El PSOE propone una ley para evitar dejar en la calle a los desahuciados
Plantea que puedan seguir usando la vivienda si abonan un arrendamiento social Los bancos con ayudas públicas deberían aceptar la dación en pago
Los desahucios han llegado al Congreso a través de varias iniciativas, a las que el Gobierno del PP tendrá que dar respuesta. Los grupos políticos proponen alternativas para evitar que los ciudadanos se queden en la calle. El PSOE, en la oposición y en minoría, presentó ayer una proposición de ley que establece nuevas condiciones para el pago de la deuda y la posibilidad de continuar usando la vivienda mediante el abono de un “arrendamiento social” que no supere al año el 2% de la deuda pendiente ni un tercio de los ingresos totales familiares.
La portavoz de vivienda del Grupo Socialista, Leire Iglesias, y la responsable de Economía federal, Inmaculada Rodríguez Piñero, presentaron ayer un texto legal que promueve acuerdos entre el ciudadano y su banco, realizados ante notario, para que no se pueda desahuciar a las familias que dedican más del 50% de sus ingresos al pago de sus deudas.
También IU ha cursado una batería de iniciativas sobre el mismo asunto, además de preguntar al Gobierno si tendrá en consideración el informe entregado por varios jueces al Consejo General del Poder Judicial. En ese documento se denuncian los abusos bancarios relativos a los desahucios y se hacen una serie de propuestas, entre ellas que el dinero que el Gobierno dedica al rescate de los bancos vaya también para los clientes de esas entidades que son morosos. El informe no ha sido ni asumido ni aprobado por el Poder Judicial.
La propuesta de ley que defiende el PSOE plantea que todos los bancos que hayan recibido ayudas públicas “estarán obligados a aceptar la dación en pago, la entrega de la vivienda a cambio de la cancelación completa de la hipoteca con el banco o caja”.
El PSOE introduce en su propuesta legal una modificación para que las familias con ingresos inferiores a 18.600 euros al año puedan acogerse a la dación en pago para saldar su deuda con el banco.
En estos momentos hay unos 400.000 ciudadanos incursos en procesos de desahucio. En la proposición de ley de los socialistas se pide que las entidades bancarias que han recibido ayudas del FROB (Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria), que están participadas o intervenidas, establezcan de forma obligatoria negociaciones con el deudor.
Para ser incluido en el grupo de “exclusión social” y, por tanto, susceptible de entrar en las mejoras que se establecen en esta proposición de ley, el PSOE fija el límite en familias cuyas rentas no superen los 1.500 euros al mes.
La propuesta socialista establece que la valoración del piso que establezca un banco para quien no pueda pagar la hipoteca no podrá ser inferior al valor fijado en el momento en que se concedió el préstamo.
Casi de forma simultánea a la presentación de esta iniciativa de los socialistas, el portavoz de Izquierda Plural ( IU, ICV, CHA), Cayo Lara, presentaba una batería de iniciativas sobre desahucios. También, el portavoz de ese grupo en el área de Justicia, Gaspar Llamazares, que pide el cambio de la ley hipotecaria para que el juez pueda establecer “periodos de carencia en el pago, ampliaciones del plazo de amortización, reducciones provisionales del tipo de interés y quitas de la deuda”. El Grupo Popular ha reconocido que al calor del debate sobre estas iniciativas pueden producirse alguna modificación de la legislación actual sobre desahucios, que está conduciendo a miles de españoles a la exclusión social.
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