El primer retiro masivo de etarras

El 5 de junio de 1983 se sentaron a almorzar en el restaurante Café de la Paix, de París, cerca de la Ópera, los dirigentes de ETA Político-militar Juan Miguel Goiburu y Fernando López Castillo, junto con su abogado, Juan Infante; el dirigente de Euskadiko Ezkerra Javier Garayalde, Erreka; el jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista, Manuel Ballesteros, y su número dos, Domingo Martorell. Aquel encuentro, prácticamente desconocido, fue propiciado por el jefe de la lucha antiterrorista que quería “ver las caras” de los dirigentes polimilis y confirmar que su voluntad de “disolución” iba en serio. A su vez, los dirigentes polimilis querían tener garantías de que el Estado cumpliría sus compromisos con sus presos y huidos.

Pero además Ballesteros quería mantener ese encuentro para pedir a los dirigentes polimilis que escenificaran una entrega de las armas para dar credibilidad al cese definitivo de actividades de su organización. Un cese que habían anunciado meses antes, el 30 de septiembre de 1982, hoy hace exactamente 30 años.

A cara descubierta, 10 dirigentes y militantes de ETA Político-militar, entre ellos Goiburu y López Castillo, se presentaron con ese mensaje en una espectacular rueda de prensa celebrada en la localidad vascofrancesa de Biarritz, cuyo treinta aniversario coincide con el proceso terminal de la otra rama, la Militar, que ha anunciado su cese definitivo, pero tiene pendiente su disolución. Los treinta años no han pasado en balde y la celeridad con que se zanjó el proceso final de los polimilis es impensable hoy en día con los milis porque la exigencia social, plasmada en la ley, hacia los terroristas, aunque se acojan a la reinserción, ha aumentado mucho el listón.

El comisario Ballesteros propuso a los polimis que escenificaran la entrega de armas, pero estos no las tenían

En 1982, ETA Político-militar era, junto con ETA Militar, la organización terrorista más importante que operaba en el País Vasco desde que en 1974 se escindieron del tronco común. Su disolución, el 30 de septiembre de 1982, fue muy importante por ser la primera organización terrorista que se disolvía en España, por la singularidad de su final pactado —paz por presos y regreso de huidos sin contrapartidas políticas—, por la inauguración de la vía de reinserción social aplicada a ETA y porque, como señala el abogado Juan Infante, abrió la esperanza de que pudiera alentar el final de la otra rama, la Militar, que ha tardado otros 30 años en hacerlo. Un dirigente polimili, que participó en la rueda de prensa de la disolución, dice hoy que abandonaron las armas porque se dieron cuenta, entonces, que “la violencia no servía para avanzar el autogobierno vasco” y que confiaba que ETA militar siguiera el mismo camino.

Cuando Ballesteros propuso a Goiburu y López Castillo que escenificaran la entrega de las armas, le contestaron que no tenían inconveniente en hacerlo, pero el problema consistía en que ya no las tenían. Les notificaron que se las había quedado el sector disidente de los polimilis, los llamados octavos, contrarios al cese de las armas, a cambio de pisos, automóviles y dinero, que necesitaban los que habían decidido terminar con la violencia para poder subsistir hasta el regreso.

Goiburu y López Castillo sugirieron entonces a Ballesteros que no tenían inconveniente en comparecer con armas prestadas por la policía. Pero al jefe de la lucha antiterrorista —fallecido hace cuatro años— le pareció demasiado y arrinconó sus pretensiones, según el testimonio de Infante. Martorell, cuya confirmación ha pretendido EL PAIS, no ha sido localizado.

Los que querían dejarlo se habían quedado con el arsenal, pero lo habían cambiado por dinero, pisos y coches

Este pasaje, que sería impensable hoy entre representantes del actual Gobierno y los de la cesada ETA Militar, casaba con el clima de distensión que hubo en aquella reunión, que hoy se calificaría de “técnica”, y la única que celebraron dirigentes de ETA Político-militar con los principales mandos de la lucha antiterrorista.

