Si el Tribunal de Karlsruhe estuviera en Barcelona

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) es uno de los escasos organismos con sede en Barcelona en los que el adjetivo “nacional” no se refiere a Cataluña sino a España. En efecto, la CMT es la Autoridad Nacional de Regulación del sector de las telecomunicaciones en España. El Gobierno de Zapatero decidió trasladar su sede de Madrid a Barcelona en 2005, cuando era ministro de Industria José Montilla, luego presidente de la Generalitat. La decisión provocó considerable revuelo: su entonces presidente, Carlos Bustelo, dimitió; y la Comunidad de Madrid y los representantes de los trabajadores recurrieron al Supremo. Si existió alguna vez, el plan de llevar a Cataluña parte de las instituciones del Estado se frenó en seco.

El nacionalismo catalán, al contrario que el vasco, ha respondido históricamente a dos impulsos contradictorios: por un lado, la tendencia a la separación; por otro, la rivalidad con Madrid por el liderazgo de España. La máxima expresión de esta última tendencia es la Liga de fútbol.

Aunque sea a regañadientes, los gobiernos españoles han ido cediendo crecientes cotas de poder a Cataluña en la administración de sus propios asuntos, pero raramente han accedido a compartir la gestión de los asuntos de todos. El resultado ha sido la percepción de Cataluña en el resto de España como una comunidad que solo piensa en sí misma. Y a la inversa: la idea dominante en Cataluña de que Madrid le niega lo que es suyo.

En los 35 años de la actual etapa democrática nunca ha habido un presidente de Gobierno catalán. La llamada “operación Roca”, el intento por llevar a la Moncloa al nacionalista Miquel Roca, en alianza con los liberales españoles, fracasó estrepitosamente en los ochenta. Más recientemente, Carme Chacón perdió contra Alfredo Pérez Rubalcaba la pugna por la Secretaría General del PSOE. De manera abierta o velada, en ambos casos se esgrimió como inconveniente su condición de catalanes.

El democristiano Josep Antoni Duran Lleida nunca ocultó su ambición por ser ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, en un hipotético gobierno de coalición con el PSOE o el PP, pero unos y otros prefirieron comprar el apoyo de los nacionalistas catalanes con mayores cuotas de autogobierno para Cataluña que comprometerlos seriamente en la gobernación de España.

Tampoco ha habido en la etapa democrática un catalán al frente del Congreso o del Senado. La normalización del uso del catalán y de las otras lenguas del Estado en los debates del Senado, la cámara de representación territorial por excelencia, desató una feroz campaña en la prensa de la derecha ridiculizando el derroche que suponía la traducción simultánea.

Más allá de los discursos oficiales y de algunos premios literarios, no se ve al catalán como patrimonio común de todos los españoles. Se ha asumido la idea de los nacionalistas catalanes de que es la lengua “propia” de Cataluña, y por tanto ajena al resto de España. En las universidades españolas brillan por su ausencia los departamentos de filología catalana y de las demás lenguas españolas diferentes al castellano.

Es imposible demostrarlo, pero si el Tribunal Constitucional hubiera tenido su sede en Barcelona es probable que la sentencia sobre el Estatut no hubiera sido la misma. Incluso con los mismos magistrados e idéntico ordenamiento jurídico, se habrían podido limar algunas aristas de la sentencia que parte de la sociedad catalana sintió como un menosprecio. El clima socio-político de Barcelona no es el de toda España, pero tampoco lo es el de Madrid, y este condiciona el punto de vista de instituciones que representan a todos los españoles.

El Tribunal Constitucional alemán es elegido por las dos cámaras federales, pero su sede no está en Berlín, sino en Karlsruhe, junto a la frontera con Francia, a cientos de kilómetros de las luchas políticas que se desarrollan en la capital.

La idea de llevar a Barcelona algunos organismos “nacionales” no era mala, aunque probablemente sea tarde para retomarla. El Gobierno ha anunciado que, con la prevista unificación de organismos supervisores, desaparecerá la CMT y la heredera de sus competencias tendrá su sede en Madrid.

De su lado, Duran Lleida acudió, por convicción o conveniencia, a la manifestación independentista de la Diada. Tal vez sueñe con ser el futuro ministro de Exteriores de Cataluña, ya que no pudo serlo de España.