Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El juez imputa a tres nuevos empresarios en la financiación ilegal del PP valenciano

Uno cobró 570.000 euros de un alcalde popular con presuntas facturas falsas

Los supuestos pagadores de las deudas populares ascienden ya a 10

Los documentos revelan cómo uno de los nuevos imputados en la causa de financiación ilegal del PP no realizó los trabajos que sí facturó al Ayuntamiento de Vila-real. Ampliar foto
EL TESTIMONIO DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.  Los documentos revelan cómo uno de los nuevos imputados en la causa de financiación ilegal del PP no realizó los trabajos que sí facturó al Ayuntamiento de Vila-real.

El instructor de la causa en la que se investiga la presunta financiación ilegal del PP valenciano ha llamado a declarar, en calidad de imputados, a otros tres empresarios. Estos se suman a los siete que, desde julio, están acudiendo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para explicar si pagaron a Orange Market facturas que, supuestamente, corresponden a trabajos y deudas del PP. Ellos alegan que son de encargos propios realizados por la filial de la red Gürtel en Valencia.

Los tres nuevos imputados son representantes de otras tantas empresas que ya figuraban en el sumario: Pavimentos del Sureste, Vallalba y Piaf. Las dos primeras, que forman parte de un mismo grupo, aportaron a los populares valencianos, según un informe de la policía, casi 200.000 euros de forma irregular y durante la campaña de las elecciones autonómicas de 2007. Por ello, el juez ha llamado a declarar, el próximo viernes, a José Enrique Fresquet y a José Martínez.

El tercer imputado es Antonio Pons, que presidió el consejo de administración de Piaf durante los años en los que se produjeron las presuntas irregularidades. El juez llama a Pons, según señala en una providencia, “para la averiguación de unos presuntos delitos electorales cometidos en las elecciones autonómicas y locales de año 2007 y presuntas falsedades relacionadas con las elecciones generales del año 2008”. Los delitos, tal como señala el escrito, se derivan de una “posible y presunta falsedad electoral cometida por el Partido Popular, por haber podido existir presuntos pagos a la mercantil Orange Market que, siendo a cargo de la referida formación política habrían, en su caso, podido abonar diversas sociedades mercantiles, entre ellas Piaf, lo que habría sido omitido en la contabilidad electoral”. La policía le atribuye el pago irregular de 27.000 euros y por ello Antonio Pons acudirá a declarar el 14 de noviembre.

El caso es que esta no es la única vía por la que Pons está siendo investigado. La fiscalía de Castellón acaba de recibir un expediente del Ayuntamiento de Vila-real en el que figuran 36 facturas, supuestamente falsas, presentadas por Piaf a este consistorio por un importe de 570.000 euros. El expediente incluye informes de los propios funcionarios municipales que cuestionan la realización de los trabajos de todas las facturas. Incluso, en algunos casos, señalan que los trabajos que Piaf facturó fueron realizados por trabajadores municipales.

Por ejemplo, dos de las facturas se refieren al traslado de expedientes de unas dependencias municipales a otras, por las que Piaf emitió sendas facturas por cerca de 20.000 euros. Los funcionarios de esos servicios aseguran en su informe que el traslado se efectuó “con vehículo y personal” del propio Ayuntamiento de Vila-real.

Las irregularidades se destaparon con la llegada al Ayuntamiento de Vila-real del actual gobierno socialista, que se encontró con que, pasadas las elecciones y antes de que el alcalde del PP abandonara su puesto, firmó el endoso de estas facturas a un banco, pero sin contar con el visto bueno del interventor ni del tesorero, con lo que Piaf cobró y ahora el banco reclama.

El actual alcalde, José Benlloch, pidió entonces a los funcionarios de las distintas áreas en las que supuestamente se realizaron los trabajos que informaran sobre ellos y detectó que todos alegaban que o no habían sido ejecutados o habían sido realizados por los propios trabajadores municipales. El alcalde pidió un informe al secretario y este indicó que debía poner los hechos en conocimiento de la fiscalía. Ahora, la fiscalía de Castellón deberá decidir si se investiga por separado o lo acumula a la causa de financiación.