La guardia más penosa

Hace un año, José Luis Rodríguez Lainz era el juez de guardia en Córdoba. Hasta su despacho del Juzgado de Instrucción número 4, llegó un caso extraño. Inusual. Un padre denunciaba que sus dos hijos, de seis y dos años, se habían perdido el 8 de octubre de 2011 en el parque Cruz Conde. Sus hijos se llamaban igual que sus progenitores, Ruth y José.

Hoy, el padre de los niños, José Bretón, está en prisión preventiva, acusado del doble asesinato de sus hijos. Pero hasta llegar a ese punto, el caso ha sufrido una fuerte transformación interna, derivada de un error en un análisis clave: el de los restos óseos hallados la misma noche en que desaparecieron los pequeños. Unos huesos que primero fueron identificados como pertenecientes a animales y luego a niños de las mismas edades de Ruth y José.

Paralelamente, la investigación del caso —que hoy cumple un año— ha convertido en una celebridad al magistrado encargado de su instrucción, José Luis Rodríguez Lainz, el mismo que estaba de guardia en aquel 8 de octubre de 2011. Rodríguez Lainz tiene fama de escrupuloso y de no dejar cabos sueltos. Pero en este caso, el más complicado y mediático de su carrera, los cabos sueltos han sido su pan de cada día.

Hoy sabemos que un error de una médico forense de la policía científica enfangó la investigación. El hallazgo de unos huesos que la policía halló al poco de producirse la desaparición de los niños en una finca propiedad del padre, José Bretón, a las afueras de Córdoba, en el polígono de Las Quemadillas, hizo que todos resolviesen la ecuación de manera fácil e inmediata. Bretón había matado a sus hijos y los había hecho desparecer en la hoguera.

Era fácil. El sospechoso era un padre despechado, a quien su esposa, Ruth Ortiz, acababa de abandonar. Era extraordinariamente frío, apenas estaba impactado por la pérdida de sus pequeños bajo su custodia aquel fin de semana y su coartada era endeble. La idea de que hubiese hecho eliminar los cuerpos de los niños en aquella cámara incineradora casera (armada de una simple mesa) fue inmediata. Rodríguez Lainz y la policía lo tenían claro. Pero los resultados negativos de los primeros análisis forenses marcarían el largo año de instrucción que se avecinaban. El togado siempre tuvo entre ceja y ceja grabado el nombre de Las Quemadillas. Todas las pistas de la desaparición de Ruth y José recalaban en esa finca de 10 hectáreas que habían comprado los abuelos paternos de los niños y donde José Bretón pasó jornadas enteras antes de que sus hijos se esfumasen. Pero los distintos autos que redacta el juez a lo largo de la instrucción reflejan sus dudas acerca de lo que pudo ocurrir. Descartado el hecho de que su padre hubiese incinerado a los dos hermanos —como finalmente parece que pudo ocurrir— el instructor empieza a soltar cebos a diestro y siniestro en sus pesquisas, a la espera de que alguno dé con la presa correcta. Así, especula con la implicación de una tercera persona en el caso, abre la posibilidad de que se trate de un secuestro o retención ilegal y se decanta finalmente por el asesinato y la ocultación de los cuerpos en un zulo. Sin escatimar medios, el juez ordena que varios técnicos especializados en el uso de georradares —una tecnología capaz de analizar los estratos del suelo en busca de irregularidades artificiales— escruten áreas enteras de la parcela en busca de esa probable tumba. Los dos inmuebles también son prospectados, agujereados y analizados. Siempre sin resultado.

Y todos pasan una y otra vez por encima de la hoguera que primero despertó sus sospechas. En verano, cuando el caso parece entrar en punto muerto, Luis Avial, dueño de la empresa privada de georradar, comenta a la familia de la madre de los niños la posibilidad de buscar una segunda opinión sobre los huesos encontrados entre las brasas. El juez da su visto bueno. El análisis del forense, Francisco Etxeberria, —y el de una decena de técnicos— es más que concluyente: los restos recogidos hace casi un año eran huesos de niños de edades coincidentes con las de Ruth y José.

Aquello sirvió para que el juez cambiase la acusación contra Bretón, de desaparición forzosa de menores al doble asesinato con el agravante de parentesco. Pero esa aparente resolución del caso no le privó de seguir apretando las tuercas al entorno de la familia paterna, acosada por la presión social y mediática, que le acusan —basándose en los autos del juez— de manipular información en favor del acusado. Pero en ningún momento les imputa nada.