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PSOE y asociaciones de jueces piden a Ollero que se inhiba sobre el aborto

El socialista Óscar López considera que "sería incomprensible que con una posición tan extrema" el magistrado del Constitucional "fuera ponente”

Concentración, el pasado julio, contra la nueva ley del aborto que planea el Gobierno. Ampliar foto
Concentración, el pasado julio, contra la nueva ley del aborto que planea el Gobierno.

El PSOE y algunas asociaciones de jueces piden su abstención. IU, que no sea ponente. Otros consideran que es normal que cada juez lleve consigo al Tribunal Constitucional, y a cada tema que este estudia, su bagaje ideológico. La cuestión de si Andrés Ollero, recién nombrado magistrado del alto tribunal, exdiputado del PP, miembro del Opus Dei y manifiesto antiabortista, debe participar en el debate del recurso contra la ley del aborto de 2010. El asunto suscitó ayer dudas políticas y jurídicas. Ollero no solo participará en las deliberaciones, sino que le ha sido asignada la ponencia de la sentencia (que luego se sometería a votación). ¿Debe abstenerse? ¿Podría ser objeto de recusación? ¿Cómo queda la imagen de imparcialidad de los magistrados?

 La jurisprudencia exige que se abstengan todos aquellos jueces cuya imparcialidad pueda verse comprometida. En este caso, las dudas sobre la imparcialidad vienen por varios frentes. Por un lado, las numerosas ocasiones en que ha dejado por escrito sus opiniones antiabortistas: “Si hay un ser humano, dejar a su madre en paz supone autorizar un acto de guerra contra su hijo permitiéndole que se desembarace de él”, escribió Ollero en un artículo en prensa en 1987. “Cinco lustros después, la situación es de aborto libre, al convertirse España en un paraíso del turismo abortista”, aseguró en 2012. Por otro lado, la organización a la que pertenece, el Opus Dei, hace proselitismo organizado de las opciones antiabortistas. Y, finalmente, Ollero fue, hasta 2003, diputado del mismo partido que ha presentado el recurso que debe resolver: el PP.

Con estos elementos sobre la mesa, el PSOE no tiene dudas sobre la necesidad de su abstención. “Es normal que en el Constitucional haya distintas opiniones, pero sería incomprensible que alguien con una posición ideológica tan extrema fuera ponente en el recurso sobre la ley del aborto”, argumentó el secretario de Organización del PSOE, Óscar López. No pidió expresamente su abstención, pero confió en que se produzca: “Estamos seguros de que rechazará la ponencia y se inhibirá en el debate”. Ollero y otros tres nuevos magistrados del Constitucional fueron elegidos con el acuerdo de PP y PSOE, que los consideraron idóneos, el pasado julio.

El debate sobre la ley del aborto no tiene aún fecha en el Constitucional, y podría llegar dentro de meses, cuando ya el Gobierno haya cambiado la ley, como ha anunciado. Pero, en todo caso, el debate sobre la imparcialidad o parcialidad de Ollero ya está abierto.

IU pedirá por carta al Constitucional que Ollero no sea ponente de la sentencia, aunque no su abstención. La formación cree que “el problema de fondo es el sistema de elección de los magistrados, el bipartidismo político del tribunal”, en palabras de Gaspar Llamazares, portavoz de justicia. Él se opone a “recusaciones en cadena” como ya se opuso IU a la del magistrado Pablo Pérez Tremps en el debate sobre el Estatuto catalán. Pero insiste en que Ollero no debe redactar esa sentencia. “Es un juez claramente antiabortista, que no ha dado opiniones jurídicas, sino políticas”, opina Llamazares. Ponerle de ponente sería “como poner al ayatolá Jamenei: una cruzada contra las mujeres”.

Dos de las tres principales asociaciones de jueces y magistrados, la moderada Francisco de Vitoria y la progresista Jueces para la Democracia, creen que Ollero debería abstenerse. La conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, sin embargo, cree que no necesariamente. “Casi todos los magistrados del Constitucional tienen un posicionamiento ético respecto al aborto”, señala su portavoz, Pablo Llarena. “Lo importante es que no les impida ser permeables a los argumentos jurídicos que las partes pongan sobre la mesa”.

“El problema es que el Tribunal Constitucional es, en esencia, un tribunal político”, indica José Luis González Armengol, portavoz de la Francisco de Vitoria. “Ollero, como cualquier magistrado que haya emitido una opinión previa sobre el tema, debería abstenerse en virtud de la doctrina del propio Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, dice. “Esos planteamientos previos invalidan su imparcialidad”, coincide Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. “Lo más razonable es que se abstenga, porque existe una contaminación previa. Si siguiera como ponente causaría serias dudas sobre el Constitucional".

El antecedente de Pérez Tremps

Un informe sobre la relación entre autonomías y organismos europeos bastó para recusar al magistrado del Constitucional Pablo Pérez Tremps (progresista) en la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña.

El informe se lo había encargado el Gobierno de CiU en 2003, mucho antes de que el tripartito catalán (PSC, ERC e ICV) elaborara el texto del Estatuto. Pero en noviembre de 2005, el PP recusó a Pérez Tremps alegando que carecía de la “imparcialidad debida”. El Constitucional rechazó la recusación por ocho votos a tres: “Un trabajo académico no puede justificar una sospecha fundada de parcialidad, incluso si su tesis coincidiera con la que luego es defendida por alguna de las partes”. Eso dijo el tribunal en 2006.

Pero con el Estatuto catalán ya aprobado en el Congreso, el PP volvió a recusar a Pérez Tremps. Y entonces algunos magistrados cambiaron de opinión. Le dejaron fuera de las deliberaciones del texto. Ahora (era febrero de 2007), el Constitucional opinaba que aquel informe realizado por encargo de CiU en 2003 suponía una “toma de postura acerca de los límites constitucionales sobre la asunción de competencias” que “razonablemente permite la suspicacia de la parte recusante [el PP] acerca de la imparcialidad” del magistrado.

La recusación configuraba una mayoría conservadora de seis a cinco en el Constitucional. La maniobra coincidió con otras dos recusaciones del PP a la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, y de la Generalitat al conservador Roberto García Calvo. Ambas fueron rechazadas.

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