La mayoría de partidos apoya la libertad a Bolinaga frente a las víctimas

Solo UPyD rechaza la medida y espera que el fiscal la recurra La AVT dice que demuestra que la justicia "no es justa" Alcaraz asegura que siente una "total decepción" con el Gobierno de Rajoy

Los principales partidos políticos han apoyado la libertad condicional que el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, ha concedido al etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga, enfermo de cáncer, por "razones humanitarias". El respaldo político a la decisión judicial choca con la opinión de las víctimas, que se oponen radicalmente. Alrededor de medio centenar de personas ha recibido la noticia con aplausos a las puertas del Hospital de Donostia, donde el preso se encuentra ingresado.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Leopoldo Barrera, ha asegurado que la decisión es "coherente con las previsiones legales y con lo que han sido interpretaciones legales de la regulación penitenciaria en los últimos veinte años". Por este motivo, ha dicho, su partido respeta la acción de la Justicia, y ha recordado que en cualquier caso esta decisión "corresponde sólo al juez, porque la Administración aporta la documentación al juez". Barrera ha querido destacar que el auto también incluye "restricciones al preso y garantías para las víctimas del etarra", como la prohibición de acercarse al domicilio y lugar de trabajo de sus víctimas o de los familiares directos de estas.

IU también ha destacado la coherencia con la normativa que regula la situación de los presos etarras y ha definido la medida de "lógica, necesaria y humanitaria", en palabras del portavoz de Justicia de esta formación en la Cámara Baja, Gaspar Llamazares.

Por su parte, el PSOE ha declinado pronunciarse sobre este asunto, si bien hace dos semanas, cuando Instituciones Penitenciarias concedieron a Bolinaga el tercer grado, los socialistas respaldaron la decisión y recordaron siempre apoyarían al Gobierno en su política antiterrorista.

La formación política Aralar, integrada en la coalición Amaiur, ha destacado que con esta resolución se ha hecho "justicia", aunque "llega con retraso", ha apostillado.

Solo UPyD se ha mostrado contraria a la puesta en libertad de Uribetxebarria. Su líder, Rosa Díez, ha afirmado que espera que el fiscal, "en coherencia con su propio criterio jurídico", recurra esta decisión. Díez ha recordado así la postura del fiscal Pedro Rubira, que en un escrito se opuso a la libertad del miembro de ETA al considerar que podría recibir tratamiento para su dolencia en prisión sin que ello acortara su esperanza de vida.

Las víctimas se han opuesto con firmeza. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha dicho que con esta medida se demuestra que "la Justicia no es justa" y ha anunciado que entregará una carta de protesta en el ministerio del Interior. Pedraza ha considerado que se trata de una decisión "incomprensible" al haber "informes contundentes de una médico forense" y oponerse además al "criterio de la Fiscalía", favorable a que permaneciera en prisión.

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Maite Pagazaurtundúa, ha criticado también esta medida al considerar que Bolinaga va a ser recibido "como un héroe" en Mondragón (Guipúzcoa) y "se va a ir a la tumba orgulloso".

El presidente de la organización Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, se ha sumado a esta opinión, y ha manifestado que siente una "total decepción" con el Gobierno de Mariano Rajoy. En este sentido ha dicho que el Ejecutivo "ha traicionado" a las víctimas del terrorismo al seguir, en su opinión, la misma política que hizo en su día el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Por parte de las organizaciones de jueces, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha afirmado que la resolución es "ajustada a derecho" puesto que, ha señalado, "se cumplen perfectamente todos los requisitos legales".

Uribetxebarria no saldrá inmediatamente de la cárcel, ya que la resolución del magistrado es recurrible en un plazo de cinco días hábiles, cuando la libertad se haría efectiva si ninguna de las partes la recurre y, de hacerlo, el recluso tendrá que esperar a que el auto sea firme

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