Ballesteros, en ese clima de distensión, le comentó a Goiburu cómo estuvo a punto de detenerle en San Sebastián en septiembre de 1977 cuando el dirigente polimili rompió el extrañamiento en el norte de Europa y regresó al País Vasco, antes de la proclamación de la amnistía de ese mismo año. También les confesó el trauma que sufrió con motivo del asesinato de la joven policía nacional María Jesús Gómez Sánchez, de 23 años, el 16 de junio de 1981, por un comando de la otra rama de ETA, la Militar, al romper el cerco policial en un piso en Zarautz (Gipuzkoa).

Juan Infante, abogado en la negociación: “ Hoy es imposible una concertación como la que se produjo”

Aunque los mandos policiales no lograron su objetivo de escenificar el desarme de ETApm, la reunión no fue inútil. En esa “reunión técnica” se precisó el protocolo de reinserción de los presos y huidos polimilis, que, finalmente, ascendería a 300, y que en el plano político general —el pacto paz por presos y huidos sin contrapartidas políticas— ya estaba acordado al más alto nivel, en los contactos mantenidos entre los dirigentes de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés y Mario Onaindia, y el ministro del Interior Juan José Rosón y su director de Seguridad Francisco Laína, del Gobierno de Calvo Sotelo, de UCD.

Aquel acuerdo de paz por presos se había fraguado discretamente en los dos años anteriores, a iniciativa de Rosón, y empezó a plasmarse con una tregua de ETA Político-militar en febrero de 1981, inmediatamente después del asalto al Congreso del teniente coronel Antonio Tejero.

A su vez, el ministro socialista del Interior José Barrionuevo se comprometió a gestionar su continuidad desde que Felipe González formó gobierno en diciembre de 1982. Un acuerdo político entre Felipe González y Leopoldo Calvo Sotelo al que también había dado su apoyo el líder de Alianza Popular Manuel Fraga.

Ninguno de los 300 etarras reinsertados volvió a la violencia y rehusaron participar en la vida política

El compromiso de los polimilis se limitaba a expresar, en un documento, el rechazo a la violencia a cambio de la excarcelación de sus presos y el regreso de los huidos. Nada más. Bandrés, fallecido en octubre de 2011, solía recordar: “Fui yo el que firmó un documento asegurando que fulanito estaba en el marco de las condiciones de razón, justicia, equidad y utilidad pública que se requería para ser puesto en libertad”.

Bandrés y Onaindia delegaron la administración del proceso, en nombre de los polimilis, en dos abogados jóvenes: Juan Infante, procedente del Partido Comunista de Euskadi, recién fusionado con Euskadiko Ezkerra, y que asistió a la crucial reunión “técnica” de París, y Arantza Leturiondo, genuina de Euskadiko Ezkerra y cuñada de Onaindia, que se encargó de visitar a los presos de ETApm. Inicialmente, elaboraron un listado de 100 polimilis, 30 en prisión y 70 huidos; una vez desarrollado el proceso, que superó los dos años, llegó a ascender a 300.

Treinta años después, Infante y Leturiondo precisan que acordaron con los representantes del Gobierno tres salidas diferentes para los presos y huidos polimilis comprometidos a rechazar la violencia: a los presos pendientes de juicio se les ponía en libertad provisional bajo fianza y, posteriormente, se les concedía la absolución o el sobreseimiento; a los presos ya juzgados y encarcelados, el Gobierno tenía que concederles indultos individuales, previa petición de los mismos.

Y en el caso de los polimilis huidos al extranjero, se presentaban voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional que los tenía procesados y quedaban en libertad. Habitualmente los acompañaban sus abogados, Infante y Leturiondo, desde Francia a Madrid.

En los casos de los huidos que regresaban, los fiscales retiraban los cargos en los casos no juzgados y los jueces sobreseyeron las causas, y cuando se celebró juicio dictaron absoluciones por falta de pruebas. En la “reunión técnica” decidieron que los huidos regresaran paulatinamente, empezando por los de menor responsabilidad y dejando para el final los más comprometidos.

