Pedraz comunica a los bancos que ya no necesita los datos relacionados con el 25-S

La policía informó al juez Santiago Pedraz el pasado septiembre de que el 25 de ese mismo mes se iba a perpetrar un delito grave. Nada menos que un asalto al Congreso de los Diputados de tinte quasiglolpista. Ese es el contexto en el que el magistrado de la Audiencia Nacional imputó a ocho de sus promotores un presunto delito contra las Instituciones del Estado y en el que, seis días antes de la marcha, pidió a Triodos Bank y Caixabank las identidades de los titulares de dos de las cuentas abiertas para organizar los viajes a Madrid en autobuses procedentes de toda España, así como a los manifestantes que ingresaron dinero en esas cuentas. Esta misma mañana, Pedraz ha anulado esta última petición a los bancos al considerar que, tras el desarrollo de la marcha, no es necesaria. Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que lo ha hecho antes de que ambos entidades facilitaran esa información a la policía.

La manifestación del 25-S se saldó con 35 detenidos después de varias cargas policiales contra los asistentes porque algunos de ellos intentaron tirar las vallas que la policía había colocado a 200 metros de las puertas de la Cámara para evitar que la protesta pudiera llegar hasta allí. Interior intentó hasta el último momento que el caso de esos 35 arrestados se investigara en la Audiencia Nacional, debido a que Pedraz había abierto esas diligencias por el presunto delito contra el Estado, pero el juez rechazó hacerse cargo del caso el pasado jueves al considerar que los delitos que la policía les imputaba -resistencia, desórdenes públicos y atentado- no eran competencia de ese tribunal. La juez que finalmente interrogó a los detenidos -la titular del juzgado de Instrucción 8 de Plaza de Castilla- sí apreció sin embargo esos delitos y el lunes se inhibió a favor de Pedraz sin investigar ninguna de las conductas individuales de los detenidos.

Pero de las últimas resoluciones de Pedraz se deduce que tampoco ahora va a quedarse la causa. Además de no apreciar el delito contra el Estado, el juez ha pedido que se analice el diario de sesiones del Congreso para analizar si el pleno que se desarrollaba ese día se vio de alguna forma afectado por la actuación de los manifestantes, un requisito imprescindible para que se haya podido cometer el delito contra las Instituciones del Estado por el que abrió la causa. La reunión de la Cámara, sin embargo, transcurrió con total normalidad y en ningún momento fue interrumpida. Solo se produjeron algunas alusiones de los diputados a la protesta que se estaba llevando a cabo 200 metros más abajo, en la plaza de Neptuno.

Esta mañana, ademas, ha anulado el auto por el que solicitaba a Caixabank y Triodos Bank los datos de los titulares de las dos cuentas abiertas para contribuir a la organización de la marcha y la identificación de las personas que aportaron depósitos a esas cuentas al no considerar necesaria esa información tras conocer el transcurso de la manifestación. La anulación, según fuentes de la Audiencia Nacional, se ha producido antes de que los dos bancos facilitaran esos datos.

La resolución anulada la emitió el pasado 19 de septiembre a petición de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF). Los agentes aseguraban en su escrito que los titulares de esas cuentas y los que aportaron dinero a ellas tendrían “un papel activo en la organización de los hechos presuntamente delictivos objeto de investigación cabiendo ser consideradas las aportaciones económicas a las mismas como colaboración en dichos hechos”. Y los hechos que se imputaban eran, básicamente, los de la preparación de un asalto al Congreso.

Los ocho promotores de la manifestación imputados por Pedraz pasarán a declarar mañana por la mañana por la Audiencia Nacional. Todos ellos fueron encausados tras participar en una reunión preparatoria de la protesta el pasado 16 de septiembre. Está por ver también la decisión que toma el juez sobre los 35 detenidos de los que, según la juez de plaza de Castilla, debería hacerse cargo al haber apreciado contra ellos el delito contra el Estado que la Audiencia Nacional no contempla. En caso de que Pedraz, como se espera, vuelva a rechazar el caso, la magistrada madrileña podría plantear una cuestión negativa de competencia que debería resolver la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.