La forense ignoró la orden del juez para explorar al etarra Uribetxeberria

La forense Carmen Baena no viajó a San Sebastián para explorar por sí misma a Iosu Uribetxeberria Bolinaga, el secuestrador del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, y aclarar si el cáncer de riñón con metástasis en el cerebro y un pulmón que le otorga menos de un año de vida era suficiente para ponerlo en libertad condicional. Y no lo hizo a pesar de que el juez Santiago Pedraz, que sustituía al juez central de Vigilancia Penitenciaria José Luis de Castro, se lo ordenó el pasado 17 de agosto a petición de la fiscalía de la Audiencia Nacional. Ahora, sin embargo, el fiscal se apoya en gran parte en el informe de Baena —redactado tras analizar únicamente otros informes de médicos que sí examinaron al etarra— para recurrir la libertad del preso propuesta por Instituciones Penitenciarias —dependiente de Interior— y acordada el jueves por De Castro.

Ese informe hecho a distancia por la médico forense ha sido fundamental para que el fiscal haya podido oponerse a la excarcelación del etarra. El ministerio público se basa en él para oponerse al redactado por los médicos del hospital Donostia de San Sebastián, donde Uribetxeberria está siendo tratado, y que sirvió a Instituciones Penitenciarias para otorgarle el tercer grado y proponer su libertad. Tanto en el escrito con el que la fiscalía se opuso a la excarcelación como en el recurso presentado ayer contra ésta, se subraya que el interno no está en estado terminal y que podría ser tratado de sus dolencias sin abandonar la prisión, como mantiene Baena.

El que sí viajó a San Sebastián para entrevistarse con el etarra y con los facultativos que se ocupan de él fue el propio De Castro, que en una diligencia final acordada de oficio el 28 de agosto, decidió interrogar a los oncólogos del hospital para solventar las contradicciones entre ambos informes (el del hospital y el de la forense). Estos le informaron de que el cáncer de Uribetxeberria no tenía curación y que, debido a sus metástasis, su umbral de supervivencia estaría entre los tres y los siete meses. Esos nuevos datos fueron fundamentales para que el juez de Vigilancia lo pusiera en libertad, aunque condicionada a un eventual recurso de la fiscalía.

Para la fiscalía, sin embargo, De Castro realizó su viaje a San Sebastián faltando a “las reglas de la buena fe y la lealtad procesal”. Pedro Rubira, el fiscal que firma el recurso, asegura que la entrevista con los oncólogos de San Sebastián no se comunicó a los fiscales hasta el día siguiente, “cuando la diligencia ya había sido practicada”, por lo que considera que ha producido indefensión al ministerio público y se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. El objetivo de esa diligencia, según De Castro, fue lograr una “aclaración” de los informes médicos, “especialmente de aquellos especialistas que están a pie de cama tratando y atendiendo al enfermo”.

El fiscal, además, acusa al juez de ocultarle información. A él y a la forense. Se refiere a otro informe de los oncólogos de San Sebastián, redactado el 22 de agosto, en el que se certificaba que los nódulos encontrados en el pulmón y el cerebelo del etarra eran metástasis de su cáncer de riñón. El hospital Donostia envió ese informe al Servicio Vasco de Salud para que a su vez lo enviara a la Audiencia Nacional pero jamás llegó al juzgado. De Castro conoció su existencia durante su visita al centro y lo incorporó al expediente.

El fiscal pide la nulidad porque ni el forense ni el ministerio público tuvieron acceso a las últimas diligencias del juez

Por lo demás, el escrito del fiscal repite los argumentos recogidos en el informe con el que se opuso a la libertad. Es decir, que como Uribetxeberria no se encuentra terminal según el informe de la forense Baena, no cabe eximirle del requisito de firmar una declaración expresa de abandono de la violencia y de la petición de perdón a las víctimas. El ministerio público, sin embargo, no impuso esa exigencia en el caso de Mikel Ibañez Oteiza, un etarra excarcelado en enero de 2011 con un pronóstico de supervivencia de 12 meses, similar al de Uribetxeberria.

Pero el recurso, además, contiene una importante carga de profundidad. El ministerio público pretende que no sean solo los cinco magistrados de la Sección Primera de la Audiencia —la que se encarga de los asuntos penitenciarios y resuelve todos los recursos contra resoluciones de De Castro— los que tengan la última palabra sobre la libertad de Uribetxeberria, sino que sea el pleno de la Sala Penal, formado por 18 magistrados. El motivo, según el escrito, es “la repercusión que puede tener para otros casos” y “la necesidad de establecer criterios jurídicos uniformes”.

Esta última petición tiene una enorme trascendencia. En medios judiciales se sostiene que la Sección Primera, debido a su composición mayoritariamente progresista, confirmaría la libertad decretada por De Castro. Sin embargo, el pleno de la Sala de lo Penal, en conjunto, está más escorado a la derecha y su decisión, mantienen esas fuentes, sería imprevisible. Es el presidente de la Sala Penal, Fernando Grande-Marlaska el que tiene la facultad de avocar el asunto al pleno, pero fuentes de la Audiencia Nacional aseguraron ayer que no lo hará. La libertad de Bolinaga solo la decidirán conjuntamente los 18 magistrados del pleno si lo solicitan más de la mitad, es decir, 10 de ellos.