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El PSOE liga la entrega de Falciani con la lucha contra el fraude

El fiscal también es contrario a la entrega de Falciani si delató a evasores

El ministerio público pide pruebas de su colaboración con las haciendas de varios países

Hervé Falcani, exempleado del banco HSCB. Ampliar foto
Hervé Falcani, exempleado del banco HSCB.

Las personas que colaboran con las autoridades en la denuncia del blanqueo de capitales están exentas de cualquier tipo de responsabilidad. También la penal. Ese es el principio general en el que se basa la fiscalía en relación con la extradición a Suiza de Hervé Falciani, el informático franco italiano que copió 130.000 cuentas de supuestos defraudadores mientras trabajó en la sede del banco HSBC en Ginebra y que luego ayudó a sistematizar y desencriptar a la justicia francesa destapando a miles de evasores de diversos países, entre ellos a 659 españoles. Los socialistas comparten el argumento: el PSOE ha pedido al Gobierno que no le expulse porque "no debe castigar a los ciudadanos que luchan contra el fraude".

El Ejecutivo "ha perdonado" a otros presuntos defraudadores con la amnistía fiscal y "no debe castigar a los que han luchado y quieren luchar contra el blanqueo de capitales y los paraísos fiscales", ha asegurado hoy el portavoz de Hacienda del Grupo parlamentario socialista, Pedro Saura. El grupo socialista ha presentado, además, una pregunta por escrito en el Congreso en la que solicita al Gobierno que informe sobre las actuaciones que va a llevar a cabo en torno a los presuntos defraudadores españoles desvelados por Falciani.

La fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a la sección cuarta de ese tribunal –la encargada de decidir sobre la extradición de Falciani, preso en la cárcel de Valdemoro desde el 1 de julio- que se aporte a la causa toda la documentación que probaría que el informático colaboró con las haciendas de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Italia y Estados Unidos, entre otros países. En caso de que esa cooperación se pruebe, se opondrá a la extradición.

En concreto, el escrito del fiscal, firmado por Dolores Delgado, reclama que entre la documentación del caso se incluya la investigación sobre el HSBC que efectuó el Senado estadounidense en la que se demostró que ese banco, uno de los más importantes del mundo, permitió a clanes de narcotraficantes mexicanos introducir dinero en EE UU y tuvo tratos con otros bancos relacionados con el terrorismo islamista.

También pide que se solicite al juzgado central de Instrucción número 4, que dirige Fernando Andreu, el expediente del caso abierto por delito fiscal contra el presidente del Santander, Emilio Botín, y algunos de sus familiares (entre ellos su hija, Ana Patricia, presidenta de la filial británica del banco) por el que todos ellos tuvieron que abonar 200 millones en impuestos impagados. La información sobre sus cuentas en Suiza partió precisamente de los datos que Falciani facilitó a Francia y que este país envió a España en mayo de 2010.

Protegido por la ley

La fiscal recuerda que la propia solicitud de extradición de Suiza -que le acusa de los delitos de servicio de inteligencia económica, sustracción de información, violación del secreto comercial y violación del secreto bancario- “afirma expresamente que la información obtenida por el reclamado [Falciani] ha sido ofrecida a diversos servicios gubernamentales extranjeros”. También refleja que “ha trabajado junto a investigadores franceses e italianos en relación con los posibles delitos cometidos a través de la entidad en la que él trabajó”.

Gracias a esa colaboración, y en caso de que se demostrara en la Audiencia, Falciani estaría protegido por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por España. Ese tratado internacional no solo establece la protección de los denunciantes tanto de actos de corrupción como de blanqueo. También “determina que el secreto bancario, en aquellos países donde existe [como Suiza], no puede ser un obstáculo en la persecución de esos graves hechos”, recuerda la fiscal Delgado.

Pero, además, en caso de que se pruebe esa colaboración, la propia ley española lo exime de cualquier responsabilidad. Tanto la ley de prevención del blanqueo de capitales como la ley de bloqueo de la financiación del terrorismo, protegen a los informadores de estos delitos, incluso si se trata de “empleados” de banca, como es el caso de Falciani.

“La comunicación de buena fe de información a las autoridades competentes por los sujetos obligados o, excepcionalmente, por sus directivos o empleados, no implicará para los sujetos obligados, sus directivos o empleados ningún tipo de responsabilidad”, establece el artículo 23 de la ley de prevención del blanqueo y el artículo 5 de la ley de bloqueo de financiación del terrorismo.

Tras copiar durante años archivos del banco en el que trabajaba, Falciani huyó a la pequeña localidad de Castellar, el último pueblo francés de la costa azul pegado a la frontera italiana. La justicia suiza solicitó a Francia que registrara su domicilio y le enviara las decenas de miles de ficheros que, durante años, había copiado en su ordenador personal. Pero la fiscalía francesa, al darse cuenta de que en ellos constaban miles de defraudadores, decidió investigar a estos últimos y entregar la información a varios países con los que tiene tratados de cooperación en materia fiscal.

Entre ellos estaba España que, gracias a la información de Falciani, abrió “el mayor proceso de regularización de la historia del fisco”, en palabras del exsecretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña. En total, los defraudadores españoles descubiertos fueron 659, según la Agencia Tributaria y la cantidad no declarada que afloró gracias a la información de Falciani pudo ascender a los 6,000 millones, según fuentes de ese organismo.

Ni Francia ni Italia, los dos países de los que tiene pasaporte, le han abierto ningún proceso por los delitos que le imputa Suiza. Las legislaciones de esos dos países impiden además entregar a sus nacionales. Pero el pasado 1 de julio Falciani cogió un barco en Sète (Francia) que hizo escala en Barcelona. Fue allí donde, en un control rutinario de documentación, la policía lo arrestó en virtud de una orden internacional de detención emitida por Berna. Desde entonces se encuentra preso en Valdemoro, a la espera de que la Audiencia decida si lo entrega a ese país o no.