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Intervención advirtió tres veces de las irregularidades de Gürtel en Valencia

La Generalitat siguió con las adjudicaciones sin cumplir la ley y pese a los avisos

Un informe desvela la continuidad en el trato de favor a Orange Market

Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de Orange Market. Ampliar foto
Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de Orange Market.

Mientras por el juzgado siguen pasando cargos políticos y técnicos que defienden su gestión en la contratación de la filial valenciana de la red Gürtel, Orange Market, con la Administración autonómica, el juez ha recibido un informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana en el que señala que las auditorías advirtieron hasta en tres ocasiones de las irregularidades en los contratos firmados con motivo de la Feria de Turismo (Fitur), entre 2005 y 2009. En total, la red corrupta se embolsó por estas ferias cerca de cinco millones de euros.

El informe, fechado en agosto, fue requerido por la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que investiga la presunta financiación ilegal del PP. Y señala que en la auditoría de cumplimiento de la legalidad respecto a 2005 se detectó una ampliación de contrato por un total de 90.000 euros, por el que ya se puso de manifiesto la “inexistencia de la aplicación de un procedimiento de contratación, conculcando los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación” que deben regir en la contratación pública.

Lo mismo ocurrió con otros expedientes por un valor global de más de 500.000 euros, sobre los que se advirtió que se habían hecho “por contratación directa, no habiendo dispuesto contrato formalizado con los mismos”. Y volvió a pasar en 2006, cuando se adjudicaron, también de manera directa, otros 626.000 euros “no habiendo dispuesto del contrato formalizado con los mismos”.

La auditoría avisó de la adjudicación, en 2005, de 590.000 euros sin publicidad

Sobre los expedientes revisados en 2009, el último año que la Generalitat valenciana adjudicó el expositor de Fitur a la trama Gürtel y el mismo en el que se inició la investigación judicial, el informe no señala irregularidades específicas, pero sí indica que los expedientes revisados se adecuaban “razonablemente” a la ley de contratos y garantizaban “en términos generales” los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación.

Pese a las advertencias de las auditorías, que comenzaron en 2005, a la vez que las adjudicaciones para la feria Fitur a Orange Market, la Administración pública valenciana, entonces presidida por Francisco Camps, siguió con las irregularidades. Estas han llevado a comparecer ante el juez a los responsables de la red, a los responsables políticos de las instituciones que promovían esas adjudicaciones (la Agencia Valenciana de Turismo) y a los técnicos encargados de los contratos, que también están imputados.

Y esto es solo una parte de la causa abierta, en la que también se investiga la supuesta financiación ilegal del PP valenciano para averiguar si los populares valencianos cometieron alguna ilegalidad durante las campañas electorales de 2007 (autonómicas) y 2008 (generales). La policía sostiene que la trama Gürtel desvió parte de las deudas del PP a empresarios y que fueron estos quienes corrieron con los gastos electorales. De hecho, el informe de la Sindicatura de Cuentas, que auditó los gastos de los partidos políticos, ya señaló que existían facturas de Orange Market al PP, por valor de 175.000 euros, por las que la empresa no había certificado los servicios prestados.

El TSJCV tiene además que determinar si es competente para seguir la investigación de la visita del Papa, un pelotazo por el que la trama se embolsó unos tres millones de euros.

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