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El juez del ‘caso Nóos’ investiga a seis supuestos testaferros de Urdangarin

Una pieza secreta del sumario profundiza en el desvío de fondos a Suiza

Urdangarin, a su llegada a los juzgados de Palma, en febrero.
Urdangarin, a su llegada a los juzgados de Palma, en febrero.ULY MARTÍN

La pieza secreta del caso Urdangarin, que investiga los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude a la Administración por parte del yerno del Rey a través del Instituto Nóos, profundiza en los movimientos, las sociedades pantalla y las personas que supuestamente permitieron el desvío de dinero a cuentas suizas sin pagar los correspondientes impuestos a la hacienda pública española.

El juez pretende interrogar a los supuestos implicados en una compleja red de testaferros, operadores y comisionistas de las llamadas cuentas suizas donde, según la investigación, el duque de Palma desvío dinero conseguido por sus negocios en España. Se trata, según fuentes de la investigación, de al menos seis personas que ya fueron localizadas e investigadas por la policía y el fiscal meses atrás.

La instrucción judicial pretende aclarar quiénes son el titular real y los beneficiarios finales de las partidas de una cuenta opaca supuestamente propiedad de Urdangarin.

El yerno del Rey cobró hasta 375.000 euros por un solo contrato de asesoramiento a la empresa valenciana Agval para abordar inversiones internacionales. El dinero conseguido por esa mediación se transfirió a dos cuentas en el extranjero. La investigación judicial ha logrado identificar las diferentes sociedades pantallas usadas en la operación.

Una comisión rogatoria internacional bloqueó las cuentas de Suiza y otras dos peticiones de cooperación judicial se culminaron en Andorra y Luxemburgo, para escrutar los manejos de fondos de las diferentes tramas del instituto Nóos, dirigido por Urdangarin y su socio Diego Torres.

El primer hilo de la investigación de este desvío de dinero era una nota manuscrita de la secretaria de Urdangarin, Julita Cuquerella, donde se fijaba el lugar al que había que transferir el dinero que supuestamente se pagaba por los trabajos de asesoramiento del duque de Palma a la sociedad Agval, que pretendía desarrollar proyectos en Jordania y Marruecos.

LA NOTA DE CUQUERELLA. Esta es la nota de la asistente de Urdangarin donde da los datos para el ingreso del dinero en Suiza.
LA NOTA DE CUQUERELLA. Esta es la nota de la asistente de Urdangarin donde da los datos para el ingreso del dinero en Suiza.

En la nota aparecían las siglas y los números de una cuenta en Lausanne, en la que figuraba como titular la sociedad Alternative General Services AGS. La tarjeta manuscrita con los códigos bancarios y dos copias del contrato pasaron a Miguel Zorío, publicista valenciano de Lobby Comunicación, y aliado económico circunstancial de Urdangarin y su socio Diego Torres en operaciones del Instituto Nóos en Valencia.

El destinatario de la carta con las órdenes de hacer el pago en la cuenta suiza fue el ejecutivo de Agval, Enrique Calabuig, que teóricamente había contratado a Urdangarin. Además, en el entramado aparece en un puesto clave un amigo del duque y de la infanta Cristina, el empresario, José María Treviño, que ha sido interrogado —como el resto— por su papel y el rédito logrado en esta operación.

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Urdangarin negó tener cuentas exteriores y estar autorizado para actuar de manera opaca en el extranjero. El duque de Palma declaró al juez que ese dinero era en realidad para pagar los servicios de un empresario de origen jordano llamado Manssour Tabaa.

Según la acusación, Urdangarin no dijo la verdad en el juzgado. De hecho, los responsables de la empresa Agval, que ingresaron el dinero en la cuenta suiza que les indicó Urdangarin, han sostenido desde el primer momento que entendieron que con ese pago abonaban los servicios de asesoramiento que había prestado para ellos el duque de Palma y aseguraron que ignoraban quien era Manssour Tabaa.

El responsable de la cuenta y de la empresa AGS, radicada en Dublín, a la que debía transferirse el dinero por orden de Urdangarin era, en realidad, un ciudadano belga con residencia en España llamado Robert Cockx y especializado en mover fondos ajenos en redes internacionales a cambio del cinco por ciento de comisión, según ha acreditado la investigación judicial.

El fiscal y la policía localizaron en Madrid a Cockx que, finalmente, cooperó y señaló quien operaba a su espalda los movimientos de fondos tras sus cuentas y sociedades pantallas. Este supuesto hombre de paja tampoco sabía quién era Manssour Tabaa. La cuenta de Cockx fue usada en un primer momento, antes del traspaso de los fondos a otra cuenta externa, cuya compañía titular es conocida por los investigadores.

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