“La Audiencia Nacional y la policía eran quienes daban las órdenes y los permisos para que los huidos regresaran a España y se presentaran ante el juez. A veces, cuando se demoraba el proceso de regresos, yo mismo llamaba a la Audiencia y les decía que tenía el permiso de la policía y viceversa”, recuerda Infante.

El proceso tardó algo más de dos años en desplegarse desde la declaración de disolución de ETApm. López Castillo, uno de los asistentes a la reunión de París, regresó a España, medio año después, en diciembre de 1983. El otro, Goiburu, al año, en mayo de 1984. El último dirigente huido en regresar, el que tenía más causas pendientes, fue Joseba Aulestia, Zotza, en enero de 1985, poco más de dos años después de que ETApm escenificara su disolución en la rueda de prensa de Biarritz.

Hubo otro caso posterior, que hoy también sería impensable, el de Xabier Maiza, acusado de deserción del servicio militar. Como su caso se retrasaba por la burocracia militar, Maiza se presentó por sorpresa en casa de Onaindia, que, tras hablar con el general Andrés Cassinello y el gobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga, consiguió que fuera puesto en libertad.

La coordinación entre el Gobierno y el Poder Judicial se produjo a través del ministro del Interior José Barrionuevo y el titular de Justicia Fernando Ledesma. Fueron los socialistas, en el Gobierno desde diciembre de 1982, los que tuvieron que administrar el acuerdo al que llegaron el Ejecutivo de UCD con Euskadiko Ezkerra. La actuación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a cuyo frente estaba Melitiano García Carrero, fue clave.

No solo colaboraron los fiscales. También lo hicieron los jueces, la policía y hasta los medios de comunicación, que evitaban informar de los indultos de los presos polimilis condenados que aparecían publicados en el BOE. Felipe González llegaría a firmar hasta 44 indultos en el BOE entre 1983 y 1984, que “pasaron sin pena ni gloria”, según Leturiondo.

“Recuerdo que Juan Alberto Belloch, entonces juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y que estaba a favor del proceso, me comentó su temor a que algún juez desbaratara el proceso con su intransigencia. Pero no pasó. Entonces no había jueces estrella”, recuerda Infante.

La colaboración entre el poder político y judicial para facilitar ese proceso llegó a extremos hoy impensables. Así, en diciembre de 1983, durante la declaración en la Audiencia Nacional de dos dirigentes polimilis regresados del exilio, el juez les preguntó si admitían los hechos que se les atribuían. Según el protocolo acordado, tenían que negarlos. Pero ante la ausencia en ese momento de su abogado, ignorantes del protocolo, admitieron los hechos. El juez se dirigió a la taquígrafa y le dijo: “Ponga que han dicho que no”.

En otra ocasión, recuerda Infante, el policía jefe de la Audiencia Nacional informó de que uno de los polimilis que regresaba del exilio tenía otra causa pendiente en el Juzgado de Bergara (Gipuzkoa), un atraco, que no se había tenido en cuenta. Infante alertó de que, si ingresaba en prisión los dirigentes polimilis se negarían a regresar por falta de garantías. Pidió la intervención del ministro del Interior, que arregló el entuerto.

También recuerda cómo a muchos polimilis que pasaban por la Audiencia Nacional les pedían fianzas y a veces, al no disponer del dinero suficiente y echarse encima el fin de semana, para evitar que el etarra regresado quedara arrestado, pagaba con un talón sin fondos, con el compromiso de satisfacer la deuda el lunes.

Ramón Jáuregui, como delegado del Gobierno en el País Vasco de diciembre de 1982 a 1987, confirma cómo los socialistas continuaron los compromisos del Ejecutivo de UCD con los polimilis. Como participante del proceso valora “la decisión de los polimilis de abandonar las armas en aquel momento”. “En los ochenta era aún muy importante el calado de la subcultura de la violencia en el País Vasco. Los polimilis que se reinsertaron fueron tildados de traidores por ETA Militar y Herri Batasuna”. Y que ETA Militar asesinó a dos de sus antiguos militantes que optaron por la reinserción en aquella época: Dolores Catarain, Yoyes, y Mikel Solaun.

