La Ley de Transparencia permite a los ciudadanos denunciar a los malos gestores

El proyecto de Ley de Transparencia ha llegado a la mesa del Congreso y de ahí va a ser remitida a la comisión constitucional en la que se debatirá uno de los textos que el Gobierno presentó como novedad estrella de esta legislatura. El texto ha sufrido ya varias modificaciones y, a partir de ahora, se someterá a las enmiendas que presenten, en un plazo de dos meses, y defiendan los grupos parlamentarios.

El proyecto aprobado por el Consejo de Ministros a finales de julio es la tercera versión de la norma, que ya fue sometida a las sugerencias de los ciudadanos en un plazo abierto tras su presentación. Tras atender algunas de ellas, el Gobierno volvió a variar parte del texto tras los informes del Consejo de Estado y del Poder Judicial y de la advertencia de algunos términos inconstitucionales.

Ahora, además, como novedad, el texto incluye la posibilidad de que los ciudadanos denuncien el incumplimiento de los principios de Buen Gobierno en los que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho especial hincapié, ya que permiten sancionar a los malos gestores e, incluso, castigar con penas de cárcel e inhabilitación a quienes falseen cuentas públicas. En su artículo 28, el nuevo texto habla del procedimiento sancionador e indica que “se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente”, pero añade que también se podrá iniciar por la denuncia de los ciudadanos.

El comité de expertos nombrado para su análisis no pudo finalizar su trabajo antes de que el consejo de ministros diera luz verde al anteproyecto, ya que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, decidió tratar el texto obviando su opinión. Sin embargo, las 38 personas designadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales asesorarán a los grupos que así lo reclamen para enmendar la ley.

Solo el Estado es titular de un total de 53.662 inmuebles 

Entre los principios que los expertos instan a que incluya la norma está la publicación del patrimonio público, de las 21.400 entidades públicas que existen en España. A través de una iniciativa del presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, la vicepresidenta ya sabe de su intención de instar a los grupos para que se divulguen no solo los bienes inmuebles de cada institución, sino también los muebles, como son, por ejemplo, los coches oficiales con los que cuenta cada entidad.

De hecho, la propia Sáenz de Santamaría desveló en julio que, por primera vez, se estaba elaborando "un inventario detallado y pormenorizado" de las características de los 53.662 inmuebles -entre rústicos y urbanos- que tiene el Estado. Pero estos no se darán a conocer, así como los del resto de Administraciones, si la Ley de Transparencia no regula su publicación.