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OPINIÓN

En la dirección equivocada

La separación de Cataluña de España parece estar produciéndose ya, y a una velocidad extraordinaria al menos en el terreno de la opinión pública

No sé cuál será el grado de fiabilidad de la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat tras el último debate de política general en el Parlament, dada a conocer el jueves, pero me temo que puede ser un buen indicador del avance del proceso de secesión de Cataluña de España. La imagen electoral resultante de la encuesta, de confirmarse o de no alejarse de ella en las elecciones del 25-N, daría como resultado un sistema político que no sería recognoscible, por utilizar la terminología del Tribunal Constitucional en la definición del núcleo esencial de los derechos fundamentales, como una parte del sistema político español. Si la composición del Parlamento es o se aproxima a la que prevé la encuesta, el sistema político catalán no podría ser considerado un subsistema dentro del sistema político español, sino que tendría que empezar a ser considerado como uno distinto.

Desde el momento fundacional del 15 de junio de 1977 hasta hoy, los resultados de las elecciones en Cataluña no se han desviado de lo que podría considerarse la norma española hasta el punto que la expresión política de la sociedad catalana no pudiera considerarse como una parte de la expresión política de la sociedad española. Ha habido singularidades, sin duda, en la expresión política de la sociedad catalana, pero no se ha producido un divorcio político de Cataluña de España. Más bien habría que decir lo contrario. La convivencia no ha estado exenta de tensiones, pero sin que en ningún momento se haya llegado a un punto próximo a la ruptura, que tuviera un reflejo en el ejercicio del derecho de sufragio. De ahí que el catalanismo político haya tenido una presencia notable y casi ininterrumpida en la dirección política de la sociedad española desde 1977 hasta hoy. Y de ahí también que los partidos estatales españoles hayan estado muy presentes en la dirección política de la sociedad catalana también de manera ininterrumpida.

Si la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió apunta en una dirección acertada, las elecciones del 25-N serán las primeras en las que se exprese un divorcio electoral de Cataluña de España. Una distancia del 26,3% del censo electoral de CiU al 3,1% del PSC y 2,8% del PP, que quedan relegados a la cuarta y quinta posición por detrás de ERC (5,9%) e Iniciativa (3,4%), convertiría a los partidos de gobierno de España en marginales en Cataluña, es decir, en partidos irrelevantes en cuanto partidos catalanes, limitados a incidir “desde el exterior”.

La separación de Cataluña de España parece estar produciéndose ya, y a una velocidad extraordinaria, en el terreno de la opinión pública. La distancia entre la expresión política de la sociedad catalana con vocación de separación respecto de la que pretende seguir siendo parte de España, empieza a ser brutal. De confirmarse, podríamos entrar en un proceso difícilmente reversible.

Si el sistema político catalán empezara a moverse en clave casi exclusivamente catalana, completamente separado de la clave en que se mueve el sistema político español, la distancia entre el primero y el segundo no haría más que aumentar. Si los partidos estatales no son reconocidos electoralmente como partidos catalanes por el cuerpo electoral, el camino hacia la secesión se podría convertir en un camino sin retorno.

Me temo que el presidente del Gobierno y la mayor parte de los dirigentes del PP no son conscientes de la magnitud del problema. De lo contrario no se entiende que no se les haya ocurrido que tenían que estudiar primero y poner en práctica después una estrategia que permitiera contener el avance de la secesión catalana. Los mensajes que se están transmitiendo tanto por el presidente como los ministros o los dirigentes del partido van siempre en la dirección equivocada. Tienden a reducir el espacio de los partidos estatales en Cataluña y a aumentar el de los partidos nacionalistas. ¿Cómo es posible que se haya podido producir una intervención en el Pleno del Congreso como la del ministro Wert en esta misma semana y cómo es posible que, una vez producida, el presidente del Gobierno no lo haya desautorizado y lo haya cesado de manera fulminante? ¿A nadie se le ha ocurrido en el PP que hay errores “colosales”, (Enric Juliana, La Vanguardia, 11 de octubre), que no se pueden siquiera cometer y que, de producirse, tienen que ser corregidos de manera inmediata?

Me gustaría equivocarme, pero mi impresión es que los pasos que se están dando apuntan en la dirección equivocada para la conservación de la unidad política de España.