“Insinuar que ahora hemos cedido al chantaje sirve a los intereses de ETA”

Ángel Yuste ha tenido dos semanas complicadas. En pleno agosto, el traslado del preso de ETA y secuestrador de José Antonio Ortega Lara desde León al Hospital Donostia para que le traten el cáncer terminal que padece acabó con una huelga de hambre del etarra a la que se han sumado centenares de reclusos con ayunos de distinta intensidad. En medio de las protestas del entorno abertzale, Prisiones le dio el viernes el tercer grado y recomendó al juez que le otorgue la libertad condicional. Las víctimas acusan a Yuste de haber cedido al chantaje. En una entrevista telefónica, él insiste en que solo ha aplicado los principios humanitarios de la ley.

Pregunta. ¿Por qué se ha impulsado la libertad de Uribetxeberria teniendo en cuenta los horrendos crímenes que cometió?

Respuesta. Hemos aplicado la ley como lo hicieron otras administraciones penitenciarias antes. Y la decisión final la tomará el juez de vigilancia. De alguna manera, al legislador le repugna que, cuando no tenemos pena de muerte, alguien desahuciado para la vida, si no es un peligro para la sociedad, no pueda morir con humanidad. Estamos aplicando los principios humanitarios de nuestras leyes y de la jurisprudencia constitucional.

P. Las víctimas hablan de traición del Gobierno, de que se sienten engañadas, de que los etarras no tuvieron compasión con ellas.

R. Puedo entender sus sentimientos. Pero nosotros no estamos haciendo un juicio ético de la catadura moral de Uribetxeberria. Aplicamos la ley.

P. La ley dice que se “podrá” excarcelar a los presos enfermos, no que “tendrá” que hacerse. ¿Hasta qué punto es una decisión discrecional? ¿Podrían dejarlo morir en prisión?

R. El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, en una providencia del 16 de agosto, nos obligaba a pronunciarnos. El informe médico prácticamente desahucia a este preso, le da un pronóstico muy sombrío. La discrecionalidad de la administración queda matizada por estas dos premisas y porque es difícil que por la enfermedad y por la coyuntura de este recluso, vaya a reincidir. La ley sí nos obliga a manejar estas variables para tomar una decisión.

P. ¿Cuál es el sentido último de este tipo de excarcelaciones? ¿Qué el preso no muera en la cárcel? ¿Que la prisión no empeore su estado de salud? El fiscal pregunta si es posible que sea tratado dentro de la prisión.

R. Hay una mezcla de finalidades. Pero fundamentalmente están las humanitarias. Por otro lado, las enfermerías de la prisión tienen la consideración de centros de salud de atención primaria. No hay tratamiento hospitalario.

P. Las víctimas insisten en que Uribetxeberria no se ha arrepentido, y que este debe ser también un criterio para excarcelar enfermos.

R. Eso no es lo que dice la ley. El artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario y el 92 del Código Penal señalan que, cuando hay un peligro que compromete la vida del preso, se aplicarán los criterios de los que antes hemos hablado con independencia de otras variables que sí se tienen en cuenta con los reclusos sanos.

P. ¿Han cedido al chantaje?

R. No parece que la teatralización de las huelgas de hambre de algunos reclusos, con niveles de compromiso muy escasos, tenga la entidad suficiente —y menos ahora, con ETA derrotada policialmente— para generar una coacción que puedan ganar. Si los gobiernos han resistido coacciones cuando había vidas en juego, como la de Miguel Ángel Blanco, insinuar ahora que hemos cedido a un chantaje solo sirve a los que conectan con los intereses de ETA y de la izquierda abertzale. Estos últimos, insistiendo en la connivencia siniestra que han tenido en el pasado con ETA, se han retratado. Podían haber aprovechado la ocasión para haber colaborado en la resolución del asunto en vez de agitar este espantajo. Pero no lo han hecho.

P. ¿Cuántos presos han seguido la huelga de hambre?

R. Hasta el viernes, 304 internos habían manifestado su intención de hacer huelga de hambre, pero con muchos de ellos no hemos sido capaces de detectar que la estén llevando a cabo. Estos ayunos tienen un componente bastante teatral. En algunos casos la han seguido solo un día o dos. Y, los que supuestamente la han hecho más días, no tienen pérdidas de peso muy intensas. Es una escenificación estratégica de la izquierda abertzale para capitalizar una decisión que iba a ser estrictamente legal y venderla en su mundo. Por eso creo que especular sobre el chantaje les ayuda a ellos.

P. ¿Asume algún error en la gestión del caso?

R. La administración ha actuado con criterios bastante lógicos. El traslado de Uribetxeberria de León a San Sebastián tiene una finalidad muy específica y es que esta persona, a quien se le había extirpado un cáncer con anterioridad, sea tratada en el mismo hospital y por el mismo equipo que la primera vez. Y respecto a la concesión del tercer grado, ya he explicado los criterios. Las decisiones de este tipo son siempre difíciles y a nadie se le escapan las consecuencias, pero creo que la ley tiene una interpretación consolidada en el tiempo y que aplicarla es la mejor forma de servir a los intereses generales. A los que nos piden probar —y es una prueba diabólica— que no hemos cedido al chantaje, solo podemos presentar nuestra visión de la legalidad.

P. Pero, a la luz de lo ocurrido, ¿no habría sido mejor tomar una decisión desde el principio?

R. La izquierda abertzale no necesita excusas para lanzar su mensaje victimista. Y la actuación de la Administración no puede especular sobre intereses políticos. Otra cosa es que no desconozca los intereses de los terroristas y del mundo que les jalea. Es muy difícil tener la certeza siempre, pero uno hace las cosas de la mejor manera que sabe y puede.

P. Las protestas van a continuar. Ahora piden la liberación de otros 13 presos enfermos.

R. En este momento, no me consta que haya ningún preso de ETA que tenga un pronóstico similar al de Uribetxeberria. Algunas de las personas de las que hablan son presos que superaron un ictus cerebral hace años, o un cáncer, o un problema coronario. Este es un tema viejo en el que la administración penitenciaria actúa cumpliendo con la legalidad.

P. ¿Se ha acogido algún preso de ETA a su plan de reinserción?

R. Se han integrado quienes ya venían manteniendo estos planteamientos. Es cierto que ningún nuevo recluso de ETA lo ha hecho. Pero ha obligado a la banda a incrementar extraordinariamente el control de sus presos. El plan debe tener aún su recorrido.

P. ¿Se van a empezar a organizar ya las aulas de convivencia dentro de las prisiones?

R. Nuestra intención es poner en marcha los instrumentos que fija el plan para luchar contra ETA en las cárceles. Y tratar de quitar peso a ese mayor control de la organización que hemos detectado.

P. ¿Cómo se haría efectiva la desvinculación de la banda de la que habla el plan como requisito para incorporarse al mismo?

R. Los funcionarios de prisiones pueden constatar que se produce. Hay muchas formas de percibirla. Por las dificultades que tiene el preso con los abogados de la organización, por determinadas actitudes... Hay parámetros objetivables y que implican que esa persona está saliendo de la disciplina.

P. ¿No hará falta una declaración formal de desvinculación?

R. La declaración más o menos formal se exigiría ya para el traslado a una prisión vasca. Pero las evoluciones no son de la noche a la mañana; son paulatinas.

P. ¿Es posible la reinserción de terroristas?

R. Es una obligación que tiene la administración penitenciaria con independencia de lo difícil que resulte y de los resultados que produzca. Y sí hay reinserciones posibles, como el caso de José Luis Álvarez Santacristina, Txelis.