La decisión de Pedraz desinfla el delito contra el Estado de 35 detenidos el 25-S

Los arrestados, tras el auto del tribunal, recurren la decisión de la juez de Madrid de imputarles esa infracción e inhibirse en favor de la Audiencia Nacional

Salida de los detenidos por la manifestación del 25-S de los Juzgados de la plaza de Castilla.
Salida de los detenidos por la manifestación del 25-S de los Juzgados de la plaza de Castilla.SANTI BURGOS

La decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de archivar la causa contra los promotores del 25-S tendrá un efecto en la suerte de los 35 detenidos durante las manifestaciones celebradas ese día bajo el lema Rodea el Congreso. De ellos, 34 fueron imputados por la titular del juzgado de instrucción número 8 de Madrid por delitos contra las altas instituciones del Estado, entre otras infracciones penales, y la juez se inhibió y envió el procedimiento a la Audiencia Nacional, la competente para juzgar estos delitos.

Los abogados de los arrestados presentarán hoy un recurso de reforma contra esa decisión, y la magistrada tendrá que resolver con el auto de Pedraz encima de la mesa: una resolución que afirma que el 25-S nadie trató de asaltar el Congreso, que la Cámara funcionó con total normalidad y que la policía había exagerado la gravedad de la convocatoria.

Uno de los argumentos principales de la juez de Madrid para enviar el asunto a la Audiencia fue, precisamente, que el atestado policial había sido “consecuencia y continuación” de otro previo que había dado origen a la causa abierta en ese tribunal.

“Hubo una convocatoria de concentración de ciudadanía ante el Congreso de los Diputados coincidiendo con la celebración de la sesión plenaria del mismo, con el fin de exigir una destitución y ruptura del régimen vigente, etc.”, indica también el auto. “El día de la convocatoria la policía protegía el Congreso de los Diputados y el derecho a que los diputados ejercieran libremente sus funciones, originándose los altercados e incidentes con los ciudadanos, los cuales pretendían rebasar el perímetro de seguridad del Congreso, rebasando vallas y enfrentándose por ello con los funcionarios de la policía”. Por todo ello, la magistrada cree que los hechos “podrían encuadrarse en un presunto delito contra las instituciones”, y envía el procedimiento a la Audiencia Nacional.

El caso de estos 35 detenidos ha ido de un juzgado a otro. La policía envió primero el atestado a la Audiencia Nacional, pero Pedraz entendió que si la calificación de los hechos que hacía la propia policía no incluía un delito contra las instituciones, la Audiencia no tenía nada que decir.

En el atestado que recibió la Audiencia Nacional, y más tarde el juzgado de Instrucción, aparece como “calificación policial del hecho denunciado” la siguiente: “resistencia, desobediencia, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos”. Es decir, la Policía, a pesar del interés del Ministerio del Interior por acusar por este delito a los que trataron de saltar la valla, no incluyo el delito contra las Instituciones del Estado.

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En esa documentación, que se envió a Pedraz sí se informaba de que “a lo largo de la concentración” se habían producido “diversos incidentes ocasionados por el intento de rebasar el perímetro de seguridad establecido en el Congreso de los Diputados, así como impedir a Sus Señorías abandonar el hemiciclo [estas dos últimas circunstancias, en negrita], el lanzamiento de objetos a la fuerza policial actuante, así como agresiones directas a los agentes, todo ello perpetrado de numerosos elementos radicales presentes entre los concentrados”.

Con la negrita, la policía insinuaba los posibles delitos contra las instituciones del Estado: rebasar el perímetro de seguridad del Congreso e impedir a Sus Señorías abandonar el hemiciclo. Pero el juez Pedraz consideró que no había tal infracción.

El asunto fue entonces al juzgado de guardia de Plaza de Castilla, el de instrucción número 8. La juez, tras tomar declaración a los detenidos, dictó dos autos: uno de prisión eludible bajo fianza de 1.000 euros para uno de ellos, al que imputaba desórdenes públicos y atentado; y otro colectivo para los otros 34 en el que indicaba que había “motivos bastantes” para considerarlos “responsables criminalmente” de atentado, resistencia y delito contra las instituciones del Estado. El 1 de octubre dictó un nuevo auto inhibiéndose del asunto en favor de la Audiencia Nacional con respecto a los 35 detenidos.

Tras el recurso de reforma de los letrados, la juez tendrá ahora que decidir si, a la luz del auto de archivo dictado ayer por Pedraz, sigue pensando lo mismo.

Sobre la firma

Mónica Ceberio Belaza

Directora adjunta de EL PAÍS, responsable de fin de semana y de la organización de la Redacción. Especializada en temas sociales y jurídicos, contó en exclusiva los encuentros entre presos de ETA y sus víctimas. Premio Ortega y Gasset 2014 por el especial 'En la calle, una historia de desahucios'. Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas.

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