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La Audiencia de Castellón rebaja la fianza a Fabra de 4,2 a 3,2 millones de euros

El tribunal desoye a la fiscalía y a la abogacía del Estado y atiende la petición del dirigente del PP

Carlos Fabra, en una imagen de archivo.
Carlos Fabra, en una imagen de archivo.

La Audiencia de Castellón ha decidido contravenir también la decisión del titular del juzgado número 1 de Nules, que instruye el caso Fabra, sobre la fijación de la fianza impuesta al expresidente del PP y expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. La sección primera de la Audiencia ha decidido admitir el recurso presentado por el popular y rebajarla de 4,2 millones de euros a 3,2. Fabra está acusado de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales ya que, según los peritos de Hacienda, el matrimonio Fabra defraudó 1,5 millones de euros.

En su auto, el tribunal reconoce que la fijación de las fianzas se establecen “con total libertad dentro de los límites establecidos en la ley, sin que exista algún requisito por el que dicha multa deba ser impuesta únicamente en el tanto de la cuantía defraudada”. Sin embargo, sostiene que el juez de Nules realizó un cálculo haciendo un promedio de las valoraciones que se pedían las acusaciones “pero no dice cuáles son las cifras sobre las que se realiza el promedio”. Y considera que la “discrecionalidad no motivada no puede ser suficiente cuando se está ante tan altas cantidades de dinero”.

La Audiencia estima así la petición realizada por el expresidente del PP y pese a que tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado mostraron su desaprobación con una rebaja de la fianza. La Fiscalía Anticorrupción pide 13 años de prisión para Carlos Fabra, dos por cada uno de los cuatro fraudes, cuatro por el cohecho y uno por el tráfico de influencias. La acusación eleva su petición de cárcel hasta los 20 años. Sin embargo, aún está por determinar si Fabra será juzgado o no por cohecho, después de un polémico enfrentamiento entre la propia Audiencia y el juez de Nules, que acabó pidiendo amparo al Consejo General del Poder Judicial.

Esta misma sección de la Audiencia fue la que instó a archivar cuatro de los cinco delitos de los que se acusaba a Fabra, una decisión que fue rebatida por el Tribunal Supremo.