Jáuregui revela cómo él mismo, en 1981, siendo secretario general de la UGT vasca, tuvo un encuentro en la localidad vascofrancesa de Hendaya con Fernando López Castillo y Joseba Aulestia, Zotza. “Estos querían saber si la democracia y el autogobierno vasco iban en serio. Tenían muchas dudas y yo intenté aclarárselas. Ya se les veía la voluntad de buscar argumentos para terminar”, comenta.

Juan Infante, el abogado que administró el proceso en representación de los polimilis, explica así algo increíble hoy día: “Aquella fue una situación irrepetible. Estábamos en los primeros años ochenta. Era un rebufo de la Transición. La amnistía estaba aún reciente, y es verdad que ETApm había cometido 16 asesinatos desde la amnistía de 1977. Pero en aquellos momentos la presión del terrorismo era tremenda y existía el riesgo de un golpe de Estado, como lo confirmó la intentona del 23-F. En 1980 hubo casi un centenar de asesinatos, la inmensa mayoría de la otra rama de ETA, la Militar. Pensábamos tanto el Gobierno de UCD y luego el PSOE como Euskadiko Ezkerra que impulsar la reinserción social a los polimilis podía facilitar el final de ETA Militar, la otra rama más beligerante, que, desgraciadamente, ha tardado 30 años más en terminar. También ayudó la contundencia de la disolución de los polimilis, en una rueda de prensa, a cara descubierta. Eso facilitó un acuerdo político, que se extendió a fiscales, jueces, policías y medios de comunicación, que apoyaron la fórmula de reinserción de los etarras sin contrapartidas políticas que se inauguró entonces”.

Infante cree que ese proceso es irrepetible hoy porque en estos 30 años, desde la disolución de los polimilis, “ETA Militar ha cometido muchos más crímenes y tan terribles que no solo las víctimas del terrorismo, que entonces apenas estaban organizadas, sino que una mayoría de la sociedad no toleraría la reinserción tan generosa de los polimilis. Hoy no es posible una concertación como la que entonces hubo para que policías, jueces, fiscales y medios de comunicación miraran hacia otra parte, incluidos delitos de sangre, para facilitar el final”.

Bandrés y Onaindia lamentaron años después que en aquel proceso no se hubiera informado a las víctimas del terrorismo, recuerda Infante. La única queja que procedió de las víctimas fue por las imágenes eufóricas de algunos polimilis que festejaban su regreso. El ministro Barrionuevo se hizo eco de las quejas y pidió a los abogados que evitaran las escenas de regocijo.

Jáuregui comparte que aquella situación es irrepetible. Pero ve algo en común con la situación actual, el final de ETA Militar. “El papel de Euskadiko Ezkerra fue clave en el final de ETApm. Y hoy resulta también muy importante el papel de la izquierda abertzale para canalizar el final de ETA Militar. Ya sabemos que la causa del final está en el acoso policial, judicial y social. Pero debemos ser inteligentes y asumir que la izquierda abertzale canalice ese final por la vía política, aunque sea injusto que se beneficie de la prima del fin de la violencia. Y es que el fin de ETA —lo fue con los polimilis— no puede ser de otra manera”.

Hace 30 años fue clave la iniciativa de Rosón, ministro del Interior del Gobierno de UCD, de encontrarse con Onaindia, secretario general de Euskadiko Ezkerra, en el verano de 1980, y sondearle la posibilidad de un fin. Rosón ya sabía que Onaindia quería que los polimilis cesaran.

Para Onaindia era imposible que Euskadiko Ezkerra defendiera a una organización armada cuando había asumido la democracia. Desde la amnistía de 1977, ETApm había cometido 16 asesinatos, y le habían afectado especialmente los atentados indiscriminados en las estaciones de Chamartín y Atocha, en el verano de 1979, y la campaña de asesinatos contra dirigentes de UCD en 1979 y 1980.

