La trama blanqueó entre 800 y 1.200 millones en cuatro años, según el fiscal

Productos de limpieza, menaje del hogar, plantas, pequeños electrodomésticos, papelería variada... Muchos de estos objetos a precios baratos que se pueden encontrar en cualquiera de los miles de bazares chinos abiertos en los últimos años por toda España tenían que ver con la Operación Emperador, el dispositivo de 500 policías dirigido por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y coordinado por la Fiscalía Anticorrupción que ha desmantelado este martes la que se cree es la mayor trama de contrabando y blanqueo de dinero investigada en los últimos años por ese tribunal. Desde que comenzó a ser investigada, en 2009, la trama habría blanqueado entre 200 y 300 millones de euros al año, es decir, entre 800 y 1.200 millones en cuatro años.

Las cifras son enormes. En total, las detenciones previstas eran al menos 110, casi todas de personas de nacionalidad china —aunque no solo; también hay españoles y nacionales de otros países—, de las que se habían ejecutado 80 en Madrid, Barcelona, Málaga, Murcia, Alicante, Zamora y el País Vasco. Y eso sin contar las otras 17 que estaban previstas en otros siete países entre los que se encuentran Italia, Alemania y Andorra. La cantidad defraudada podía ascender cada año a los 200 o 300 millones de euros, según reveló el fiscal jefe Anticorrupción Antonio Salinas, que aseguró en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, que había previstos 120 registros y se habían embargado más de 200 coches y más de 200 cuentas bancarias de sociedades de la trama. La rueda de prensa del fiscal, autorizada por el juez, se efectuó en medio de la operación.

Los tres clanes de los que se formaba el grupo desarticulado obtenían el dinero mediante infracciones penales cometidas en España. El objetivo era introducir grandes cantidades de mercancía —mucha de ella falsificada— procedente de China evadiendo impuestos gracias a la corrupción de funcionarios a los que pagaban comisiones y a la falsificación de los documentos de importación. Luego, el fraude fiscal se extendía a las ventas al por mayor a los distintos bazares y tiendas de Todo a 100 en transacciones por las que tampoco declaraban a Hacienda. En este tipo de venta al por mayor los pagos se suelen hacer en efectivo, lo que facilita la opacidad de las transacciones.

Al frente de todo estaba, presuntamente, Gao Ping, un empresario chino radicado en Somosaguas (Madrid) dedicado a la importación de este tipo de productos y que era a su vez muy conocido como promotor del arte chino en España y del español en China. Se trata de una persona con grandes contactos en el mundo político y artístico. De Gao y unos ocho dirigentes más dependían los tres clanes de los que estaba formada la organización y que, según sospecha Anticorrupción, actuaban coordinadamente.

La trama no declaraba las mercancías que compraban en China ni tampoco las ventas a los minoristas

Para sus operaciones necesitaban de la colaboración de algunos funcionarios públicos que les facilitarán sus relaciones con la Administración. Dentro de esta parte de la trama, fueron detenidos el concejal de Seguridad de Fuenlabrada, el socialista José Borrás —en ese municipio está el polígono industrial de Cobo Calleja y el Consistorio tenía mucha relación a través de su centro de arte con el cabecilla de la trama, Gao Ping—; un sargento de la Guardia Civil; un inspector de Policía y una funcionaria. Los investigadores sostienen que cobraron distintos sobornos a cambio de facilitar licencias (los que tienen competencia para ello) y de la actuación impune de la organización.

También fue arrestado el actor porno Nacho Vidal y su hermana, aunque su participación era menor, según fuentes de la investigación que precisan que su labor se centraba en la elaboración de facturas falsas, según esas fuentes. Ellos podrían, presuntamente, haber colaborado en el blanqueo de dinero junto a otros despachos y empresas españolas.

El epicentro de la red era el polígono Cobo Calleja, uno de los mayores de Europa y en el que se concentran cientos de empresas chinas de venta al mayor. Hasta allí se desplazaron numerosos furgones policiales alrededor de las cinco y media de la mañana del martes. A esa misma hora también entraban los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) en tres domicilios en los que residían algunos de los presuntos cabecillas de la organización. Estaban en el barrio madrileño de Legazpi, en la calle Reina Victoria y en el municipio de Getafe.

Los antidisturbios y agentes de paisano se dispersaron por el polígono y entraron las naves, muchas de ellas vacías. En el dispositivo participaron policías del Grupo de Operaciones e Intervenciones Técnicas (GOIT), especializados en abrir cajas fuertes y dobles fondos de coches. A media mañana llegaron guías caninos con perros especializados en la detección de billetes. “Son naves muy grandes y esto nos puede llevar varios días”, confesaba un agente.

La trama manejaba grandes cantidades de dinero en efectivo que fluía a través de los miembros de la organización en coches, furgonetas y maletines. La función de algunos de los detenidos consistía en llevar personalmente entre su equipaje el dinero a China. Otra parte se enviaba en contenedores que partían desde puertos españoles. Solo en los registros efectuados por la policía, los agentes se incautaron de al menos seis millones de euros en efectivo, según los investigadores. Aún esperan encontrar más. Mediante el auxilio de algunos despachos de abogados, otra parte del contante salía hacia diversos paraísos fiscales desde donde, periódicamente, se transferían fondos a la rama china de la organización enclavada en ese país.

La red introducía miles de productos en bazares

El resto se blanqueaba mediante todo tipo de actividades ilícitas en España. Entre estas se encontraba la prostitución o el destino de los fondos a casinos ilegales. La red contaba también con un sistema de préstamo informal para ciudadanos y pequeños comerciantes chinos a los que coaccionaban y amenazaban para cobrar con los intereses que ellos mismos establecían. Los agentes se encontraron además con decenas de trabajadores que trabajaban en las naves industriales sin contrato de trabajo y sin residencia legal en España.

Anticorrupción imputa a los cabecillas de la red los delitos de pertenencia a organización criminal, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Pero también los de cohecho (sobornos a funcionarios), falsedad (en los documentos de importación de mercancía), contrabando, delitos contra la propiedad intelectual e industrial (derivados de las falsificaciones), coacciones y amenazas (a los inmigrantes a los que prestaban dinero). Y por el empleo de mano de obra irregular.