, quien, ante la expectativa generada por la concejal de que le iban a proporcionar un puesto de trabajo en el Ayuntamiento a cambio de su voto entregó toda la documentación necesaria del procedimiento completo del voto por correo si bien, finalmente, no fue contratada por el Ayuntamiento”.

Así hay hasta seis casos más declarados probados por la sentencia. Según la acusación fueron varios cientos de personas en el pueblo los que “eran abordados, a veces por la calle, o en la sede del PP de Fortuna, solicitándoles el DNI suyo y el de sus padres para obtener así su voto por correo y destinarlo al Partido Popular a cambio de un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de dicha localidad”.

El Supremo ha condenado a la concejala que hacía los ofrecimientos y al alcalde por actuar “en colaboración” con ella. Eso sí, absuelve al regidor de los cargos de prevaricación que también se presentaban contra él. Su dimisión se ha producido 24 horas después de conocerse la sentencia. El primer edil ha agradecido el apoyo de sus vecinos en todo este tiempo y, al ser preguntado por su futuro, ha dicho que se tomará “unos días de descanso antes de volver a su trabajo como cartero en Correos”. Carrillo siempre ha mantenido su inocencia y negó tanto en la Audiencia como después ante el Supremo que participara en operación alguna de compra de votos.

El PP de Murcia, a través de un comunicado de su vicesecretario general de Comunicación, Francisco Bernabé, ha afirmado que "se valora el ejercicio de responsabilidad del que Matías Carrillo ha hecho gala ante este acontecimiento al dimitir antes de que el partido tuviera que hacer lo que dicen sus estatutos".

Por su parte, el abogado de IU en Murcia Joaquín Dólera se ha felicitado hoy por la sentencia y ha dicho que, “como dice la canción cubana, se acabó la fiesta y el alcalde que ganó con métodos fraudulentos dejará de serlo”. Según Dólera es muy raro que el alcalde ayer celebrara una supuesta sentencia absolutoria sin conocerla. El abogado ha reconocido que cuando vio la noticia en los medios, él no tenía notificada la sentencia a pesar de ser parte del proceso, “cosa que no es lo habitual”.

Sobre el texto judicial ha recordado que la Audiencia Provincial y el Supremo "han sido benevolentes con Carrillo a la hora de acusarle" porque finalmente se libra del delito de prevaricación. Y añade: “Como curiosidad jurídica, la sentencia del Supremo pudo haberlo inhabilitado como funcionario público de cualquier tipo y no lo ha hecho. Si hubiera sido así, no podría ejercer como cartero, su anterior oficio antes de ser alcalde.”

El secretario general del PSOE de Murcia, Rafael González Tovar, ha dicho que es “vergonzoso que se haya cometido en Murcia uno de los delitos peores en democracia como es el de la compra de votos”. Señala que es “muy triste que un político use las necesidades humanas para conseguir votos” y añade que “cuando salió la sentencia de la Audiencia Provincial hace un año y medio, el presidente Valcárcel debería haber exigido que Matías Carrillo se marchara”.