Rosón, que lo sabía, le ofreció a Onaindia lo único que podía en aquellos momentos: un acuerdo de paz por presos y el regreso de huidos sin contrapartidas políticas. Aquello fue el origen de todo.

Onaindia, que enseguida implicó a Bandrés en los contactos con Rosón, trató de lograr que su partido reclamara una tregua a ETApm como primer paso para su disolución. Lo logró el 15 de febrero de 1981, a sabiendas de que numerosos polimilis, con los que multiplicó los contactos por todas las vías, asumían que la violencia era un obstáculo para el avance del autogobierno y la democracia.

La tregua se materializó el 27 de febrero, cuatro días después de que Tejero asaltara el Congreso. Tras ella, la abogada Arantza Leturiondo empezó a visitar las cárceles para tratar de convencer a los polimilis de que asumieran la reinserción con el rechazo expreso de la violencia.

Visitó a los 50 polimilis encarcelados en Carabanchel, donde estaba el núcleo principal; en Barcelona, Soria y Nanclares. “Al comienzo predominaba el escepticismo. No se creían que el Gobierno estuviera dispuesto a la excarcelación”, recuerda Leturiondo.

La desconfianza entre los presos tenía mucho que ver con la fisura creada en el seno de ETApm, donde surgió un núcleo contrario al proceso, encabezado por Txutxo Abrisketa. La división se materializó en la VIII Asamblea, celebrada en febrero de 1982 en Las Landas (Francia).

Antes, los partidarios de terminar se adelantaron, vaciaron los zulos y se quedaron con las armas. Después, las negociaron con los partidarios de seguir a cambio de pisos, automóviles y dinero para resistir hasta el regreso a casa.

La situación de desconfianza entre los presos polimilis y hacia el proceso en general cambió sustancialmente por un gesto que tuvo el Gobierno, presionado por Onaindia y Bandrés, que lo veían en peligro ante la actitud cada vez más beligerante del sector crítico. El 11 de diciembre de 1982, a los nueve días de su toma de posesión como presidente, Felipe González, de acuerdo con su predecesor, Calvo Sotelo, firmó el indulto de Víctor Garay, un preso polimili condenado a 38 años de cárcel por tres atracos y con mal expediente carcelario.

Este indulto, firmado por el Gobierno a los tres meses de la disolución formal de ETApm, fortaleció el proceso y propició que en junio de 1983 se celebrara la reunión técnica de París, que fijó la hoja de ruta que culminó su recorrido en dos años, en 1985.

Infante y Leturiondo recuerdan como un éxito del proceso el que ninguno de los 300 beneficiados regresara a la violencia. “Todos se reinsertaron sin problemas e incluso no quisieron participar en la vida política de modo activo, aunque lo podían haber hecho en Euskadiko Ezkerra”.

También consideraba entonces un éxito aquel proceso Jaime Mayor Oreja, último delegado del Gobierno de UCD en Euskadi, que, pese a que algunos de sus compañeros fueron asesinados por ETApm, mantuvo relaciones amistosas con alguno de los dirigentes polimilis reinsertados.

Aunque las circunstancias del fin de ETApm en 1982 son distintas de las de 2012, con una ETA Militar en cese definitivo, pero pendiente de disolución, se pueden extraer claves de ambos procesos. Tienen en común la no exigencia de contrapartidas políticas y el papel del partido como desagüe de la banda armada. La izquierda abertzale lo logró al imponerse a ETA Militar en 2.010, 30 años después que Euskadiko Ezkerra a los polimilis. “También sigue reconocida por la Constitución la reinserción de los presos frente a la venganza, aunque hoy el nivel de exigencia social que recoge la ley es mucho mayor que en 1982. No han pasado en vano 30 años de asesinatos, con más de 550 familias destrozadas que se sumaron a las 300 que había en 1982”, señalan Infante y Leturiondo.