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La Audiencia Nacional confirma la libertad condicional del etarra Bolinaga

La forense asegura que el empeoramiento del preso es temporal y se debe a la radioterapia

Pide que "la intención de dejar el tratamiento y morirse" del preso, no se premie con su libertad

Jueces conservadores y progresistas confirman la libertad de Bolinaga

El fiscal no había dudado en mantener que el triple asesino y secuestrador del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, Iosu Uribetxeberria Bolinaga, había presentado un nuevo chantaje al pedir que los médicos no lo trataran y lo dejaran morir en paz. La médico forense, que nunca ha examinado al preso, aseguraba que su empeoramiento solo se debía a su tratamiento de radioterapia e insistía en que su situación no era terminal. Pero la sección primera de lo penal de la Audiencia Nacional rechazó pasadas las siete de la tarde de ayer los argumentos de ambos, dando un fuerte revolcón a sus tesis, al confirmar la libertad condicional por los mismos motivos humanitarios que invocó el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, hace dos semanas.

Los magistrados que tenían la última palabra sobre el caso no se dividieron entre progresistas y conservadores. La excarcelación se impuso entre los cinco miembros de la sección por cuatro votos a uno. La apoyaron los miembros de la progresista Jueces para la Democracia Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez Valcárcel, pero también el presidente de la Sala, Fernando Grande-Marlaska, y Alfonso Guevara, ambos considerados de talante más conservador. Este último formó parte del tribunal al encontrarse de vacaciones la magistrada Manuela Fernández de Prado. El único que se opuso a la libertad condicional fue Nicolás Poveda (conservador), que anunció un voto particular discrepante y debió dejar su puesto de ponente al no estar de acuerdo con la mayoría.

El que redactará la resolución en los próximos días será el progresista Sáez Valcárcel. Será entonces cuando se conozcan los argumentos. El tribunal publicó únicamente el fallo y lo envió a Instituciones Penitenciarias y a todas las partes, incluido el hospital Donostia, donde Uribetxeberria se encuentra ingresado desde el 1 de agosto debido a su cáncer de riñón con metástasis en el cerebro y en un pulmón. El etarra conservará su libertad siempre que cumpla unas reglas de conducta. Las que le impuso el juez De Castro, al decretar su libertad hace dos semanas —decisión cuyo recurso por el fiscal dio pie a la resolución de ayer—, incluían la prohibición de acercarse a las víctimas y a los familiares de estas, la de participar en actos en los que se ensalce el terrorismo o se ofenda a las víctimas y la obligación de comunicar los cambios en su estado de salud a los servicios sociales de la cárcel de San Sebastián.

El fallo del tribunal llegó tras dos informes especialmente duros del fiscal y la forense, que se desentendieron del empeoramiento súbito reflejado por los médicos del hospital Donostia que tratan al interno. En ellos se advertía que este había pedido que se interrumpiera su tratamiento y se le dejara morir, pero el fiscal equiparó esa reclamación de Uribetxeberria a su huelga de hambre y la interpretó como un chantaje. “Una decisión del preso en este sentido no puede verse premiada con la obtención del beneficio que pretende”, mantuvo en sus alegaciones.

El escrito del ministerio público, firmado por Carlos Bautista, volvía a basarse en el criterio de la forense, Carmen Baena, que ha informado al tribunal sin examinar al enfermo, analizando únicamente los informes enviados por el hospital. En el último, entregado ayer mismo, Baena mantenía que el agravamiento de la salud del interno se debía “a los efectos secundarios del tratamiento recibido [radioterapia]” y proponía que se le volviera a examinar cuando desaparecieran para “evaluar los posibles beneficios reales del mismo”.

La decisión pone fin a un caso que ha dividido al PP —con cargos como Jaime Mayor Oreja y Esperanza Aguirre cargando contra Interior por la excarcelación—, pero también al Gobierno. Mientras Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, proponía la libertad, la fiscalía, cuyo máximo responsable nombra Justicia, se oponía frontalmente a ella con el apoyo del ministro, Alberto Ruiz-Gallardón. Asociaciones de víctimas como la AVT hablaban ayer de “humillación”.