Ruz confirma sus tesis pero excluye del procesamiento a García Hidalgo

Queda fuera del caso el exdirector general de la policía, Víctor García Hidalgo. Pero el caso Faisán, el chivatazo al aparato de extorsión de ETA que frustró su desmantelamiento por la policía el 4 de mayo de 2006, en pleno proceso de paz con la banda, ha resucitado de las dudas e incertidumbres en las que lo sumió la Sala de lo Penal el pasado noviembre. Tras esa resolución, aprobada por unanimidad y que encontró “inconsistencias relevantes” en la investigación de Pablo Ruz, el juez de la Audiencia Nacional ha vuelto a procesar al inspector de la brigada de Información de Vitoria, José María Ballesteros, y al exjefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamies, por los delitos de colaboración con organización terrorista y revelación de secretos.

El nuevo procesamiento llega solo dos días después del informe del fiscal que, a pesar de que no hacía ninguna alusión a los delitos que se les pudieran imputar, dejaba fuera del caso a García Hidalgo al no encontrar nuevas pruebas contra él, como exigió la Sala en el duro auto que desmontó la investigación que ahora Ruz acaba de impulsar. La posición del fiscal durante la investigación es que el chivatazo existió, pero no constituyó un delito de colaboración con organización terrorista, ya que esa no era la intención de los agentes imputados. Sin ese delito, el caso debería pasar a los juzgados de Instrucción de Irún (Gipuzkoa), el lugar donde tuvo lugar la delación.

La implicación de cada uno de ellos, según la hipótesis defendida por Ruz es la siguiente: Ballesteros, destinado en Vitoria, se desplazó ese día hasta el bar Faisán de Irún, situado frente a la frontera francesa, para encontrarse con el encargado del establecimiento y miembro del aparato de extorsión Joseba Elosua. Cuando lo encontró, le pasó su teléfono móvil a través del cual conversó con el jefe superior Pamies. Este le avisó de que estaba siendo vigilado por la policía y le advirtió para que frustrara la próxima entrega de dinero del impuesto revolucionario (18.000 euros) que tenía previsto entregar en su bar a su compinche José Antonio Cau. El soplo se descubrió al intervenir los agentes la conversación que Elosua mantuvo en su coche con su yerno Carmelo Luquín poco después.

El nuevo auto de procesamiento llega después de que el juez haya ordenado todas las pruebas que la Sala consideraba necesarias para alicatar su investigación. Al tumbar el anterior, la Sala de lo Penal puso en cuarentena las pesquisas del equipo investigador nombrado por el primer instructor del caso, Fernando Grande-Marlaska, y después ratificado por Ruz al advertir de que podía estar contaminado, por estar formado por algunos de los agentes que debían ejecutar la operación antiterrorista que el soplo frustró. Para salvar ese obstáculo, Ruz encargó a la Guardia Civil que revisara toda la investigación policial y los agentes del instituto armado confirmaron su validez.

El juez también descarta que el chivatazo se hubiera podido efectuar a través de teléfono satelital gracias a dos informes periciales de ingenieros de telecomunicaciones de las universidades Politécnica y Carlos III de Madrid en los que se subrayaba “su imposibilidad técnica” y el “llamativo despliegue que exigiría su uso”. “Para responder o establecer comunicación, los teléfonos satélite deben utilizar espacios abiertos y con línea de visión directa con el satélite por la gran atenuación que sufre la señal al atravesar suelos, paredes y ventanas del edificio”, decía uno de esos informes.

La Sala también reprochó a Ruz que solo hubiera investigado las llamadas salientes y no las entrantes a través de los repetidores de telefonía que dan cobertura a la zona del bar Faisán. Tras indagarlas, el juez llega a la conclusión de que todas ellas estaban “desvinculadas de cualquier nexo con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en consecuencia, de los propios hechos investigados”. De igual modo, basándose en las apreciaciones de la Guardia Civil, descarta que el análisis de las llamadas efectuadas a través de los repetidores de compañías francesas que alcanzan ese territorio fronterizo puedan aportar otras “posibilidades de autoría”.

Ahora, lo previsible es que las defensas de Ballesteros y Pamies recurran el auto por el que se les vuelve a procesar. Será entonces la Sala la que vuelva a tener la última palabra. Su presidente, Fernando Grande-Marlaska, no podrá formar parte del tribunal al haber sido el primer instructor del caso cuando ocupaba el Juzgado Central de Instrucción 5 en sustitución de su entonces titular, Baltasar Garzón. Lo más probable es que la sección segunda sea la que dirima los recursos, salvo que la más de la mitad de los magistrados de la Sala pida que sea de nuevo el pleno el que se pronuncie.